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La traducción práctica del plan de ajuste del Principado aprobado el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) …

La traducción práctica del plan de ajuste del Principado aprobado el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) …

El plan de ajuste de 2012 se lleva por delante 326 millones en inversiones y subvenciones

El Principado, que dice que endurecer el déficit traerá más recortes en servicios básicos, elimina 44 puestos de liberados y reformará el mapa sanitario y educativo

14.07.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El grueso del ajuste de 498 millones de euros que el Principado debe aplicar sobre sus cuentas en 2012, en virtud del plan aprobado el jueves por el Consejo de Política Fiscal, saldrá del capítulo inversor y de subvenciones y transferencias. Hasta 326 millones podará el Gobierno regional en estos ámbitos, tal y como se recoge en el citado documento que ayer mismo fue registrado en la Junta General, donde el lunes dará explicaciones la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.

Teniendo en cuenta que la inversión es siempre una de las partidas presupuestarias más fuertes y que las subidas de impuestos recogidas en el plan no comenzarán a tener impacto sobre las arcas públicas al menos hasta 2013, no es de extrañar que el Principado haya optado por esta vía para cuadrar sus cuentas con rapidez. Obras y proyectos por importe de 103 millones se reprograman; es decir, se retrasan en el tiempo. Otros 128 millones correspondientes a actuaciones finalizadas en 2011 no tendrán continuidad este ejercicio ante la falta de recursos. Y 95 millones salen del tijeretazo en las transferencias y las subvenciones.

El ajuste para 2012 se completa con recortes en otros sectores, fruto de la reducción de aportaciones del Estado y la UE para empleo, medio rural o sanidad. Medidas como el copago (diez millones) o la ampliación de la jornada laboral a todos los empleados públicos (tres millones, aunque aquí se apunta a una previsión de ahorro de hasta 18 millones en el mejor de los casos) completan la planificación del ejercicio en curso.

Pero el documento considerado «idóneo» por el Consejo de Política Fiscal va más allá y avanza las intenciones del Principado en años sucesivos, hasta 2014. Y hay iniciativas jugosas. Se prescindirá de 44 liberados institucionales, por ejemplo. Se habla de una revisión del mapa sanitario (hoy dividido en ocho áreas) y de una reestructuración de la red educativa en todos sus segmentos. Y se ahonda en cuestiones siempre delicadas como las guardias sanitarias o las ayudas sociales de que disponen algunos empleados al servicio de la administración regional.

El Principado, que se compromete a afrontar la reforma del sector público comprometida, incluyendo además fusiones de sociedades o entes todavía no detalladas en caso de que los estudios así lo aconsejen, valoró ayer las consecuencias del Consejo de Política Fiscal en otra de sus vertientes: el endurecimiento de los objetivos autonómicos de déficit. El portavoz, Guillermo Martínez, fue muy claro: «Ajustar más a las autonomías significa insistir en el ajuste en los servicios básicos».

Lamentó Martínez que el Gobierno central no comparta con las autonomías la flexibilización en el objetivo de déficit concedido por la UE a España. «Aplican la ley del embudo, ancho para ellos y estrecho para los demás», dijo. Y cuestionó asimismo que no se vayan a compartir con las regiones los ingresos adicionales que se obtendrán a través de la subida del IVA. «Quieren convertir a las regiones en el chivo expiatorio de la crisis», remarcó el portavoz, que lamentó que se intente trasladar una imagen «de ineficiencia» del Estado autonómico.

El Principado acusa al Gobierno de utilizar a las autonomías de «chivo expiatorio»

La Junta inicia el proceso de endeudamiento para inversiones con bronca por la tramitación

La Administración asume las obras plurianuales y recorta en todas las consejerías

Oviedo, Álvaro FAES, en L.N.E.

