La prórroga de la ayuda de los 426 euros, en el aire
Valeriano Gómez topa con el muro infranqueable de Salgado
El ministro de Trabajo, obligado a rectificar, desgrana sus bazas para atraer a los sindicatos a la orilla del diálogo. Como no puede "poner patas arriba" la reforma laboral, advierte a los patrones de que habrá que repartir los costes de la crisis. De momento, uno de sus primeros compromisos ha chocado con la ’matización’ de la vicepresidenta, que no prorrogará la ayuda de los 426 euros si no hay disponibilidad presupuestaria.
LUIS MARTÍNEZ, NUEVA TRIBUNA.ES
Valeriano Gómez va desplegando las bazas con las que el nuevo ministro de Trabajo tendrá que afrontar el complicado tiempo político hasta el final de la legislatura. Con los sindicatos en pie de guerra, el titular de Trabajo ha confirmado a Octavio Granado al frente de la superavitaria Seguridad Social y ha advertido a los empresarios -que le reclaman una bajada de cuotas- de que a partir de ahora habrá que repartir los costes de la crisis. Además, ha elevado a rango de Secretaría de Estado la antigua Secretaría General de Empleo y ha relevado a Maravillas Rojo de esa responsabilidad, que ocupará la hasta ahora consejera de empleo castellano-manchega Mari Luz Rodríguez.
Gómez prometió este miércoles tener lista una reforma de las políticas activas de empleo a principios del año próximo. En este ámbito, Cataluña parece dispuesta a seguir los pasos del País Vasco y asumir más competencias en esta materia. En cualquier caso, Gómez ha comprometido mayores recursos humanos y de capital para los servicios públicos de empleo. Lo inquietante es conocer la vía por la cual llegarán estos nuevos recursos a las arcas del Estado. Según el ministro de Trabajo, el Gobierno contará con nuevos recursos gracias a que miles de parados perderán su prestación contributiva, tras agotar sus saldos con el antiguo Inem.
Con todo, Gómez se comprometió el miércoles a prolongar por tercera vez el PRODI, la ayuda de 426 euros que cobran los desempleados tras agotar la prestación y el subsidio; aunque el propio Gómez tuvo que rectificar sus palabras horas después y matizar que la renovación de la ayuda llegará tras un análisis de sus resultados y si la situación de las cuentas públicas lo permiten. Ayer, jueves, la ministra de Economía, Elena Salgado, insistió en la idea de que "no habrá aportaciones adicionales" a los Presupuestos de 2011 y puntualizó que la variable "fundamental" para reeditar la ayuda es que exista disponibilidad presupuestaria.
Además, Gómez llamó este jueves a capítulo a los sindicatos y les advirtió de que no piensa poner “patas arriba” la reforma laboral, de la que ahora se reclama autor. Aun así, el nuevo titular de Trabajo ha insinuado a los sindicatos que está dispuesto a suavizar las condiciones del despido objetivo, la gatera por la que se desliza la brutal rebaja de las indemnizaciones por despido –desde los 45 días anteriores hasta los 20 días actuales- que pagan las empresas cuando pueden alegar algún motivo económico. Un criterio que el ministro de Trabajo se muestra ahora dispuesto a aclarar para facilitar el trabajo de los jueces.
De momento los sindicatos se han mostrado reticentes a aceptar el envite de Gómez aunque en fuentes sindicales no se oculta la satisfacción por la llegada al Ministerio de Trabajo de un experto, sensible además a las tesis sindicales. Por lo pronto, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, le espetó ayer al ministro que será difícil corregir con un mero desarrollo reglamentario la nueva reglamentación sobre el despido objetivo. En una rueda de prensa junto al líder de UGT, Cándido Méndez, los sindicatos presentaron su programa de protestas contra la nueva normativa laboral y el bloqueo de convenios del que acusan a la patronal. Además, Méndez pidió este jueves al Gobierno que prorrogue de forma indefinida la ayuda de 426 euros. No en vano, señaló, más de dos millones de parados llegarán a finales de 2011 sin prestación.
