Propuestas para la regeneración de la «degradada» función pública asturiana que ha elaborado la Junta de Personal Funcionario del Principado

Los funcionarios piden a Foro más control para evitar corruptelas y sobrecostes

La Junta de Personal del Principado propone suprimir el complemento de los altos cargos, publicar todos los contratos y mayor transparencia urbanística

Foto: El edificio de consejerías de Llamaquique, en Oviedo.
Oviedo, J. A. ORDÓÑEZ / J. A. ARDURA, en La Nueva España
La supresión del complemento de altos cargos, la lucha contra la interinidad y los excesos de la libre designación, la publicación en la página web institucional del Principado de los contratos menores de la Administración, responsabilidades personales para los políticos o funcionarios que hagan contrataciones fraudulentas, un mayor control de las incompatibilidades y más transparencia en organismos colegiados como la Comisión de Urbanismo y Ordenación Territorial de Asturias (CUOTA). Éstas son algunas de las veintidós medidas para la regeneración de la «degradada» función pública asturiana que ha reunido la Junta de Personal Funcionario del Principado en un documento, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, que será presentado en breve tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios de la Junta General o a instituciones como la Procuradoría General.

La propuesta también plantea la puesta en marcha de mecanismos que permitan a los empleados públicos denunciar, con protección, presuntos casos de corrupción en la Administración. De esta forma, se pretende facilitar que el personal pueda colaborar en la detección de actuaciones irregulares sin temor a sufrir represalias que puedan afectar negativamente a su carrera profesional.

En el inicio de una nueva legislatura autonómica, la propuesta de los funcionarios persigue poner coto, con medidas concretas, a los numerosos escándalos, problemas y carencias detectados en la función pública asturiana y en la gestión de personal del Principado durante los últimos años, reiteradamente denunciados por LA NUEVA ESPAÑA. Ahí están, a modo de ejemplos, el denominado «caso Marea» de corrupción en el seno de la Administración regional, las numerosas sentencias contra el uso excesivo de la libre designación, incluyendo la anulación del nombramiento de 240 altos cargos entre otros varapalos a la gestión del personal, la falta de controles para evitar contrataciones «a dedo» o los casos de empresas de familiares directos de altos funcionarios del Principado que facturaban habitualmente para la Administración regional.

Para empezar, y con el objeto de garantizar una correcta selección del personal, el documento propone que la elección de los integrantes de los tribunales deje de ser discrecional y que, al tiempo, se eliminen las pruebas subjetivas que, como en el caso de las entrevistas personales, puedan beneficiar a determinados candidatos. Además, la Junta reclama una solicitud previa de compatibilidad para aquellos funcionarios que vayan a preparar oposiciones, o que se exijan responsabilidades personales, además de las penales, para aquellos políticos o funcionarios que intervengan de forma dolosa en contratos fraudulentos. En estos casos, el personal pide que se dispense una especial atención a los encadenamientos sucesivos de contratos temporales o a la cesión irregular de trabajadores.

La propuesta funcionarial también aboga por que se publiquen en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) los nombramientos, ceses y retribuciones del personal eventual de confianza de los altos cargos o que los nombramientos provisionales en comisiones de servicio sólo se hagan por razones de urgente necesidad, convocando esos puestos por concurso de méritos en un plazo máximo de tres meses. En esta misma línea, la Junta de Personal sostiene que los nombramientos de libre designación sean «excepcionales», exclusivamente para aquellos puestos que requieran un elemento de confianza y, en ningún caso, para funciones relacionadas con personal o intervención y fiscalización del gasto. De igual forma, persigue que la interinidad se limite a casos muy justificados y urgentes, incorporando las vacantes a la primera oferta de empleo.

Del capítulo de retribuciones destaca la propuesta de suprimir el denominado complemento del alto cargo, una gratificación para los funcionarios que ocupen durante dos años puestos políticos en la Administración. Este complemento, que en la actualidad se consolida al cesar como alto cargo, es, a juicio de la Junta de Personal, un «privilegio salarial que carece de cualquier justificación objetiva o razonable, más allá de premiar una actuación partidista».

La propuesta de regeneración de la función pública también tiene en cuenta la necesidad de controlar a fondo las posibles incompatibilidades, con el objeto de «evitar conflictos de intereses por la simultaneidad de las funciones públicas con actividades en el sector privado», así como la creación en la web institucional del Principado de un registro de contratos de acceso libre. En este asiento tendrían que inscribirse todos los contratos de la Administración, incluidos los menores. En el caso de los denominados contratos negociados sin publicidad, los funcionarios creen que debe ser obligatoria la inclusión en el citado registro de empresas consultadas y el importe de sus ofertas.

Para evitar la existencia o sospecha de que pueda haber conflictos de intereses o informaciones privilegiadas en la preparación de pruebas selectivas para acceder al empleo público, la Junta de Personal reclama a la Administración que extrema las medidas de control. Y, para esta tarea, da especial relevancia a la Inspección de Servicios.

El Instituto Adolfo Posada fomentará y dará prioridad a la formación de los miembros de tribunales de selección, incidiendo especialmente en los secretarios, que son los encargados de velar por la legalidad de los actos del tribunal, cuyos integrantes no deberían ser elegidos de forma discrecional, según la Junta.

La Junta de Personal aboga por desterrar ciertas prácticas de las pruebas de selección que son incompatibles con la objetividad que siempre debe presidir estos procesos y que benefician a algunos aspirantes violando el principio de igualdad. Es el caso de la entrevista personal o la exigencia de memorias sobre las funciones específicas de un puesto ocupado previamente por un aspirante a la plaza.

Los funcionarios consideran urgente erradicar la provisionalidad generalizada en la Administración, que condiciona los concursos de méritos en favor de quienes han estado trabajando en comisión de servicios.

La Junta de Personal califica de «inaplazable» acabar con la opacidad que aprecia en torno al personal eventual de confianza, evitando los riesgos de tráfico de influencias. En época de crisis como la actual, la propuesta es que no haya más de un empleado de estas características en cada Consejería.

Acabar con las prácticas frecuentes de cesión de trabajadores vinculados a empresas públicas hacia la Administración para evitar de forma «fraudulenta» la ampliación de la oferta de empleo público es otra de las cuestiones que la Junta de Personal propone para la regeneración de la función pública asturiana que persigue.

La contratación innecesaria de servicios privados, en muchas ocasiones mediante contratos menores o negociados sin publicidad, cuando la propia Administración dispone de personal cualificado para desempeñarlos, es otra de las cuestiones a eliminar, según los funcionarios.

La Junta de Personal estima que las retribuciones por gratificaciones extraordinarias deben de publicarse en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA), identificando al perceptor, el puesto que ocupa y el importe económico. La documentación se enviará trimestralmente a los sindicatos indicando las causas concretas de las citadas gratificaciones.