La defensa de los derechos civiles en Internet

Los internautas califican de "atajo" la solución del Gobierno y piden una ley orgánica "en condiciones"

RTPA, 08-01-2010

Los representantes de las asociaciones de internautas se mostraron hoy críticos con la inclusión de una solución mixta en el cierre de páginas webs, al entender que se trata de un "atajo" del Gobierno y, entre otras soluciones, proponen la eliminación de la disposición de esta medida del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y el desarrollo de una nueva regulación a través de una ley orgánica "en condiciones".

El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, explicó en declaraciones a ’Portaltic.es’ que, una vez el Gobierno ha tomado una decisión, "queda esperar la respuesta de la oposición política".

No obstante, aseguró que previamente esta asociación pedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "examine" la medida propuesta por el Ejecutivo.

"Si afecta a derechos fundamentales como es el ’espiar’ comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una web, esto tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica cuanto menos. Está claro que están haciendo vericuetos: si hasta ahora los jueces han sobreseído este tipo de casos, ¿cómo el Gobierno antepone ahora estas decisiones judiciales", preguntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez-Subías, aseguró que se trata de una medida "innecesaria", ya que entiende que es un "apaño" -hay una decisión del juez "meramente administrativa"-. "Tanto en la conexión como en las páginas webs confluyen una serie de derechos fundamentales que requieren una resolución judicial, que el juez se moje", afirmó.

Así, Pérez-Subías apuntó que esta nueva situación jurídica podría llevar a "casos extremos" de cierre de buscadores como Google. "Los buscadores tienen millones de enlaces con sitios a páginas webs de descargas no autorizadas. Pongo este ejemplo para que se vea hasta dónde se podría llegar y que el elemento decisorio tiene que entrar hasta al fondo", resaltó.

Ambas asociaciones tienen pensado reunirse este sábado junto a ciudadanos y artistas para "plantear y coordinar las necesarias acciones para la defensa de los derechos civiles en Internet".

"Tenemos la sensación de que el Gobierno ha intentado aplicar el dicho de divide y vencerás, pero, en esta ocasión, no lo va a conseguir", matizó el presidente de AUI.

La Audiencia Nacional será quien decida si se cierra una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional será la encargada de decidir si se cierra una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual, según ha informado hoy el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Así lo recoge el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, remitido hoy por el Consejo de Ministros a diversos órganos consultivos, antes de su llegada al Parlamento.

Caamaño ha explicado que será la Audiencia Nacional la competente en esta materia porque en estos casos de propiedad intelectual es "muy difícil" ubicar en qué lugar se encuentra la página o el emisor que infringen los derechos.

Para ello, será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Un juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con todas las garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web, ha añadido el Ministro.

APROBACION EN EL CONSEJO DE MINISTROS DEL PROYECTO CONTRA LA PIRATERIA.

Los internautas cocinan su negativa al plan antidescargas

Usuarios y blogueros se reúnen el sábado para planear sus acciones.

08/01/2010 JUAN RUIZ SIERRA, para La Voz de Asturias

Un mes después de que se produjese el mayor motín antigubernamental en la red desde que esta existe, una revuelta que forzó al Gobierno a dar marcha atrás en su plan inicial de cerrar administrativamente, sin previa autorización judicial, las páginas web que facilitan los intercambios no autorizados de archivos --canciones, películas, series o videojuegos--, el Consejo de Ministros aprobará hoy sus medidas para proteger la propiedad intelectual en internet. Falta por conocer al detalle la fórmula elegida para regular un fenómeno que ha dejado a la industria cultural, según su propia descripción, en "estado agonizante", pero, antes de que el Ejecutivo la desvele, el colectivo de usuarios de internet, con la Asociación de Internautas (AI) y algunos blogueros al frente, ya han vuelto a mostrar su más frontal rechazo.

Un día después de la reunión de los ministros en La Moncloa --es decir, el sábado--, este sector, cuyo manifiesto contrario a los planes del proyecto ya ha cosechado más de 200.000 adhesiones, también celebrará su propio cónclave: allí estudiarán con lupa el proyecto del Ejecutivo para, según explican, "plantear y coordinar las acciones necesarias para la defensa de los derechos civiles en internet.

Son numerosos sus motivos para el no, pero los fundamentales se reducen a dos. Por un lado, rechazan que un órgano administrativo pueda ordenar la clausura de una determinada web porque considere que viola los derechos de autor --aquí, a diferencia de Francia, el Gobierno no pretende perseguir al usuario que se descarga archivos-- sin que un juez haya estudiado previamente el fondo del asunto. Por otro, los internautas asumen que la regulación se hará por vía reglamentaria, esto es, sin que se discuta en el Parlamento.

LA MARCHA ATRAS

La titular de Cultura, Angeles González-Sinde, anunció a principios de diciembre que una comisión administrativa, dependiente de su ministerio, perseguiría a las webs que permiten las descargas. En ningún momento habló del visto bueno previo de los tribunales, y el malestar en la red fue tal que dos días después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la desautorizó al decir que no se cerraría "ninguna web" sin autorización judicial. Sus palabras de entonces sugieren que el Ejecutivo se inclina por un enfoque en el que el cierre cautelar de una web, decretado por la Comisión de Propiedad Intelectual, deba contar con la aprobación de un magistrado, que, sin embargo, no tiene por qué valorar si esa clausura está justificada. Solo entraría a estudiar si el organismo de Cultura es competente para hacerlo. La Coalición de Creadores considera que este modelo, de confirmarse, será "positivo". "La fórmula satisfará a todos", dijo González-Sinde el martes. En este asunto, parece difícil.