¿Primará la influencia política sobre la gestión eficiente a la hora de tomar la decisión final?... porque al margen de argumentos “de envoltorio” a eso es a lo que se reduce esta cuestión

Sanidad estudia anular una reordenación de médicos que quería ahorrar 300.000 euros

El cambio introducido por el Gobierno de Areces redujo en unos 600 euros mensuales el salario de 40 facultativos del ambulatorio de la Lila

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ, en La Nueva España

La Consejería de Sanidad estudia anular una reforma organizativa que afecta a unos cuarenta especialistas del ambulatorio ovetense de La Lila. El anterior Gobierno decidió en la pasada primavera reducir la cifra de pacientes a los que habían de atender alegando que era necesario «ajustarla a la legalidad vigente». La medida implicó un ahorro que el Ejecutivo de Areces cuantificó en casi 300.000 euros anuales.

Los facultativos afectados sufrieron una disminución de las retribuciones en un promedio de casi 600 euros mensuales. Esta pérdida de ingresos les ha causado una notable contrariedad y ha llevado a algunos de ellos a presentar recursos administrativos que podrían acabar en demandas judiciales.

Las actuales autoridades sanitarias ya han planteado en diversas instancias la posibilidad de volver a la situación precedente. Su principal argumento es que el cambio ha dejado con escasísimo trabajo a los médicos de la Lila, los cuales «pueden tener una demanda inferior a diez pacientes diarios». Por el contrario -prosiguen los actuales dirigentes del Sespa-, han aumentado las listas de espera en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Este retorno a la situación anterior ha sido reclamado tanto por el Colegio de Médicos de Asturias como por el Sindicato Médico (SIMPA), según señaló ayer un portavoz autorizado del Servicio de Salud del Principado (Sespa), quien añadió que «lo que se quiere es evitar una judicialización del asunto».

Y es que, en virtud de la citada reorganización, los enfermos afectados pasaron a ser atendidos por especialistas del HUCA. Ante este aumento del número de pacientes, en algunos casos la Administración sanitaria optó por contratar médicos para el Hospital Central. Los anteriores gestores consideraban ventajoso este paso, pues se trata de facultativos que cubren una jornada de 35 horas semanales, frente a la jornada de doce horas y media (dos horas y media diarias) que desarrollan los «médicos de cupo», colectivo al que pertenecen los facultativos afectados por la reforma organizativa. En otros casos, la primera avalancha de nuevos usuarios fue atajada por los especialistas del HUCA sin necesidad de nuevas contrataciones de profesionales.

Desde el Sespa se puntualiza que la citada incorporación de médicos al Hospital Central prácticamente neutraliza el ahorro pretendido.

Los médicos de cupo son un grupo de facultativos encuadrados en una estructura organizativa antigua que tiende a la extinción pero en la que aún quedan facultativos. Su principal peculiaridad consiste en la ya reseñada jornada laboral, de dos horas y media diarias, pese a lo cual sus salarios pueden rebasar en algunos casos los 3.000 euros mensuales. Esta cifra explica que, aunque tengan abierta la posibilidad legal de «jerarquizarse» (convertirse en especialistas adscritos a servicios hospitalarios), lo habitual sea que la rechacen, pues pasarían a trabajar 35 horas semanales y sus emolumentos crecerían en una proporción muy inferior.

Los cuarenta especialistas afectados por el cambio organizativo han sufrido una reducción de sus cupos de pacientes. Estos cupos habían ido aumentando con el transcurso de los años a causa de la jubilación de médicos cuyos pacientes eran transferidos a otros colegas de la misma especialidad. Cuando esto sucedía, los médicos receptores del cupo veían incrementado su salario, pero no su jornada laboral de dos horas y media diarias.

Los anteriores gobiernos de Asturias optaron por permitir la continuidad de una situación que era fruto de una coyuntura histórica antigua y no exclusiva de la región. Las autoridades sanitarias aspiraban a poner límites a un régimen laboral poco «rentable» para la administración sanitaria. Sin embargo, según fuentes sanitarias, no faltaron resistencias ante los cambios debido, entre otras razones, a que entre los afectados figuraban profesionales que, por diversas razones, tenían influencia en los ámbitos de decisión política.

Finalmente, la pasada primavera se dio el citado paso, que suscitó abundantes resquemores y que ahora puede ser anulado por los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad.