Ecos sobre la situación creada por la Sentencia que anula la carrera de los empleados públicos del Principado (sólo los estatutarios del SESPA están al margen ya que los laborales y funcionarios de sanidad si están afectados)

Editorial de La Nueva España

Una sentencia que deja en mal lugar al Principado

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de anular el pago de la «carrera profesional» a los funcionarios del Principado es la crónica de un fallo anunciado. No hay lugar para las sorpresas: hasta el bufete más modesto del sindicato de menor implantación era consciente de que la retribución era un castillo en el aire. Lo increíble es que desde el año 2007, en que decidió aplicarse, el Gobierno regional tuvo tiempo suficiente para corregir la situación y no movió un dedo. La sentencia llega en un momento de relaciones inestables entre el Principado y sus funcionarios. Que sirva al menos como punto de inflexión para abordar de una vez el cambio a fondo que la función pública necesita y que todo el mundo dilata.

Una sentencia que afecta a 14.000 funcionarios de la región
El tropezón de la carrera profesional

El complemento salarial, aprobado días antes de las últimas autonómicas y vendido como pionero por la Administración regional, se ha vuelto contra sus gestores al ser anulado por los jueces

Oviedo, Juan A. ARDURA, para La Nueva España
Un duro tropezón judicial ha hecho que la carrera profesional de los funcionarios del Principado haya acabado por los suelos. La sentencia que anula la carrera profesional en Asturias ha convertido uno de los principales logros que el Gobierno regional no dudaba en exhibir, por su carácter pionero en el conjunto de España, en un grave varapalo en materia de personal. En tan sólo año y medio, una iniciativa que se puso en marcha tras una de las mayores huelgas que se recuerdan en la sanidad regional ha pasado de ser un reclamo de votos en vísperas de las elecciones autonómicas, según sostienen varios sindicatos y grupos políticos -incluidos los socios de gobierno-, a generar un gran malestar entre los 14.000 funcionarios que ya se estaban beneficiando de la iniciativa y que, ahora, verán cada fin de mes cómo sus nóminas menguan en cantidades que llegan hasta los 216 euros.

Pero, en primer lugar, ¿qué es la carrera profesional y cómo se ha gestado?, ¿qué es eso sobre lo que tanto se ha hablado en las últimas semanas, que ha exigido incluso la presencia de once jueces en el tribunal para decidir sobre su continuidad? A groso modo, puede definirse como un nuevo sistema de relación entre la Administración regional y sus trabajadores con base salarial, el viejo truco del palo y la zanahoria. Los funcionarios reciben incentivos y mejoras salariales a cambio del cumplimiento de una serie de objetivos. Esa era la idea. La práctica había quedado hasta ahora, por falta de desarrollo, en un mero pago del concepto de antigüedad.

Cuando los médicos asturianos protagonizaron la huelga de 2006 estaban muy lejos de imaginar que sus reivindicaciones pondrían en jaque, tres años después, la política de personal del Gobierno con el que mantuvieron negociaciones más que tensas. Y es que la aplicación de la carrera profesional, que acaba de tumbar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tiene su origen en los logros alcanzados por los médicos y enfermeros en las movilizaciones de hace dos años y medio. Los sanitarios asturianos fueron los primeros en ver aumentadas sus nóminas a cuenta de la carrera profesional, en marzo de 2007.

Los sindicatos mayoritarios vieron en esa negociación un precedente para ampliar el pago de la carrera profesional al resto de funcionarios de la Administración regional. Y en diciembre de 2006 llegaban a un acuerdo con el Principado en la mesa general para el desarrollo de la carrera y promoción profesional. Estaría abierta a todos los empleados públicos de la Administración, que cumplieran los requisitos de ser funcionarios y tener 5 años de antigüedad a fecha 1 de enero de 2007.

Hasta ahí, todo era miel sobre hojuelas, y ningún sindicato planteaba reparos ante la mejora económica que esa medida entrañaba para la mayoría de la plantilla de funcionarios de la Administración regional. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunció pocos meses después en un encuentro que mantuvo con decenas de funcionarios en el Edificio de Servicios Múltiples de Llamaquique (Oviedo) que recibirían un pago a cuenta de la carrera profesional, según revelaron fuentes sindicales. Quedaba poco más de un mes para las elecciones autonómicos y algunos sindicatos ya vieron fines electorales en ese anuncio.