Con el ajuste de 498 millones del Principado aprobado por el Ministerio de Hacienda, y la ley de endeudamiento ya en manos de la Junta General, para conseguir 423 millones destinados a inversiones, la Administración regional completa el escenario que desbloquea la parálisis inversora a consecuencia de la prórroga presupuestaria. Aliviado, como dijo la consejera Dolores Carcedo y ayer repitió el titular de Presidencia, Guillermo Martínez, pero muy molesto por la actitud del Ejecutivo central, el Gobierno regional se centra ahora en el pleno del próximo lunes, donde los grupos parlamentarios pondrán la lupa sobre el destino del dinero para las inversiones. Superado el trago del examen por parte del departamento de Cristóbal Montoro, el Ejecutivo asturiano expresó ayer su rechazo a las nuevas exigencias que desde Madrid se imponen a las autonomías. Guillermo Martínez acusó a Mariano Rajoy de utilizar a las regiones españolas como «chivos expiatorios de la crisis» y de aplicar en su conducta la «ley del embudo, ancho para ellos, estrecho para nosotros».

La subida del IVA, «que puede ser legal pero no justa», también provocó la crítica del Consejero. «Es un impuesto que se reparte entre ambos pero que ahora solamente les beneficia a ellos».

El Parlamento asturiano debe aprobar ahora la ley de endeudamiento para recuperar el pulso inversor, la misma que Álvarez-Cascos no pudo sacar adelante en su momento por haber disuelto la Cámara para convocar elecciones. El trabajo de la Consejería de Hacienda, además de pactar con Madrid el exigente Plan Económico Financiero de los 498 millones, se ha centrado en las últimas semanas en elegir el destino de los 426 (los tres de diferencia respecto al crédito solicitado salen de retornos, intereses y otras cuestiones técnicas) para inversiones.

Los pagos irán destinados a obras con compromisos plurianuales, a las que generen ingresos, formen parte de proyectos que obliguen a aportaciones anuales o que se consideren estratégicas porque generan actividad económica. No obstante, ninguna Consejería se libra de importantes recortes, como consecuencia también del ajuste al que obliga la ley de Estabilidad Presupuestaria.

Se trata, en cualquier caso, de cifras relativas a la inversión, que no a los gastos corrientes (sueldos, mantenimiento...). El Principado aún no ha comunicado a los grupos parlamentarios el ahorro por los recortes en el sector público, y sólo ha estimado los ingresos por ventas o enajenaciones de empresas participadas por la Administración y de algunos de sus bienes, como las sedes en Madrid y Bruselas.

Sí aparecen conceptos como la reducción del convenio de patrocinio del Sporting, que baja casi la mitad (de 595.00 euros a 315.500) o el último tramo de las obras del circuito «Fernando Alonso» en La Morgal, al que el presupuesto prorrogado entregaba 1,1 millones, pero que pierde cerca de la tercera parte y sólo recibirá algo más de 400.000. En el Niemeyer, el Principado invertirá únicamente 62.000 euros.

La recepción en la Junta del Principado de la solicitud de endeudamiento para acometer las inversiones pendientes provocó ayer cierta bronca durante la reunión de portavoces. El Grupo Socialista propuso la aprobación por vía de urgencia y lectura única (sin posibilidad de enmiendas), un punto para el que se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara. Con la negativa del PP y la inicial de Foro, ambos sin acceso previo al proyecto de ley, el portavoz socialista, Fernando Lastra, abandonó la sala y regresó, tras una conversación telefónica, con la sugerencia de retomar el diálogo el lunes. El Partido Popular manifestó que no cambiaría su decisión y todo indica que Foro podría reconsiderar su rechazo.

No gusta en el Principado, y tampoco en las otras tres autonomías que votaron en contra de las medidas de Rajoy (Andalucía, Cataluña y Canarias), así como en las dos del PP que se abstuvieron (Castilla y León y Extremadura), que el Gobierno central no reparta la flexibilidad de la Unión Europa con España, tras permitir que este año su déficit se mantenga en el 6,3% del PIB y no en el 5,3% como solicitaba inicialmente. No sólo eso, sino que las comunidades autónomos deberán dejar sus números negativos el año que viene en el 0,7% y en el 0,1% en 2014.

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