La discriminación con los sanitarios - y entre estos, ya que los laborales están aquí incluidos -, por los 29 años, principal escollo

Migoya anima a los sindicatos a salvar la negociación de la carrera profesional

La portavoz del Gobierno apela al «buen hacer» de las partes implicadas para lograr la «necesaria cobertura jurídica»

M. LLANO | OVIEDO, para El Comercio

«Confío en el buen hacer de las partes», se limitó a decir ayer la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno asturiano, Ana Rosa Migoya, tras ser preguntada por el rechazo de los sindicatos al plan ideado por el Principado para salvar la carrera profesional. Migoya declinó hacer más declaraciones al respecto y circunscribió las actuaciones y comentarios a la mesa de negociaciones.

No obstante, la próxima decisión del Tribunal Supremo, que tanto Principado como sindicatos pretenden bordear, es la fecha límite para llegar a un acuerdo que se transforme en la «necesaria cobertura jurídica». El 1 de enero de 2010 deberían entrar en vigor las dos leyes que el Ejecutivo ha diseñado para evitar tener que someterse a la ratificación del tribunal español. El alto tribunal podría incluso obligar a devolver el dinero pagado a cuenta, 21 millones de euros anuales, que se reparten aún los 14.000 trabajadores públicos que voluntariamente se adhirieron a la carrera profesional.

Los sindicatos, que sí explicaron sus metas fuera de la mesa, calificaron de «chantaje» la propuesta, e hicieron especial hincapié en los 29 años de ejercicio profesional que hacen falta para acceder al último escalón de complementos. «Exigimos que se acceda con 20 años al último tramo, como ocurre con la carrera profesional sanitaria», indicaba el martes Luis Ángel Ardura, responsable de Administraciones Públicas de UGT.

Educación

Suatea, por su parte, aprovechó la jornada de ayer para recalcar sus planteamientos y reprochar al Gobierno que insista «testarudamente en los principios, ahora invalidados, de lo que se llamó entonces carrera profesional», a pesar de «reconocer, como hizo el Gobierno en la Mesa Sectorial, que la carrera docente no existe, que las actuaciones del Ejecutivo no tenían soporte legal y que las sentencias del TSJA que dan la razón a Suatea serán probablemente ratificadas en breve por el Tribunal Supremo».

Mediante un comunicado, el sindicato cargó contra la actual situación que viven el resto de docentes, «más de 4.000», que no firmaron la carrera profesional, declarada por la justicia sin base legal, y que se encuentran «cobrando miles de euros menos por realizar el mismo trabajo». Para salvar esta «inaceptable discriminación», Suatea propone «una verdadera homologación salarial con fecha del 1 de enero de 2007, con carácter lineal para todo el profesorado, incluido el interino».

Del mismo modo, Suatea volvió a cuestionar la evaluación a la que el Ejecutivo pretendía someter a los maestros que deseen cobrar el suplemento, por inconcreta: «Obliga a pasar una evaluación cuyo contenido se desconoce y, en caso de no superarla, a devolver lo cobrado, transformado ahora en anticipo, y pretende que los miles de docentes discriminados lo sigan siendo...».

Rechazando las prisas, los sindicatos fijan como modelo a las comunidades de Cantabria y Castilla-La Mancha. «Ejemplos de soluciones recientes por la vía negociadora los tenemos en varias comunidades autónomas, y ellos nos sirven de posible modelo y de demostración palpable que es posible llegar a algo, si el responsable principal, es decir, quien toma las decisiones políticas, está por la labor: Subidas salariales lineales, disminución del horario lectivo, incrementos retributivos con carácter retroactivo son algunos de los avances de los que disfruta el profesorado cántabro y castellano manchego, entre otros».

Para Asturias reclaman, además de los discutidos aumentos salariales, «una mejora de las condiciones laborales, entre otras la reducción del horario lectivo y consolidación en ley de la reducción del número de alumnos por aula». Suatea, que ya advirtió durante el pasado curso académico de que la conducta del Ejecutivo «podría ser considera prevaricación», se mantiene fiel a su postura y dice que tiene «interés en alcanzar un acuerdo», pero que, sin él, «la movilización y las acciones legales serán imprescindibles».