Camino del fin de la independencia política de la administración en la más absoluta indefensión
Los sindicatos consideran «una salvajada» el despido de los laborales en la Administración
CC OO sostiene que el nuevo decreto de Rajoy abre la puerta al despido colectivo y CSIF pide que se recorten antes más asesores y altos cargos
Oviedo / Gijón, J. A. A. / M. C.
Rechazo contundente de los sindicatos al real decreto de Mariano Rajoy que permite a las administraciones despedir a personal laboral fijo si su asignación presupuestaria cae, al menos, en un 10 por ciento anual. La UGT planteó matices al texto del Gobierno central, CC OO sostuvo que esa medida vulnera la negociación y abre las puertas al despido colectivo en la Administración, mientras que CSIF calificó de «salvajada» una iniciativa que atenta «contra la independencia de la función pública».
Antonio Pino, secretario general de CC OO de Asturias, afirmó que el real decreto sobre el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada supone la vulneración de la negociación colectiva «y deja indefenso al personal de las administraciones públicas». Pino alertó de las consecuencias que tendrá la nueva normativa planteada por el Gobierno central: «Este nuevo ataque al sector público deteriorará más la calidad de los servicios y generará más paro». El dirigente sindical también criticó que el Ejecutivo de Rajoy divulgue esta medida «con nocturnidad y alevosía, en pleno mes de agosto». UGT, por su parte, cuestionó la vaguedad del real decreto, que consideró impreciso en buena parte de su redacción.
Juan Gavira, secretario de acción sindical de CSIF en Asturias, calificó de «salvajada y barbaridad» una iniciativa que «se carga de un plumazo la independencia de la Administración». El representante sindical advirtió de que con esta medida «una Administración puede bajar su presupuesto, hacer un expediente de regulación de empleo y, a continuación, fichar a quien le dé la gana». Gavira considera que el Gobierno debería empezar por recortar más asesores y altos cargos. «Sólo en Asturias hay más de cien asesores y en el conjunto de España hablamos de miles. ¿Por qué no se empieza diciendo con transparencia cuántos son y dónde cobran?», se planteó el secretario de acción sindical de CSIF, quien afirmó que «antes de emprender estas medidas deberían adelgazar la Administración con el cierre de fundaciones y entes, donde se coloca a los amiguetes».
Oposición sindical a la ley para los despidos colectivos en la Administración
08.08.12 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.
Los sindicatos anuncian un 'septiembre movido' ante la ley que prepara el Gobierno central y que permitirá a todas las administraciones públicas llevar a cabo despidos colectivos de personal laboral fijo o, lo que es lo mismo, expedientes de regulación de empleo.
Las centrales consideran que este nuevo paso del Ejecutivo de Rajoy, que ultima el contenido de este nuevo reglamento, vulnera la negociación colectiva y deja en situación de «indefensión» a los trabajadores de las administraciones públicas. «Esta peligrosa normativa puede convertir en habitual algo que era excepcional y puntual hasta ahora», avisa Antonio Pino, secretario general de CC OO. Desde este sindicato, el responsable de la sección de Servicios a la Ciudadanía, José Antonio Fernández, advierte de que se deja abierta la puerta a que personal fijo pueda ser víctima de un ERE. «Tienen en sus manos echar a gente cuándo y cómo quieran», asegura, antes de advertir de que los sindicatos preparan nuevas movilizaciones y medidas de protesta más radicales a partir del próximo mes de septiembre.
Desde UGT, el secretario de Administración Local, Luis Ángel Campomanes, sostiene que con esta iniciativa se constata que el Gobierno tiene a los trabajadores de las administraciones «en el punto de mira». Teme, según dice, que detrás de este tipo de propuestas esté el interés en dejar la función pública en manos de empresas privadas. «No sé si será mejor o peor, pero seguro que más caro», apostilla.
En este sentido, Suatea advierte de que la problemática afecta a toda la sociedad. «La pérdida de empleo público -señalan en una nota- lleva a la supresión de los derechos básicos de la ciudadanía».
Por su parte, el consejero de Industria y Empleo del Principado, Graciano Torre, cree que es «la crónica de una muerte anunciada», aunque reiteró que en Asturias no tiene
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