Las hostilidades se desencadenaron el 22 mayo de 2007, cuando el Principado dictó la resolución que ponía en marcha la carrera profesional. Esa resolución, publicada en el BOPA cinco días antes de las elecciones autonómicas, generó un gran enfado en los sindicatos sectoriales, especialmente en la educación. Los motivos de ese descontento eran que el Principado exigía a los funcionarios que solicitaran voluntariamente la carrera profesional y se sometieran al resultado de una evaluación, sin parámetros previos ni criterios objetivos.

«El Gobierno regional pretende un cheque en blanco», coincidieron sindicatos tan dispares como la Corriente Sindical de Izquierdas, SUATEA, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y CC OO-Educación. Los funcionarios de la docencia entendieron que ese compromiso previo, exigido por el Gobierno regional, «estaba sometido a una gran arbitrariedad» e iba contra los derechos de un cuerpo estatal como es el suyo.

«Esta resolución no se puede aplicar a los docentes», defendió entonces Beatriz Quirós, de SUATEA. «Los hechos nos han dado la razón», reprocha ahora esta catedrática, uno de los 5.000 profesores asturianos que no se incorporaron a la carrera profesional. Tampoco ella tiene dudas acerca del fin electoralista que perseguía el Gobierno, «que aprobó la carrera profesional en plena campaña electoral». El Principado, en cambio, niega la mayor. «Las conversaciones con los sindicatos habían empezado en 2006», sostiene el Gobierno.

La oposición al «cheque en blanco» fue el principal argumento esgrimido en el recurso presentado y apoyado por los sindicatos disconformes ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. No había vuelta atrás. En cambio, los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, animaron a sus afiliados a incorporarse a la carrera profesional, al entender que era un instrumento válido para fomentar la productividad en el sector público, mejorar la atención al ciudadano y, de paso, mejorar las percepciones salariales de los funcionarios. La división sindical tampoco tenía vuelta atrás.

El primer pago a los 14.000 funcionarios que se sumaron voluntariamente a la carrera profesional se materializó en la última mensualidad de 2007. Tenía carácter retroactivo desde el anterior enero y fue tras una resolución del Gobierno firmada por la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y en delegación por el viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos, Luis Iturrioz. Desde ese momento, la también portavoz del Gobierno defendió en más de una ocasión el talante pionero del Principado con la aplicación de la carrera profesional. Sin ir más lejos, el pasado 18 de marzo, cuando Migoya defendió el polémico plan de evaluación profesional de los profesores como contrapartida a la carrera profesional.

La sentencia hecha pública el martes por el Tribunal Superior de Justicia plantea ahora un gran interrogante. ¿Qué pasará con las nóminas de los funcionarios que se incorporaron a la carrera profesional? De momento, Migoya ha asegurado que el pago se dejará de abonar en la nómina de julio y el Gobierno regional habla de «mala conciencia en los sindicatos que recurrieron la carrera profesional sin pensar, a priori, en las consecuencias de la sentencia y que ahora piden que se mantengan las nóminas». Antonio Pino, secretario general de CC OO, uno de los sindicatos que han apoyado la carrera profesional, incluso habló de «correr a gorrazos» a las centrales que recurrieron. Y SUATEA, CSIF y, más tímidamente, UGT consideran que el Gobierno tiene margen legal para evitar que las nóminas bajen. A la vista, un caldo de cultivo poco abonado para que las partes se sienten a negociar, deseo compartido por los sindicatos más discrepantes y por el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre.

Asturias

¿Es posible la devolución del dinero ya ingresado?

21.06.09 - R. M., GIJÓN, para El Comercio

La sentencia del TSJA no obliga a los 14.000 empleados públicos a devolver los alrededor de 51 millones que han percibido en los últimos dos años en base a una resolución ahora anulada. Sin embargo, según diversos expertos en Derecho Administrativo, existen varias vías que pueden acabar obligando una devolución que ya se ha ordenado, por causas similares, en el Ayuntamiento de Siero.

El camino vendría alejado de los tribunales. Las partes en conflicto han renunciado a recurrir el fallo del TSJA, impidiendo así que los jueces aclaren este punto en una nueva sentencia. Pero existen dos órganos encargados de fiscalizar el uso del dinero público: la Sindicatura de Cuentas del Principado, y el Tribunal de Cuentas estatal.

La primera sólo investiga lo que marca una programación que todos los años elabora su consejo. «En la lista de este año no hay ninguna causa que en principio lleve a los síndicos hasta temas relacionados con esta sentencia», asegura el portavoz de la Sindicatura. Otra cuestión serán las investigaciones que aprueben para 2010.

