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Del pacto que viene…

Del pacto que viene…

TRIBUNA DE DIARIO MEDICO: FALTAN RECOMENDACIONES INNOVADORAS…

Por Francesc Moreu, Gestor sanitario.

¿Un Pacto por la Sanidad descafeinado?

El anuncio de que el Pacto de Estado por la Sanidad está llegando a su fin parece ser una noticia cargada de mucho ruido y pocas nueces. No puede ser trascendente si no entra de lleno en el contrato social, la financiación y el copago, e incluso en la actualización de la Ley General de Sanidad, una norma no adaptada al modelo federal de la sanidad, como lo demuestra el mal encaje entre los roles del Interterritorial y el ministerio.

Después de un largo proceso, metodológicamente muy confuso y pilotado por dos equipos ministeriales distintos, parece que se está llegando al punto final del llamado Pacto de Estado por la Sanidad, o así al menos lo anuncian sus responsables.

Me temo que se trate de mucho ruido y pocas nueces, no sólo por las noticias que van llegando sobre cuáles pueden ser sus conclusiones sino básicamente porque el contenido programático del pacto, su agenda de partida, no responde a los problemas reales de la sanidad española y aparentemente muchas de sus recomendaciones no son más que los frutos derivados de la aplicación real de alguna norma ya vigente, como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Para este viaje, pues, no se necesitan alforjas.

No puede ser trascendente un pacto de este calibre que no se pronuncie sobre si debe revisarse o no el contrato social en lo referente al derecho a la protección de la salud, en consonancia con las otras prestaciones que forman parte del mismo (educación, pensiones, etc.), cuando se nos anuncia que alguna de ellas sí se modificará, como las pensiones dentro del Pacto Social, en función -entre otras razones- del posible déficit del sistema de pensiones en 15 ó 20 años (hoy da superávit), cuando por ejemplo la sanidad tiene acumulado ya hoy un déficit consolidado de las autonomías de unos 10.000 millones de euros, que a finales de 2010 podría tranquilamente y añadir 2.500 millones más, lo que implicaría un 15 por ciento de los presupuestos anuales de todas las regiones en materia de salud.

Cuesta aceptar que ahora "no toca" hablar de este tema en el pacto, pues esto es "responsabilidad de otro ministerio" (sic), cuando es el verdadero problema de fondo. La responsabilidad del bienestar del ciudadano ¿debe seguir jugándose entre el Estado y el individuo o hay que incorporar, sin lesionar la equidad en alguna medida, al mercado (aseguramiento y provisión)? ¿Puede ser sostenible en el futuro el "todo para todos" o hay que preservar la cobertura de los riesgos catastróficos y buscar alternativas a las corrientes? ¿La financiación del sistema está bien resuelta en el seno de la Lofca o debe tener por la naturaleza de sus prestaciones un tratamiento distinto que la vincule a la economía estructural y la haga independiente del ciclo económico? ¿Falta o no falta un punto del PIB para situar la financiación de la salud en la recta de regresión PIB-gasto sanitario? Y ¿qué hacer con la demanda española, que es un 50 por ciento superior a la media de la UE?

Tal vez también sería el momento de que el pacto apostase decididamente por el reconocimiento de que el sector salud, además de sus trascendentes servicios a los ciudadanos, es un sector industrial de futuro, generador de PIB y empleo y líder en innovación y conocimiento; por tanto, uno de los sectores clave en este nuevo modelo productivo que intenta impulsar la Ley de Economía Sostenible.

Está muy bien emplear tiempo en consensuar un calendario de vacunas común, sistemas de información que puedan conversar y estudiar la conveniencia de crear una central de compras internacional -que por supuesto hay que crear-, pero sólo si estas cuestiones son las marías de la búsqueda de soluciones para los grandes problemas del sector.

Leyes más que suficientes

Insisto, la Ley de Cohesión y la de Ordenación de las Profesiones Sanitarias son paraguas más que suficientes para la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única, la carrera profesional unificada, la libre circulación de profesionales, el fomento de formación profesional y los tiempos de garantía para el acceso, iguales en todas las comunidades autónomas.

Quizá incluso aceptando la existencia de estas normas mal desarrolladas debería plantearse, y éste tendría que ser otro de los temas nucleares del pacto, la necesidad de actualizar la Ley General de Sanidad. No únicamente porque decisiones sobre modificaciones del contrato social lo harían obligatorio, sino simplemente porque es una ley no adaptada al modelo federal real de la sanidad española, como lo demuestra el mal encaje entre los roles del ministerio y el Consejo Interterritorial, la verdadera gobernanza del sistema, no entendida ni practicada como tal por sus miembros, empeñados en hacer de él un faro de confrontación en vez de un instrumento de gobierno.

De acuerdo con el copago

A los ciudadanos les trae al fresco la inmensa mayoría de los temas en discusión en el pacto. Para ellos son simples obligaciones, cuando no utilities o incluso commodities, que deben administrar aquéllos a los que han dado su voto para que les representen. Lo que a ellos les preocupa de verdad es si podrán continuar gozando mañana de este buen sistema de salud y si su sostenibilidad está asegurada para sus hijos y nietos. Y nos dan una muestra del sentido común ante esta preocupación cuando, según una reciente encuesta del CIS, casi el 10 por ciento de la población estaría dispuesta a pagar algo más para asegurar este futuro. Ya sé que se puede leer al revés -¡sólo el 10 por ciento de la ciudadanía aceptaría un copago!-, pero a mi juicio se trata de una interpretación torticera. Es un buen ejemplo de sabiduría popular que un 10 por ciento de la población teniéndolo hoy todo gratis comprenda y por lo tanto acepte que para mantener lo que tiene hoy no habrá más remedio que arrimar el hombro un poco más.

El famoso informe de la Comisión Nacional de Evaluación, el coloquialmente denominado informe Abril Martorell, marcó un antes y un después en la sanidad española. Sus recomendaciones -polémicas unas y posibles otras, pero todas ellas innovadoras- contribuyeron a dar un impulso notable al modelo sanitario estatal. No parece que sea éste el caso del Pacto por la Sanidad, pero nada me gustaría más que tener desde estas mismas páginas que pedir disculpas por mi equivocación.

Por Francesc Moreu, Gestor sanitario.

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