¿Al límite de la posible prevaricación?...

La política de personal del Gobierno regional
El Principado «se burla de la justicia» con las designaciones a dedo, afirman los sindicatos

Las centrales reprochan a la Administración que desoiga las sentencias que anulan sus nombramientos y perciben indicios de prevaricación

Oviedo, Marcos PALICIO, en La Nueva España
«Se están burlando de la justicia». Varios sindicatos de la función pública interpretan así la reincidencia del Gobierno del Principado en la adjudicación de plazas de altos funcionarios a dedo, en contra del criterio reiterado en los tribunales. El Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha puesto en cuestión ya cuatro veces en año y medio la licitud del método escogido por la Administración para cientos de nombramientos de jefes de servicio, coordinadores o asesores y, «en lugar de dar marcha atrás, siguen insistiendo», afirma José Luis González, coordinador del sindicato USIPA. Él habla a la vista del último fallo, en el que el TSJA anula 291 puestos que ya habían sido invalidados pero que el Gobierno volvió a adjudicar con el mismo sistema, la libre designación en lugar del preceptivo concurso de méritos. El Principado ha recurrido ante el Tribunal Supremo al menos las tres primeras resoluciones; ninguna es firme.

Los servicios jurídicos de USIPA, sigue González, «están valorando la presentación de una querella por prevaricación». «Habrá que empezar a pedir responsabilidades con nombres y apellidos», sostiene el dirigente sindical hablando de las cuatro resoluciones del TSJA y también del auto en el que esta misma semana el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo reprendió al Principado por desoír varias resoluciones, una de ellas firme, sobre anomalías en la provisión de puestos en cargos intermedios de la Administración. «Cualquiera que vea esta secuencia de acontecimientos podrá interpretar que están prevaricando», le acompaña Jesús González, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. «Si llevan cuatro varapalos y siguen haciendo lo mismo, a la opinión pública ya le debe quedar claro que lo están haciendo de forma intencionada y caciquil. Se toman la Administración como su feudo, como si fuera un cortijo».

El secretario de Acción Sindical de UGT, Luis Ángel Ardura, manda por delante la «política clara» del sindicato en contra de la libre designación «como norma general» en la adjudicación de jefaturas de servicio y cargos similares. «Está claro que esos puestos los ha de ocupar un técnico o un funcionario y, a ser posible, el mejor, algo que sólo se puede garantizar a través de un concurso». El Gobierno, asegura, «debería tomar como norma escuchar a los sindicatos».

En una línea similar, Juan Gavira (CSI) observa en la reiteración de las sentencias y de las políticas «una demostración más de la cabezonería de la consejera Migoya y del mandarín que tiene por debajo, el director general de Función Pública -Daniel Álvarez-, que no aceptan que pueden estar equivocados. Hasta que los tribunales les den un palo por desacato seguirán burlándose de la justicia».

La estrategia de la Administración consiste en «recurrir al Supremo para dilatar la solución definitiva del asunto», según Javier Villa, componente del Conceyu por Otra Función Pública N'Asturies y uno de los funcionarios que recurrieron los nombramientos. Apelan, dice, a sabiendas de sus escasas posibilidades, «porque el TSJA se basa en la jurisprudencia del Supremo». A su juicio, esta forma de proceder es «una pieza más en un modelo de Administración clientelista» que no tiene que ver tanto con la afinidad ideológica como con la búsqueda de «gente dócil. Si te ponen a dedo, también te pueden quitar a dedo».