Una cosa son las “pataletas” en el Gobierno Regional y otra muy distinta implicar al ámbito estatal

El Estado deja a Areces la decisión de llevar al Constitucional la ley del Hospital

Trevín asegura que la norma «responde a una propuesta legítima» y que la discusión política de un posible recurso es «de ámbito autonómico»

La Nueva España. Llanes / Gijón / Oviedo, M. TORAÑO / J. M. C. / Pablo GONZÁLEZ

Antonio Trevín, delegado del Gobierno en Asturias y ex presidente socialista del Principado, dejó ayer en manos del Ejecutivo regional, que encabeza Vicente Álvarez Areces, y del PSOE, la decisión sobre qué hacer en cuanto a la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de integración del Hospital de Arriondas «Grande Covián» en el Servicio Público de Salud del Principado (Sespa), aprobada el viernes.

Frente a esta posición destaca la de los socialistas asturianos, cuyo líder y portavoz en el Parlamento, Fernando Lastra, aseguró, durante su intervención en el debate de la ley, que «sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad ya se pronunciará quien tenga que hacerlo», en referencia a que la decisión no está en manos de las instituciones asturianas, y sí del Gobierno central. Los socialistas sí entienden que la ley arrastra «importantes vicios» de procedimiento que hacen que la ley sea anticonstitucional, pero evitan aclarar sin moverán ficha en este sentido.

Mientras desde PP e IU, formaciones cuya alianza temporal sirvió para sacar adelante el texto legislativo contra la opinión de los socialistas y que fue motivo de un nuevo enfrentamiento en el seno del Ejecutivo asturiano, formado por bipartito PSOE-IU, animaron a Areces a aceptar la derrota parlamentaria y a poner en marcha la ley.

Pase lo que pase, para Antonio Trevín la iniciativa política para recurrir la ley «tiene que venir de los órganos asturianos, del Grupo parlamentario Socialista o del Gobierno autonómico». El delegado del Gobierno explicó que no le corresponde a él «ni por competencias ni por legitimidad» decirles a otros organismos cuáles deben de ser sus decisiones. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que un recurso de inconstitucionalidad parta del Gobierno central, el delegado agregó que «como Gobierno de España en ese tema no hemos entrado todavía para nada».

Trevín tiene claro que la ley aprobada gracias a la pinza PP- IU «responde a una propuesta legítima presentada por dos grupos políticos, pero que hace referencia exclusivamente a aspectos laborales», apuntó Trevín. Y aclaró que tanto el Grupo parlamentario Socialista como el Gobierno del Principado «tienen esa misma legitimidad» para estudiar las medidas oportunas. «La discusión política y el ámbito competencial está claramente en el ámbito autonómico y serán ellos los que tomen la decisión que crean más adecuada», añadió.

Mientras, para la diputada de IU Diana Camafeita «no está muy claro» cuál es la posición socialista, aunque espera que «se imponga la sensatez y se aplique una ley que es muy sencilla y clara». Camafeita asegura que los socialistas «no tienen argumentos de fondo para oponerse a la ley». Por su parte, Carlos Galcerán, diputado del PP, opina que «el PSOE haría bien en aplicar la ley. Creo que han visto un poco de luz ahora que se han quedado solos».

Al tiempo, Javier Fernández, secretario general de la Federación Socialista Asturiana, aseguró ayer que la postura socialista quedó «perfectamente clara con la intervención de Fernando Lastra, así que no tengo que apostillar nada; cualquiera que lo quiera saber no tiene más que leer el diario de sesiones. También lo colocaremos en la web del partido».

La ruta hacia el Tribunal Constitucional, a través de cuatro caminos diferentes

Oviedo, La Nueva España

La ruta para que la ley de integración del Hospital de Arriondas en el Servicio de Salud (Sespa) sea impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) puede seguir cuatro caminos diferentes: a través de particulares que acudan a un juzgado, de manos del Defensor del Pueblo, mediante una iniciativa de 50 diputados nacionales o 50 senadores, o incluso directamente a través del presidente del Gobierno de España.

De ahí que los socialistas asturianos asuman que la presentación del recurso de inconstitucionalidad de la ley no sea responsabilidad suya.