El Tribunal de Cuentas, por su parte, tiene reservada en exclusiva la jurisdicción contable, y puede actuar de oficio o mediante una solicitud previa. Cualquier ciudadano está facultado para sugerirla «si cree que ha sido testigo de un acto ilícito por parte de la Administración», aclara Juan Velarde, consejero del Tribunal.

Carrera entre el mérito y el dinero

El próximo mes 14.000 empleados públicos verán su nómina recortada por una sentencia del TSJA que reabre la tensión dentro de la Administración

RAMÓN MUÑIZ, GIJÓN, para El Comercio

El mundo del funcionario es diferente. Tanto, que el mes que viene, cuando 14.000 empleados públicos vean su nómina recortada, «habrá muchos que se sientan liberados». Tanto como para que quien esto afirme, sea un sindicalista. Y tanto como para que los líderes de tres sindicatos distintos se confiesen «felices» por haber logrado esta semana anular un sistema que repartía cada año 21 millones de dinero público entre los trabajadores.

«Es un dinero que no llegaba a todos y sobre el que se edificaba un sistema que amordaza a los trabajadores». Así justificaba esta semana el sindicato CSI el recurso que presentó contra la carrera profesional, un régimen que el Principado llevaba dos años aplicando y que cambia las reglas del juego con sus empleados: en vez de un sueldo fijo, se pagaría más a quien tenga mejor disposición en su puesto de trabajo.

Contra la forma en la que se estaba aplicando protestaron CSI, Suatea y CSI-CSIF. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha terminado dándoles la razón con una sentencia que «han ganado algunos sindicatos, pero que han perdido los trabajadores». Así lo valoró la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, con una frase reversible: el Principado ha perdido en los tribunales, pero la derrota le permite ahora ahorrar los 21 millones anuales que se dejaba en pluses por la carrera anulada. Pero, ¿cómo se ha llegado a tan paradójico pulso?

Sanidad: la solución que animará otros frentes

Octubre de 2006. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, estalla. Los sindicatos médicos acaban de convocar una huelga de siete días. Intentan meter presión en la negociación de la que tiene que salir la carrera profesional de los facultativos. En ese momentos sólo cuatro comunidades carecen de un régimen previsto desde 1986 por la Ley General de Sanidad. El Gobierno asturiano ofrece una carrera que sería la segunda menos retribuida de España. Por eso, los sindicatos médicos tensan la cuerda. Y por eso, Areces estalla: «No creo que estén mal pagados; muchos de la sanidad asturiana ganan muchísimo más que todos los miembros del Consejo de Gobierno».

El presidente alega que el Principado «aún está pagando la factura dejada por la anterior huelga», la que en 2002 paralizó la Sanidad durante tres semanas, pero sus palabras no evitan el conflicto. Hospitales y centros de salud se sumen en otro paro que deja sin atender 3.000 consultas. La protesta acaba cuando los facultativos logran «una de las mejores carreras profesionales del país», anuncia José Luis Sánchez, del Sindicato Médico (Simpa). El Gobierno pasó de ofrecer unos pluses de entre 2.200 y 9.800 euros, a otros de entre 3.000 y 12.000 euros. «Doy por bien empleada la huelga», abunda Sánchez.

El acuerdo cierra la herida sanitaria, pero espolea a otros colectivos. La reivindicación se extiende como gota de aceite, y el primero en pedir la carrera profesional es el personal no sanitario del Sespa, llamando a otra huelga.

UGT y CC OO pactan una segunda solución

La relación con los funcionarios se complica en cuestión de semanas. Por un lado, los sanitarios amenazan con volver al paro si no se acelera la aplicación de la carrera profesional. Mientras, el sindicato Suatea exige una subida mensual de 300 euros para los docentes. UGT llega también a convocar una huelga de cuatro días a finales de 2006. El Principado logrará evitarla 'in extremis', firmando un acuerdo con los sindicatos mayoritarios el 18 de diciembre. Según el pacto, el Gobierno regional deberá desarrollar una carrera profesional con unas cifras equiparables a las de Sanidad.

Los meses avanzan, acercando la cita electoral del 27 de mayo. El presidente y ya candidato, Vicente Álvarez Areces, trata de darle un giro definitivo a la relación con los funcionarios y promete una subida salarial, también para los docentes. Nueve días antes de la cita electoral, la entonces Consejería de Economía concreta la promesa con la resolución que convoca a funcionarios y trabajadores a adherirse a la carrera profesional.

