¿Veremos el Decreto antes de su aprobación?

El rechazo a la retirada de pluses, o “pagos indebidos” - en lenguaje más popular -.  

El Sespa regulariza la mayoría de los pluses salariales que la interventora mandó retirar

El Principado tramita de nuevo la supresión de complementos que fue rechazada por los tribunales, pero afectará a menos trabajadores

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, para La Nueva España

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) está ultimando un decreto en virtud del cual quedarán regularizados buena parte de los complementos salariales que la interventora general dio la orden de dejar de pagar a finales del año pasado. La supresión de estos pluses -que en su día afectó a 304 trabajadores- recibió un fuerte varapalo judicial y finalmente hubo de ser anulada.

Ahora, el Sespa tramita de nuevo la retirada de complementos, pero siguiendo las indicaciones que había formulado el Consejo Consultivo del Principado. Sin embargo, al dar cobertura legal a muchos de ellos mediante el citado decreto, la futura medida afectará a un colectivo de trabajadores sensiblemente inferior. Los pluses anulados rebasaban, en algunos casos, los 1.100 euros mensuales. En ocasiones acumulaban hasta veinte años de vigencia.

La gerente del Sespa, Elena Arias, expuso el estado de la cuestión durante su comparecencia del pasado día 6 ante la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios de la Junta General del Principado. En su intervención, Arias explicó que «desde finales de enero o principios de febrero» su departamento trabaja en la elaboración de «un borrador adicional de decreto» cuya finalidad es «corregir algunas insuficiencias normativas».

Esta norma aspira a complementar un decreto del pasado mes de enero que regula determinados aspectos del régimen de retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado. ¿Motivo? Que los responsables del Sespa estiman conveniente adecuar la legislación salarial a lo que son las peculiaridades de la actividad sanitaria. Singularidades que la normativa general de la función pública difícilmente alcanza a asumir.

Dicho de otro modo, la Administración sanitaria considera que «es necesario dar cobertura legal a actividades que se están realizando y que deben ser objeto de retribución y, por lo tanto, de un nuevo decreto», argumentó Elena Arias. La gerente del Sespa precisó que esta normativa será aprobada «en muy breve fecha». Antes deberá pasar el filtro del Consejo Consultivo del Principado.

Fuentes del Sespa explicaron que una de las cuestiones que solventará la futura normativa es la relativa al dispositivo de trasplantes de órganos. Algunos miembros de los equipos han visto cómo les retiraban parte de sus retribuciones en aplicación de lo estipulado por la interventora general del Principado, quien dio orden de suprimir una amplia relación de pluses salariales alegando «la falta de competencia de los órganos que en su momento los establecieron».

Esta medida generó un severo malestar en un área muy sensible del sistema sanitario. Según el Sespa, el problema no afectaba tanto a los médicos y los enfermeros como a los restantes miembros de los equipos, cuya disponibilidad es imprescindible con independencia de que luego se recurra o no a sus servicios.

 

La primera resolución del Sespa se saldó con un varapalo por triplicado

Oviedo, P. Á., para La Nueva España

La retirada de pluses salariales llevada a cabo por el Sespa a finales de 2008 recibió un triple vapuleo. El primero vino de la mano de la Inspección de Trabajo. El segundo, del Juzgado de lo social número 3 de Oviedo. Y el tercer varapalo fue propinado por el Consejo Consultivo del Principado. La Inspección de Trabajo calificó de «infracción grave» la retirada de pluses salariales, y sancionó al Sespa con una multa de 1.251 euros.

Los tres pronunciamientos coincidieron en la pertinencia de reponer los complementos suprimidos. El Sespa se vio obligado a rectificar su postura, y lo hizo mediante una resolución fechada el pasado 12 de junio, mediante la cual archiva el expediente de revisión de oficio que dio lugar a la supresión de los citados pluses retributivos.

El dictamen del Consejo Consultivo, de carácter vinculante, es taxativo. Concluye que la revisión de oficio en vía administrativa que retiró los complementos a finales de 2008 «no es conforme a derecho, en tanto que se trata de un acto de naturaleza laboral y no sujeto al derecho administrativo».

Dictamen del Consejo Consultivo:

«La revisión de oficio en vía administrativa para declarar la nulidad del acto de abono de retribuciones a quien se encuentra vinculado a la Administración por un contrato laboral no es conforme a derecho, en tanto que se trata de un acto de naturaleza laboral y no sujeto al derecho administrativo».

Sentencia de la juez:

«La Administración sanitaria vulneró la legalidad administrativa porque el acto declarativo del derecho a la percepción del complemento retributivo (...) no era nulo de pleno derecho o radicalmente».

El plus goza del amparo de un acuerdo del Consejo de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de 1991, de posteriores resoluciones de la gerencia del Hospital Central, y también está respaldado por «distintos pronunciamientos judiciales».

La Inspección de Trabajo:

La retirada de los pluses salariales constituye «una infracción grave» en «grado medio» que merece una sanción por importe de 1.251 euros.