El origen es la negativa de personal y recursos económicos de Ana Rosa Migoya y Jaime Rabanal a Bienestar Social

Tensiones entre los socios de gobierno por el «tijeretazo»
IU acusa a Areces de «boicotear» la ley de Dependencia y el salario social

La coalición asegura que los consejeros Rabanal y Migoya están torpedeando sus proyectos de gobierno
Varios departamentos de Bienestar tienen menos personal ahora que cuando la Consejería era del PSOE

Oviedo, J. A. ARDURA / P. G., en La Nueva España

La negociación del recorte de 210 millones de euros en los Presupuestos del Principado ha acabado por tensar las relaciones entre los dos socios del Gobierno regional, PSOE e IU. La dirección de IU denuncia que en pleno proceso negociador, la parte socialista del Ejecutivo que preside Vicente Álvarez Areces, concretamente los consejeros de Economía, Jaime Rabanal, y de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, están ejecutando un plan para «boicotear y torpedear» las consejerías en manos de las coalición. Este plan se basa, según IU, en negarles personal y recursos económicos para servicios básicos como la ley de Dependencia y el salario social. Una estrategia, según IU, que no podría llevarse a cabo «sin el visto bueno y el apoyo de Areces» y que busca paralizar la aplicación de la ley de Dependencia y torpedear el pago del salario social. Así, los dirigentes de IU acusan a un sector del PSOE de «querer complicar el pacto en la recta final de la legislatura, en una actitud muy irresponsable».

La chispa que ha hecho saltar este nuevo enfrentamiento en el seno del bipartito tiene que ver con el personal que IU ha solicitado para agilizar las peticiones que se acumulan del salario social y de la ley de Dependencia. De hecho, la Junta General del Principado aprobó recientemente, y por unanimidad de todos sus grupos, una moción en la que insta al Gobierno de Areces a poner «los medios humanos y técnicos» para poder aplicar el salario social básico. La Consejería de Bienestar se había quejado semanas atrás del recorte de cuatro empleos, decidido por la Consejería de Migoya, correspondientes a personal de refuerzo que tenía como misión valorar las solicitudes del salario social básico y, más recientemente, de la no renovación de otros diez puestos del área de evaluación de la ley de Dependencia. Desde IU se asegura que muchos de estos puestos están presupuestados.

Mientras, fuentes del sindicato CSIF ya denunciaron semanas atrás a LA NUEVA ESPAÑA que esa decisión fue adoptada de manera unilateral por la Dirección General de Función Pública, ignorando el criterio mantenido por la consejera de Bienestar, Noemí Martín.

Aunque esos ajustes de personal coinciden con el recorte de gastos aplicado por el Principado a instancias de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la dirección de Izquierda Unida sospecha que detrás de esa reducción de personal eventual se esconde una estrategia para boicotear la gestión de sus consejerías. Porque según los cálculos de IU, el personal en el área de Dependencia ha pasado de 87 trabajadores en 2008, tiempos en que la Consejería estaba en manos del PSOE, a los 74 actuales, cuando ahora se tramitan 15.000 expedientes más. «Y en las próximas semanas otros doce acaban contrato», dice IU. Mientras, estas mismas fuentes arguyen que ahora se cuenta con un trabajador menos en el área del salario social cuando las peticiones se han disparado en lo que va de año respecto a 2008 en casi un 64 por ciento.