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El Colegio General de la Abogacía cree ilegal la exclusión de los ’sin papeles’

El letrado y médico Julio César Galán considera que la medida es difícil de aplicar porque «no se puede negar la atención sanitaria a nadie»

Foto: El letrado y médico Julio César Galán

06.05.12 - L. FONSECA / D. ROLDÁN | GIJÓN, en El Comercio.

A los partidos políticos y las organizaciones sociales se les ha sumado un nuevo aliado en contra de las medidas que el Gobierno ha tomado en sanidad para reducir el déficit, fijado en unos 15.000 millones. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se muestra muy escéptico con una de las medidas más polémicas tomada por el Ministerio de Sanidad contra la actual situación de los ’sin papeles’. El mayor organismo de los abogados españoles considera que la atención sanitaria es «un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la constitución y en diferentes Estatutos de Autonomía».

El Consejo General apunta que aunque el Ejecutivo tiene la potestad de modificar las leyes a través de reales decretos, este mecanismo no puede modificar estatutos de autonomía por vía urgente. Los abogados aseveran que hay varias normas autonómicas, como las de Aragón, Andalucía, Cataluña y País Vasco, que recogen de forma contundente «la universalización del derecho a la salud y por ello, cualquier modificación de su contenido debería debatirse y aprobarse en el Parlamento».

El CGAE insiste en que la universalización de la atención sanitaria se recoge claramente en la Constitución Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre los derechos del niño y la niña, entre otros.

Mediante la reforma sanitaria, el Gobierno del PP ha decidido que solo se atenderán a las mujeres embarazadas antes, en el parto y después del mismo; a los menores extranjeros que residan en España y a los inmigrantes ilegales pero únicamente a los que acudan por los servicios de urgencias. Ya no podrán acogerse a otras especialidades con cita previa. Pero los abogados recuerdan que la ley es clara y que «el Estado debe garantizar la atención sanitaria de acuerdo a los recursos existentes, pero bajo ningún concepto puede negar ese derecho ni discriminar en su tratamiento a las personas que se encuentren en territorio español, incluso de forma irregular, ya que el derecho a la salud no está ligado a la ciudadanía o a la residencia».

Sobre este asunto, el abogado y médico asturiano Julio César Galán, cree que la normativa tiene difícil aplicación, precisamente por lo mismo que dice el Consejo de la Abogacía: «no se puede negar la asistencia sanitaria a ninguna persona». Galán estima que la reforma «deja en el abandono asistencial a muchas personas y eso, a la larga, tendrá un coste».

Pocas críticas autonómicas

De momento, pocos han sido los gobiernos autonómicos que se han pronunciado. En Asturias, la Consejería de Sanidad no ha indicado si aplicará la reforma. De momento, el Ejecutivo de Cascos sólo ha dicho que no aplicará más ajustes, pero no ha precisado si eso supone un rechazo al decreto sanitario de Rajoy. Quienes sí se han manifestado en contra han sido las autoridades del Gobierno vasco, que ya han adelantado que no aplicarán la reforma sanitaria.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción anunció que promoverá un recurso de inconstitucionalidad «ante la decisión de retirar la asistencia sanitaria ordinaria a los inmigrantes sin legalizar que no logran un contrato de trabajo en un país con seis millones de parados».

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