La oferta sólo está abierta a personal con puesto fijo, cinco años de antigüedad, y que acepten que en un futuro estarán sujetos a procesos de evaluación. En compensación, los que firmen, cobraran ese año entre 54 y 208 euros más al mes. CSI, Suatea y CSI-CSIF protestan porque la propuesta no llega a los interinos. Entienden además que es un «cheque en blanco» para una Administración que no aclara cómo medirá los méritos para las mejoras salariales.

Pese a las quejas, 14.000 empleados se adhieren a la carrera profesional, mientras 5.000 se quedan fuera por propia voluntad o por no cumplir los requerimientos. Los contrarios al pacto no tienen el favor de la mayoría, pero sí el de las leyes: la carrera profesional ha sido aplicada sin contar con las leyes necesarias para apoyarla. Y así se lo dicen el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Dos años de aplicación

La justicia y la política se rigen por ritmos distintos. Mientras llega el fallo del TSJA, el Principado avanza en la aplicación de la carrera: primero paga a todos; después empieza la segunda fase, la de la evaluación. El colectivo elegido para iniciar los exámenes son los docentes. La consecuencia serán dos manifestaciones en la calle y una huelga en las escuelas. Dicen que son demasiadas pruebas, que están mal planteadas, que son arbitrarias.

En octubre de 2007 el TSJA dio una primera pista suspendiendo de forma cautelar la carrera profesional, tal y como reclamaba CSI. El Principado recurrió entonces la medida, lo que le permitió seguir ingresando los complementos y aumentando así el riesgo de una eventual sentencia en contra.

Un fallo que termina con todo el sistema

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Jesús María Chamorro, es consciente de la gravedad que puede tener la sentencia, y por ello toma una medida inusual: convoca a todos los jueces-magistrados de la Sala para dictar un fallo que será unánime.

La decisión, publicada esta semana, determina que los sindicatos minoritarios tienen razón. Es cierto que existe desde abril de 2007 un Estatuto Básico del Empleado Público que da las pautas generales de cómo debe ser la carrera profesional, pero «no la diseña (...), fija unos principios, unas pautas generales que no permiten su aplicación inmediata». Es necesaria una ley de la Junta General para dar cobertura legal a la carrera profesional.

Los primeros en reaccionar al fallo son los recurrentes. CSI, Suatea y CSI-CSIF se muestran «felices» de que la Justicia les dé la razón, dos años más tarde. Después llega la reacción de UGT y CC OO, sindicatos que firmaron el acuerdo que dio pie a la carrera. «Desde un discurso sindical no se entiende que quien dice defender a los trabajadores impulse una iniciativa jurídica que paralice esas retribuciones», lamentó Antonio Pino. Para el líder de CC OO, los que han recurrido al TSJA «deberían haber sido corridos a gorrazos por los trabajadores, porque flaco favor les han hecho».

El Principado se toma un día para valorar el alcance de la sentencia. Finalmente, decide no recurrirla. «Si fuéramos al Tribunal Supremo, existe el riesgo de que los jueces obliguen a los trabajadores a devolver lo cobrado en estos dos años», justifica Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas. La anulación también «significa dejar de recibir complementos», añade.

La carrera profesional trajo una paz a la Administración regional que ahora se resquebraja. El Principado asegura que no podrá restituir los complementos hasta que esté la Ley de Función Pública y el Estatuto Básico del Docente. Esta última norma es, de momento, un borrador que lleva dos años atascado en el Ministerio de Educación, quien aún no ha llamado a los sindicatos para negociarlo.

La respuesta no satisface a ningún sindicato. Este lunes UGT y CC OO iniciarán una ronda de asambleas con los afectados. De la presión que reciban, depende hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que esos 14.000 empleados públicos vean su nómina reducida.

El modelo retributivo del Principado.

Los 5.000 empleados que no firmaron la carrera reclamarán 18 millones

Los sindicatos solicitan percibir el plus que no se embolsaron durante los últimos dos años."O cobramos todos o no cobra nadie", dice Suatea, que subraya que el TSJA les respalda.

21/06/2009 J.S.R., para La Voz de Asturias

Los trabajadores que no cobraron la carrera profesional porque no estaban de acuerdo en cómo lo articulaba el Gobierno regional al no regularse sobre una base legal sino como un pago a cuenta exigirán esos emolumentos que no han percibido en estos dos últimos años. Consideran que la sentencia del TSJA que anula el modelo retributivo del funcionariado pone el contador a cero y hace posible que el Gobierno del Principado corrija lo que venía siendo una situación de discriminación para las 5.000 personas que no firmaron, la práctica totalidad del sector de la enseñanza, y ahora reclamarán unos 18 millones de euros.