IMPUESTO DE SOCIEDADES PROGRESIVO
El clima de “conflicto abierto” que ya esperaba encontrar Gómez a su llegada al Ministerio se desarrollará, según lo anunciado, entre paros y huelgas. Los sindicatos pretenden agilizar así la firma de convenios, que va muy retrasada. Además, las centrales han colocado un nuevo hito en el camino que Gómez debe recorrer hasta Navidad. El próximo sábado 18 de diciembre -dos días antes de las elecciones en la patronal- manifestaciones “masivas” recorrerán las principales capitales españolas.
Los sindicatos han exigido al Gobierno que obtenga más ingresos. Su idea es repartir la carga de la crisis con nuevos impuestos. De momento, Toxo deslizó el jueves una propuesta. Se trataría de introducir criterios de progresividad en el Impuesto de Sociedades. Con ello se conseguiría que paguen más –en términos relativos- las empresas con mayores beneficios. Una medida que, sin duda, habrá caído mal en la sede de CEOE, donde los empresarios rechazaron esta semana nuevas subidas de impuestos, tras censurar el ajuste fiscal del Gobierno por “insuficiente” y “mal diseñado”.
Salgado enmienda al ministro de Trabajo y deja en el aire el subsidio de los 426 euros
Economía supedita la prórroga de la ayuda a la evolución presupuestaria - La paga llegó desde 2009 a 16.000 asturianos
Madrid / Oviedo, Agencias/ M. MARTÍNEZ, en La Nueva España
La ministra de Economía, Elena Salgado, puso ayer en cuarentena el anuncio del nuevo titular de Trabajo, Valeriano Gómez, sobre la posible prórroga de la ayuda de 426 euros para los desempleados que agoten el resto de prestaciones. A pesar de que Gómez había dicho el miércoles que ese subsidio se ampliaría a partir del próximo febrero, Salgado enmendó al sucesor de Celestino Corbacho y afirmó que únicamente se mantendrá la ayuda si existe «disponibilidad presupuestaria», esto es, si en las cuentas de los servicios de empleo se producen ahorros que lo permitan. En Asturias han solicitado esta ayuda 16.420 personas desde que entró en vigor en agosto de 2009. En España la cifra asciende a 999.963 personas.
El primer roce entre Valeriano Gómez y la responsable de la política económica se produjo después de que el titular de la cartera de Trabajo anunciara el miércoles por la noche que en febrero de 2011 se prorrogaría por tercera vez y por otro período de seis meses la ayuda de los 426 euros para los parados. Pocas horas después, el gabinete de Valeriano Gómez divulgó una «aclaración», precisando que «la decisión de prorrogar (el subsidio) se tomará cuando se haya hecho un balance del impacto y del efecto que ha tenido en su aplicación y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria en el momento en el que deba hacerse efectivo». Y para terminar advertía de que «es importante además que, en el contexto de una deseada reapertura del diálogo social, estas cuestiones sean abordadas de manera adecuada en el citado proceso».
Elena Salgado abundó ayer personalmente en la posición del Gobierno y afirmó que la variable «fundamental y principal» para la prórroga de la ayuda de 426 euros es que «exista disponibilidad presupuestaria en el gasto destinado a los servicios públicos de empleo estatal en 2011» y que esa disponibilidad es «limitativa». Valeriano Gómez asumió públicamente ese criterio, aunque, durante una entrevista en televisión, opinó que el actual no es el momento más oportuno para retirar esta ayuda a los parados sin ingresos.
El ministro de Trabajo también anunció ayer que la próxima semana comenzará la ronda de diálogo con CC OO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme, pero añadió que si los sindicatos pretenden «poner patas arriba» la reforma laboral será difícil encontrar huecos para avanzar en el diálogo social, que intenta recomponer tras la huelga general del 29 de septiembre. Gómez, militante de UGT, se mostró abierto a negociar con los agentes sociales alternativas al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, caso de la ampliación del período de cómputo para calcular las prestaciones o la restricción de las jubilaciones anticipadas.
Salgado, por su parte, anunció que el Gobierno pedirá a los bancos y a las cajas información sobre los créditos para controlar que las empresas reciben financiación. También reveló que el Estado ha ingresado 2.500 millones por las ganancias obtenidas en los avales concedidos a la banca.
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