Aunque en más de una ocasión sus dirigentes, tanto parlamentarios como responsables del Gobierno regional, han deslizado la existencia de unos 300 escritos presentados por trabajadores de las sanidad, tanto de la asturiana como de otras comunidades, anunciando que recurrirían la ley si los empleados del Hospital de Arriondas se convierten en personal de Sespa sin concurrir a las correspondientes convocatorias de empleo público.

Éste es uno de los motivos por los que tanto desde el PP como desde IU, los precursores de la ley frente a la oposición del PSOE, se insista en que los 300 trabajadores del Hospital de Arriondas mantengan su mismo estatus laboral. «Nadie entrará por la puerta de atrás», insisten populares y comunistas ante las acusaciones del PSOE de que uno de los problemas de esta ley es que deja en el aire los puestos de trabajo de todos los empleados del centro médico de referencia del oriente asturiano con motivo de la integración en el sistema de salud pública.

El Gobierno del Principado tendrá seis meses, si no hay novedad, para aplicar la ley desde la publicación del texto en el «Boletín Oficial».

El Estado no prevé presentar un recurso contra la Ley de integración

14.03.10 - ANA MORIYÓN | LLANES, para El Comercio.

«La discusión sobre el hospital de Arriondas está en el ámbito asturiano. Desde el Gobierno español todavía no hemos entrado en ese tema». Esto es, hasta la fecha, el Gobierno central no tiene previsto presentar ningún recurso de anticonstitucionalidad contra la Ley para la integración del hospital de Arriondas que fue aprobada el pasado viernes en la Junta General del Principado por el PP e IU, pese a la oposición del PSOE. «La discusión está en el ámbito asturiano y serán el Gobierno regional o el PSOE quienes daban tomar la decisión más adecuada», explicó Antonio Trevín. En el caso de que deba ser el Gobierno central quien presente este recurso, aclaró el delegado, «la iniciativa política debe venir de los órganos asturianos, bien del Gobierno regional bien del Grupo Socialista», sostuvo.

Trevín hizo repaso a la historia de este equipamiento médico y recordó que su construcción fue una apuesta del PSOE de la comarca del Oriente cuando las Administraciones regionales no tenían competencias en materia de salud, por lo que «la fórmula jurídica elegida era la única posible en aquel momento para que el Oriente tuviera un hospital, pero su gestión siempre fue pública». En su opinión, la nueva normativa impulsada esta semana en la Junta del Principado «responde a aspectos laborales» y no a carencias en la calidad asistencial, ya que los usuarios del hospital Grande Covián «han indicado reiteradamente su satisfacción con el servicio sanitario que se ofrece en este centro».

REACCIONES A LA INTEGRACION DEL GRANDE COVIAN EN LA RED PUBLICA.

Trevín traslada a Asturias el posible recurso estatal

"La iniciativa política tiene que venir de los órganos asturianos", asegura.     

14/03/2010 JAVIER G. CASO, para La Voz de Asturias

El delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, evitó ayer pronunciarse respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo Central llegue a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de integración del Hospital del Oriente en el Sespa.

"Nosotros como Gobierno de España no hemos entrado en ese tema absolutamente para nada. Ni siquiera se hizo la consulta", comentó ayer Trevín durante una visita a la localidad llanisca de Vidiago. Tras advertir que la ley responde a una iniciativa legislativa de dos grupos parlamentarios, PP e IU, " para solucionar aspectos en el ámbito laboral", que ciñó a cuestiones laborales responde a una iniciativa legislativa "legítima" , el delegado del Gobierno se mostró convencido de que tras la aprobación de la ley y con relación a un posible recurso, la iniciativa política "tiene que venir de los órganos asturianos, del Gobierno asturiano y del grupo parlamentario socialista".

Trevín recordó que el Hospital del Oriente comenzó a levantarse durante su etapa como presidente del Principado y advirtió que el Grande Covián "existe por una decisión política del PSOE estando en el Gobierno". El delegado del Gobierno recordó que en ese momento Asturias ni siquiera tenía las competencias sanitarias. Trevín advirtió que la fundación "fue la única fórmula jurídica posible para que el Oriente de Asturias tuviera un hospital. Y siempre tuvo una gestión y una orientación claramente pública. Ahora lo que se pretende cambiar son los aspectos laborales". Y recordó que el hospital estaba terminado cuando el PP gobernó "y pasó varios años cerrado y sin utilizar porque no lo veían necesario".