"O cobramos todos o no cobra nadie", señaló Jesús de la Roza, del sindicato de profesores Suatea, una de las centrales que junto a CSIF, CSI y USO interpusieron el recurso contra la carrera profesional. De la Roza criticó que cuando tanto la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, como los sindicatos CCOO y UGT hablan de solucionar el problema de los funcionarios que dejarán de percibir esas cantidades en las próximas nóminas, "no hablan de las cinco mil personas que, como no firmamos, no se nos dio ese dinero haciendo el mismo trabajo; qué es que se les regaló ese dinero?".

Gerardo Doménech, presidente del sector de enseñanza de CSIF añadió que la Administración "deberá de buscar fórmulas" que permitan tanto que los que firmaron no dejen de cobrar, como los que no se acogieron a la carrera perciban lo que no cobraron en todo este tiempo. Doménech considera que también pueden reclamar los que según el Principado incumplían los requisitos para acogerse a la carrera profesional porque no tenían los cinco años de antigüedad o eran personal laboral.

Siguiendo esta línea argumental el representante de CCOO-Enseñanza, José Angel Piquero considera que en la ESO cada profesor deberá de ingresar unos 6.250 y cada maestro unos 4.000 por estos dos años y medio en que estuvo en vigor el pago a cuenta de la carrera profesional. Piquero defiende una subida lineal para todos los trabajadores, ya que, apunta, en enseñanza se siguen cobrando unos salarios por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas.

Tras la sentencia del TSJA el Gobierno ya anunció que dejará de pagar la carrera a partir de julio a 14.000 funcionarios, de los 19.000 que suman administraciones públicas y la enseñanza, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de 52,5 millones de euros (21 millones al año) desde el 1 de enero de 2007.

CCOO-Enseñanza, CSIF y Suatea tienen convocada para el próximo martes una asamblea en el IES Alfonso II de Oviedo donde se analizará la situación tras la anulación del complemento.

La sentencia implica paralizar el proceso de evaluación

Tanto discutir por el sistema de evaluación del profesorado que abrió una profunda crisis en el grupo parlamentario de IU-BA-LV y estuvo a punto de afectar al pacto de gobierno y total para nada. La anulación de la carrera profesional por parte del TSJA supone entre otras cosas la paralización del proceso, porque todo estaba vinculado a un dinero que ya no existe, al menos en los mismos términos. Hay que recordar que la Administración adelantaba un dinero con el compromiso de llegar a unos determinados objetivos lo que en el caso del personal docente quedaba muy difuso respecto a cómo se mide y en el resto depende del jefe de turno.

PREAMBULO DE MOVILIZACIONES.

CSI cree que el Gobierno dilatará el problema para ahorrar un dinero

Las centrales dicen que si hay voluntad se arregla en unos días.

21/06/2009 J.S.R, para La Voz de Asturias

Los sindicatos que recurrieron la carrera profesional consideran que "no hay disculpa" para dejar de pagar el complemento pese a la sentencia del TSJA que anula el pago a cuenta de la carrera profesional. Si hay "voluntad política" se pueden buscar todo tipo de fórmulas, argumentan. Marco García, de la CSI, va más allá y asegura que todo forma parte de "una estrategia" del Gobierno del Principado que ha trasladado el problema a los trabajadores.

"En estos momentos en que no hay dinero y hay dificultades para pagar las nóminas al Gobierno le viene bien este ahorro de 21 millones al año; seguirán dilatando el tiempo, diciendo que se está negociando hasta que se den las circunstancias para presentar un gran acuerdo con los sindicatos acompañantes: UGT y CCOO. No hay que olvidar que la carrera se firmó cerca de unas elecciones", señaló ayer Marco García.

En CSIF, Suatea y CCOO Enseñanza comparten esta interpretación. No hay que olvidar que el Gobierno se escuda en que para ir sobre seguro y no recibir más varapalos hay que esperar a que se apruebe el Estatuto del Funcionariado Docente por parte del Ministerio de Educación y la ley asturiana de Función Pública por la comunidad autónoma.

No obstante advierten de que no van a consentir que se dilate el proceso y recuerdan que para dentro de año y medio hay elecciones sindicales. También UGT y CCOO que a nivel federal apoyaron al Gobierno en la carrera profesional le presionarán ahora para que no se les eche encima los 14.000 trabajadores que dejarán de percibir el complemento.