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Así están las cosas: si no lo vota IU y el PP mantiene su posición, “no sale”…

Así están las cosas: si no lo vota IU y el PP mantiene su posición, “no sale”…

IU no votará en la Junta General el recorte a los funcionarios si no se grava el IRPF a rentas superiores a 60.000 euros

Iglesias prevé un "serio problema político", pues sin el apoyo de la coalición la reforma no se podría aprobar en Asturias Condiciona su postura a un "plan de reforma global" que incluya medidas de austeridad y una "profunda reforma fiscal"

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Verdes no votará a favor de la modificación de la ley autonómica por la que se aplicará el recorte salarial del 5% a los funcionarios en Asturias si el Gobierno no aplica el incremento del gravamen autonómico del IRPF a partir de las rentas de 60.000 euros, y no de 100.000, como anunció ayer el Gobierno autonómico. Esta decisión dejaría al Grupo Socialista en minoría, suponiendo que el PP vote en contra, impidiendo así la aprobación de la ley.

Así lo anunció hoy el coordinador general y portavoz parlamentario autonómico de la coalición, Jesús Iglesias, durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de CC.OO Asturias, Antonio Pino, para proponer salidas a la crisis económica.

Iglesias condicionó el apoyo de IU a la medida a un plan general de reformas "que exija sacrificios a todos los que están en condiciones de hacerlos, y no únicamente a pensionistas y trabajadores públicos, que son los últimos a los que se pueden pedir estos esfuerzos". Como primer punto, pidió que el gravamen que el Principado debe estudiar sobre el IRPF de las rentas más altas sea a partir de los 60.000 euros anuales, y no de los 100.000, como ayer propuso.

"Estas rentas están en condiciones de compensar los otros sacrificios sin generar un grave problema para quienes se encuentra en esta franja", señaló, entre los que citó a "gran parte de quienes ostentamos cargos públicos y responsabilidades de gobierno".

No fue lo única propuesta que formuló la formación: el mantenimiento del empleo público junto con sus remuneraciones, el retoque de otras figuras fiscales, la eliminación de gastos no prioritarios, la garantía de las prestaciones sociales y el salario social, y la priorización de inversiones imprescindibles.

Para Iglesias, "la salida de la crisis en Asturias no puede ser la traslación del decretazo de Zapatero, sino un paquete de medidas equilibradas y contenidas". Así, anunció que no votarán a favor de la propuesta si no se admiten estas demandas. Y en este sentido, se mostró franco: si IU no lo vota, eso no sale, en referencia al proyecto de ley autonómica que deberá someterese a votación este mes en la Junta General para hacer efectivo el plan de recortes anunciado por el gobierno central.

No realizó ninguna previsión de los que pasaría en caso de no salir aprobada una medida que llega por mandato estatal. "Habría un serio problema político, económico y social", se limitó a afirmar, a la vez que una "interesante cuestión jurídica".

HUELGA GENERAL

Antonio Pino, por su parte, mostró su sintonía con el líder de la formación izquierdista, y previó una "más que probable huelga general". Como antesala de la misma, citó la huelga de funcionarios públicos convocada para el día 8 de junio contra el recorte salarial, cuyo resultado espera que sea "bueno" en Asturias.

Aprovechó para criticar duramente al presidente de Federación Asturiana de Empresarios, Severino García Vigón, porque para él "no entender que una reforma laboral tenga que conllevar recortes de derechos es ser un iluso". "Decir eso en un momento con más de cuatro millones de parados es cruel, insensato y poco responsable", reprochó Pino, quien acusó a "los empresarios de aprovecharse de una manera descarada de la crisis".

Pidió al Gobierno del Principado que "no continúe cargando a las espaldas de los trabajadores los efectos de la crisis", como desde su punto de vista está haciendo el Gobierno estatal. Exigió también una "profunda y urgente" reforma fiscal, así como la recuperación del impuesto sobre bienes e inmuebles, en lugar de la congelación de las pensiones, una actuación contundente sobre la economía sumergida y el fraude fiscal, una intervención sobre "los millonarios beneficios empresariales" de algunas entidades.

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