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Ver veremos hasta dónde llega el fraude y las implicaciones de todo tipo…

Ver veremos hasta dónde llega el fraude y las implicaciones de todo tipo…

El Tribunal de Cuentas abrirá una investigación por los ERE de Andalucía

El órgano fiscalizador detecta que existen indicios de irregularidades en la gestión de los expedientes de empleo

03.07.11 - CECILIA CUERDO | SEVILLA, en El Comercio.

La investigación por las falsas prejubilaciones en los ERE pagados con dinero público en Andalucía sube un nuevo peldaño y ha llegado al Tribunal de Cuentas. El máximo órgano fiscalizador admitió a trámite la querella presentada hace dos meses por el Partido Popular y abrirá una investigación al encontrar indicios de que «que pudiera existir un perjuicio a los fondos públicos autonómicos».

El escándalo saltó a la luz a raíz de las numerosas irregularidades descubiertas en la gestión de una empresa mixta, Mercasevilla. Al tirar del hilo, la revisión de los ERE permitió descubrir que numerosas personas ajenas a las empresas eran incluidos como falsos prejubilados.

La investigación interna realizada por la Junta de Andalucía, únicos datos oficiales que hay hasta el momento, se salda con irregularidades en 42 de las 68 empresas investigadas, hay 72 intrusos o falsos prejubilados y otras 111 personas que presentan alguna «discordancia administrativa». En total, el fraude alcanzaría los nueve millones de euros.

Mientras la juez de instrucción numero 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, continúa su investigación y centra sus pesquisas en determinar si el Gobierno autonómico andaluz conoció en algún momento que el dinero para pagar los ERE estaba al margen de cualquier control administrativo o limitaciones legales, ahora es el Tribunal de Cuentas el que inicia una nueva indagación para esclarecer el perjuicio a las arcas públicas y propone el nombramiento de un instructor de la nueva investigación.

En su escrito de denuncia, el PP detalló las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas con fondos públicos de la Consejería de Empleo concedidas entre 2001 y 2009, y que empresas en crisis, «sin la concurrencia y publicidad adecuadas», recibieron fondos públicos que «fueron utilizados fraudulentamente para beneficiar a determinados alcaldes, altos cargos y personas concretas».

Fraude monumental

El anuncio de la nueva investigación fue realizado ayer en la clausura de la reunión interprovincial que los populares han celebrado en Sevilla. Para el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Sanz, esta decisión confirma que el escándalo de los ERE es un «fraude monumental» con responsabilidades «no sólo políticas, sino también penales».

«Queda claro que desde la Junta de Andalucía se ha permitido que se haya usado el dinero de los parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE, a ayuntamientos socialistas y a empresas amigas del PSOE», remató el secretario general del PP andaluz.

El número dos de los populares de esa comunidad consideró además que el Tribunal de Cuentas viene a contradecir a aquellos «que se empeñaron en decir que la investigación era un capricho» de la jueza de instrucción 6 de Sevilla o «una obsesión del PP por ir contra el PSOE».

El PP ha sostenido siempre que Manuel Chaves, cuando fue presidente de la Junta, y su sucesor, José Antonio Griñán, estaban al tanto de las irregularidades.

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