Datos de Asturias: 6.000 dependientes esperando el plan individualizado de atención y 4.300 esperando la tramitación del expediente para certificar el grado de dependencia
Alberto Zurrón: «Las perspectivas para la Dependencia no pueden ser peores»
El presidente de la Plataforma de Afectados de Asturias considera «urgente» que el Ministerio promulgue nuevas instrucciones que unifiquen criterios
Foto: Alberto Zurrón presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Dependencia en Asturias.
Oviedo / Madrid, P. R., en La Nueva España
El presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Dependencia en Asturias, el abogado Alberto Zurrón, considera que el nuevo suspenso de Asturias en la aplicación de la ley -el último «Observatorio», hecho público el pasado fin de semana, le daba la nota de 3,8- es «el reflejo de un enquistamiento político y una cierta inoperancia para combatir la saturación de los casos pendientes». Según señala Zurrón, «las perspectivas no pueden ser peores», y considera «más necesario que nunca» que el Ministerio de Servicios Sociales «promulgue instrucciones vinculantes para las comunidades autónomas para combatir desigualdades territoriales y unificar de una vez criterios en el reconocimiento de prestaciones, para cortar arbitrariedades y la capacidad de decisión de los familiares, muchas veces a espaldas de los verdaderos intereses y necesidades del dependiente».
Ayer, en el Congreso, la ministra, Ana Mato, afirmó que «en pocas semanas» el Gobierno y las comunidades autónomas «se pondrán en marcha» para abordar la reforma del sistema de dependencia «y garantizar que todos los dependientes tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional», informa «Efe».
La Ministra respondió a una interpelación de CIU reiterando que la reforma de la ley que plantea el Ejecutivo de Mariano Rajoy dará preferencia «a la atención de las personas con mayor grado de dependencia, para que los recursos se dirijan prioritariamente a ellos, los que más lo necesitan». La única medida adoptada por el Ejecutivo hasta este momento ha sido posponer a 2014 la incorporación al sistema de nuevos dependientes moderados (grado I). Mato calificó el actual modelo de «caótico».
«Hemos superado en más de 300.000 personas el número máximo de beneficiarios», afirmó, y advirtió que el presupuesto de 2012 para la dependencia se sitúa en 7.100 millones, cuando lo previsto inicialmente era que en 2015 -año en que debía finalizar la el desarrollo de la aplicación de la ley- fuera de 4.000 millones.
La Ministra reunirá a los responsables autonómicos en un consejo interterritorial a finales de este mes de junio o principios de julio. El objetivo es que la reforma de la ley llegue al Consejo de Ministros en la segunda semana de julio.
Según ha trascendido, el documento que prepara el Gobierno expone seis razones por las que se proponen mejoras, que serán las que traslade a las autonomías. Entre ellas estarían la reducción de la prestación familiar, que pese a que la ley la considera como excepción se ha convertido casi en una regla general, y la necesidad de simplificar la gestión de la ayuda.
Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales del Principado señalaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que, hasta el momento, no han recibido ningún documento del Ministerio. Será Clara Costales, la nueva directora general de Atención a la Dependencia, la que deba abordar la aplicación de la ley de la dependencia en Asturias, en un escenario de recorte presupuestario.
El Principado tiene unos 6.000 dependientes esperando el plan individualizado de atención (PIA) -según datos de marzo de este año-, y el número de personas que estaban esperando la tramitación del expediente para certificar el grado de dependencia era de casi 4.300.
«Me da la sensación de que la actual crisis económica pasará factura no sólo a la dotación presupuestaria para el sector, sino también al espíritu impulsor de la autonomía personal con que nació la ley, ya que la ayuda familiar sigue en aumento, y ello supone una perversión legal, además de un grave perjuicio al sector residencial», apunta Alberto Zurrón.
El presidente de la Plataforma de Afectados advierte de que, en condiciones normales, «las prestaciones de esta ley suponen un retorno del 43 por ciento en impuestos y cuotas sociales».
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