Asturias la menos endeudada desde todos los puntos de medición posibles

Cada autonomía sigue método y algunas lo que quitan por un lado lo suben por otro, como Valencia y Castilla La Mancha con los “asesores”…

Las autonomías ya «meten tijera» en sanidad, coches oficiales y altos cargos

Las comunidades acumulan unos «números rojos» de 121.000 millones

Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España

Los «números rojos» del conjunto de las autonomías superan los 121.000 millones de euros, según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre de este año. El endeudamiento de Asturias supone, aproximadamente, el 1,4 por ciento del cómputo total, lo que la convierte en la menos endeudada del país, según los datos del Ministerio de Economía. La delicada situación económica ya ha llevado a algunas autonomías a «meter tijera» en sanidad, coches oficiales y altos cargos y a los nuevos presidentes autonómicos a denunciar «agujeros» en sus arcas con miles de facturas impagadas.

Valencia y Cataluña son las autonomías que acumulan un mayor nivel de endeudamiento con 17.895 millones de euros y 34.323, respectivamente. El Principado presenta una ratio de endeudamiento del 7,1 por ciento respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), diez puntos menos que las dos comunidades del Mediterráneo, que encabezan el ranking de las menos saneadas. Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia completan la lista de las autonomías con peor balance entre su deuda y su PIB. En el lado opuesto de la balanza se encuentran, además de Asturias, País Vasco, Madrid y Castilla y León. El Principado, además, fue uno de los gobiernos regionales que cumplió con el déficit y el techo de gasto fijado por el Consejo de Política Fiscal, que se saltaron Cataluña, Baleares, Castilla-La mancha, Valencia, Extremadura y Andalucía.

La Generalitat catalana.

Una de las autonomías que ha puesto en marcha un mayor ajuste del gasto es Cataluña que, pese a esas reformas, ha desafiado al Gobierno central con unos presupuestos que duplican el límite del déficit fijado en el Consejo de Política Fiscal, el 1,3 por ciento para este año. La Generalitat «mete tijera» en prácticamente todas las áreas hasta el punto de que los recortes alcanzan a la sanidad, la educación y al área de bienestar social. Por ejemplo, este verano ha decidido cerrar unos cuarenta centros de atención primaria. El Gobierno catalán acumula una deuda que supone el 17,2 por ciento del PIB regional.

El Gobierno valenciano.

El nuevo Ejecutivo de Alberto Fabra prevé ahorrar 680 millones con varias medidas de contención del gasto, entre las que destaca una reestructuración de su plantillas que afectará a 704 empleos públicos. La Comunidad Valenciana tiene una deuda equivalente al 17,4 por ciento del PIB de la región.

81 altos cargos menos.

El Gobierno de Aragón, que preside Luisa Fernanda Rudi (PP), ha anunciado un ahorro de 18 millones de euros para la legislatura gracias a la supresión de hasta 81 altos cargos y asesores. En una segunda fase de ajustes también prevé recortes en las empresas públicas.

Stop al coche oficial.

El nuevo presidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, anunció que se quedará con sólo 200 de los 1.632 coches oficiales que heredó del Gobierno socialista. El consejero de Economía, Antonio Fernández, denunció un «agujero» de 506 millones en las arcas regionales, que no vaciló en calificar de «Matrix contable».

1.742 millones de agujero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, que dirige María Dolores de Cospedal, ha cifrado en 1.742 millones las facturas no pagadas a proveedores heredadas de los anteriores gestores socialistas, lo que elevaría la deuda regional por encima de los 7.000 millones de euros.

La despedida de Rabanal.

La denuncia de Francisco Álvarez-Cascos sobre un «agujero» de 211 millones en las arcas del Principado trae a colación la última intervención del anterior consejero de Economía, Jaime Rabanal, quien en su despedida reclamó responsabilidad al nuevo Gobierno y advirtió del riesgo de excederse en la crítica a las cuentas públicas: «Cuestionar la solvencia de las administraciones es intentar embarrar el campo y al final acabaremos todos con las piernas rotas; no es positivo para nadie», dijo el ex consejero.