Desde la Secretaría de Política Social de la U.R. de Comisiones Obreras, se mostró ayer el total apoyo a la resolución dictada por la Consejería

Los usuarios de geriátricos sin acreditación no cobrarán ayudas de la Ley de la Dependencia

05.09.09 - CHELO TUYA| GIJÓN, para El Comercio

Bienestar advierte a 640 beneficiarios de que perderán la prestación si su residencia no se adapta a la norma

Afirma que «en lugar de perderse empleos, se crearán»

«Los usuarios de centros no acreditados no cobrarán ayudas de la dependencia, ya que la acreditación es una de las normas a las que obliga la ley para recibir la prestación». Así lo aseguró Ángel González, viceconsejero de Bienestar, quien afirmó que 640 beneficiarios de la citada ley y, a su vez, usuarios de geriátricos privados, han sido advertidos por carta de que el centro en el que residen «debe contar con acreditación. Si no, la factura no podrá ser pagada, porque sería ilegal». El plazo empezará a contar en diciembre.

González quiso dejar claro que no se trata «de generar alarma», sino de «informar de un hecho: en Asturias teníamos una acreditación provisional, que hizo el anterior equipo de Bienestar y que acaba en noviembre. Para cumplir con la ley, nosotros tenemos que hacer una acreditación definitiva, que es lo que se busca con la resolución publicada y que, mayoritariamente, todos los empresarios de la región apoyan».

Y es que, el viceconsejero insiste en que el recurso judicial impulsado por la Asociación Asturiana de Centros y Servicios de Mayores (Asacesema) contra la acreditación llega «de una minoría, ya que la gran patronal, la que firmó el convenio colectivo y la que tiene la mayor parte de las plazas concertadas, está a favor».

Reiterando que «ningún mayor debe preocuparse», González aseguró que «la norma tendrá un periodo de transición y no estamos diciendo que en diciembre alguien se quedará sin prestación. Seremos flexibles, aunque no consentiremos abusos».

La pública, también

El viceconsejero quiso contestar, también, a las manifestaciones realizadas a EL COMERCIO por la presidenta de Asacesema, Ana Gil, quien aseguró que «las residencias públicas no tendrán que acreditarse». González explicó que, «tal y como recoge la ley, la acreditación es para los centros privados. Pero, nosotros hemos puesto, en la resolución que ellos critican, que las residencias públicas se someterán, como no puede ser de otra manera, a los mismos criterios y que elaboraremos un informe de todas».

También negó que «no haya habido diálogo, puesto que nos hemos reunido con ellos y aceptado alegaciones» y, de hecho, afirmó que «en octubre nos reuniremos para hablar de los nuevos precios, porque nosotros estamos de acuerdo que no se puede pagar lo mismo por un gran dependiente que por una persona autónoma».

Control de los contratos

Respecto a la pérdida de 2.000 puestos de empleo que Gil vinculó a la acreditación, el viceconsejero se mostró rotundo: «En lugar de perderse empleos, se crearán, puesto que, en principio, la norma es voluntaria: sólo tienen que cumplirla los que quieran tener usuarios concertados o beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Y, por otra parte, obliga a que se cumpla la ratio de personal y que, por ejemplo. la cocinera, cuando acaba su jornada, no haga camas».

En ese sentido, explicó que los costes de la red pública «son muchos más elevados porque no sólo se cumple la ratio, sino las categorías y horarios se respetan. Una prueba es que dos puestos de empleo en la pública cuestan lo mismo que tres en la privada».

Por ello, será en el empleo «en lo que se centren ahora las inspecciones geriátricas», ya que, afirma que «no se mirará tanto cuanto mide una puerta como que la plantilla sea la adecuada, en número y en categorías».

 

«Usan a los trabajadores de ariete contra el Principado», dice CC OO

05.09.09 - CH. TUYA| GIJÓN

«Los geriátricos usan a los trabajadores de ariete contra el Principado, ya que la acreditación de centros no supondrá la pérdida de ningún puesto de trabajo». Ignacio Quintana, secretario de Política Social de Comisiones Obreras, se mostró ayer «totalmente favorable» a la resolución dictada por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda por la que, a partir de diciembre, los geriátricos tendrán que incrementar sus plantillas y servicios para cumplir con la Ley de la Dependencia.

Quintana criticó la denuncia de Asacesema «puesto que la resolución fue pactada con todo el sector y supondrá una mejora en la atención», aunque reconoció que «como ellos plantean, no es lógico que se pague lo mismo por una plaza de una persona autónoma que de un gran dependiente». Sin embargo, aseguró que el compromiso alcanzado por el Principado «es que esa situación cambie a partir de 2010».