Curiosamente el recorte estimado en el empleo público y la estimación en la merma de recaudación tributaria por la economía sumergida ¡¡coinciden (¿ ?)!!

La hora de los recortes

Las administraciones públicas deberán suprimir 200.000 empleos en toda España hasta 2013, según un informe del banco suizo UBS

JORDI CUENCA, en La Nueva España.
Cuatro años después del inicio de la crisis económica, las administraciones públicas han empezado, con distintos ritmos, a aplicar los recortes que una mayoría de empresas comenzaron a poner en práctica ya en 2008, cuando la intoxicación por las hipotecas basura llevaba un año contaminando el sistema, sobre todo el financiero, que da vida a todo lo demás. La crisis de la deuda, que estalló con toda su crudeza en la primavera de 2010, obligó al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a llevar a cabo un severísimo recorte del gasto público -bajada de sueldo a los funcionarios, congelación de las pensiones- para contener el déficit.

Los mercados donde España se financiaba hasta entonces dijeron basta, y el Ejecutivo tuvo que frenar en seco la política keynesiana de inversión pública con que había pretendido hacer frente a la crisis hasta aquel momento. Las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y el temor a un castigo inmisericorde de los ciudadanos provocó que ninguna autonomía, ni siquiera las más endeudadas, tomaran medidas de alcance para reducir de una vez sus déficits y sus deudas.

Luego del triunfo del PP en casi toda España en las elecciones autonómicas y ante la perspectiva de que este partido conseguirá el Gobierno de España tras las elecciones del 20 de noviembre, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, para no perjudicar a Mariano Rajoy, están tomando medidas de contención que más bien parecen parches para evitar la sangría. Cataluña, con un Gobierno más asentado y de signo político contrario al anterior, está siendo -si exceptuamos ese banco de pruebas en que parece estar convirtiendo a Castilla-La Mancha la presidenta de esa autonomía y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal- la mejor imagen, al entender de muchos, de lo que le espera a este país cuando tome posesión el nuevo Ejecutivo. Sea del PP o del PSOE -o de coalición con nacionalistas-, hay coincidencia en que 2012, como mínimo, será un año de gran sufrimiento, para la ciudadanía y el sector público, incluidas las sacrosantas sanidad y educación, que ya están viendo las orejas al lobo. Otra cosa es dónde ponga el acento -y los límites del recorte- cada partido.

Con la celebración de las elecciones, ya nadie tendrá excusas para no actuar. Y los augurios son tremendos. El banco suizo UBS, en un reciente informe sobre la economía española en la era de la austeridad, asegura que la caída de las dos principales partidas del gasto público (salarios y gastos corrientes) es «insuficiente para reducir el déficit público a la velocidad requerida» y apunta que, al margen de la «prevista reducción del número de funcionarios, es probable que los salarios medios crezcan menos que la inflación durante unos años». Además, incide en la necesidad de más recortes en el gasto corriente, con «120.000 millones aún plagados de partidas superfluas y prescindibles» entre las que cita las subvenciones y las prestaciones en especie.

UBS cree que, para alcanzar el objetivo de déficit de 2012 y dada la reducción de ingresos prevista, las autonomías «deberán haber reducido los gastos ordinarios reales respecto a 2010 en 9.200 millones de euros (-6%)», una decisión «que afectará a multitud de partidas presupuestarias. El estudio dice que los ingresos autonómicos «están muy por debajo de lo presupuestado», y que el Gobierno central limita la capacidad de endeudamiento de estas administraciones al tiempo que los mercados exigen tipos de interés muy altos. La «reacción primera para gestionar la falta de liquidez está siendo una devastadora postergación masiva de los pagos a los proveedores, con unas dramáticas consecuencias para la actividad económica y el empleo». UBS añade que, «además de la paralización de las obras públicas, la reducción del gasto salarial está superando lo presupuestado: intensa destrucción de empleo interino y del personal laboral». Los pronósticos para el sector público son muy desalentadores. Los salarios de los más de 3,2 millones de empleos -las autonomías han acumulado más de un millón desde 1995- consumen el 34% de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto, excluidas las prestaciones sociales.

UBS considera que «el empleo público debería reducirse cerca del 6% hasta 2013, unos 200.000 asalariados menos» para que a mitad de década vuelva al tamaño de 2006, es decir unos 2,9 millones. Al margen de lo que pueda suceder con derechos básicos como la sanidad y la educación, la destrucción de empleo público supondrá un nuevo jarro de agua fría para las pretensiones de cualquier Gobierno de poner freno al paro, tal como se puso de manifiesto en septiembre, donde el desempleo aumentó entre otros motivos por los recortes de empleo público.

La economía sumergida alcanzó en 2010 un 21% del PIB

El reverso de esta moneda…

La economía sumergida es un arma de doble filo: precariedad laboral, delincuencia, marginalidad conviven con una paradójica función de cohesión social. Nadie se puede explicar la relativa paz de un país como España, con más de cuatro millones de parados, si no es por los ingresos que muchas familias obtienen por la vía de la ilegalidad. La contrapartida a este último aspecto es la enorme cantidad de ingresos que una economía sumergida potente como la española detrae a las administraciones públicas. Así, el estudio «La economía española en la era de la austeridad», presentado el mes pasado por UBS, considera que, «al margen del componente delictivo, lo más preocupante» de la economía sumergida en el país «es la merma en la recaudación tributaria, que rondaría el 4%-6% y cuya afloración contribuiría a reducir el déficit fiscal estructural y a aliviar los recortes del gasto público».

El informe asegura que la economía sumergida ha aumentado en España desde el 12% de 1980 al 21% de 2010, «tendiendo a crecer con el ciclo económico e inmobiliario y con reducciones inapreciables en las crisis». Citando estudios recientes de la OCDE y la fundación de las cajas de ahorros Funcas, UBS destaca la tendencia global al «aumento de actividades que, siendo de naturaleza criminal o no, escapan al fisco». La mayoría de los países desarrollados tienen una economía sumergida que acapara entre el 8% del PIB (Suiza o Estados Unidos) y el 15% (Francia), mientras que las economías en desarrollo superan el 25%.