Termo, fiambrera y, por tanto, salas de estar, que no hay, debidamente acondicionadas para el pincho
La Junta de Personal pide a Función Pública «habilitar salas para comer de tupperware»
Oviedo, J. A. A., en La Nueva España
En el edificio inteligente del Principado, el EASMU, ubicado en Llamaquique, no hay salas con un microondas o con un grifo, que puedan usar los trabajadores públicos en la hora del almuerzo. La anécdota cobra especial importancia en tiempos de crisis. Tanto es así que la Junta de Personal pidió ayer a los responsables de Función Pública que se habiliten salas para que puedan hacer las veces de comedor a la hora del almuerzo.
«Muchos trabajadores ya no pueden permitirse almorzar de menú en los restaurantes o las cafeterías y llevan la comida en el tupperware. Algunos van a comer al Campo San Francisco y luego toman un café en una cafetería. Los hosteleros de los alrededores han notado el bajón en la afluencia de funcionarios», asegura Miguel Ángel González, presidente de la Junta de Personal de la administración autonómica. «Es una consecuencia más de los recortes que venimos sufriendo los empleados públicos», afirmó el representante sindical. La Junta de Personal trató ayer con Función Pública la ampliación de la jornada laboral. Esa reunión sirvió para que el Gobierno regional confirmase que será flexible en la aplicación de la nueva jornada. Función Pública mantendrá como horario obligatorio para el personal de las consejerías la franja comprendida entre las 9 y las 14 horas. El resto, hasta completar las 37 horas y media o las 40 (en el caso de la dedicación especial), podrá cumplirse en los siguientes tramos: de 7.30 a 9, de 14 a 15 horas y de 16 a 19.30 horas. «Pese a esa concesión, salimos de la reunión con Función Pública con una valoración bastante negativa», declaró a este periódico Miguel Ángel González. «El Principado no tiene voluntad política de recurrir ante el Tribunal Constitucional la ampliación de la jornada, decidida por el Gobierno central. Nos han dicho que los servicios jurídicos lo están estudiando. Pero llevan un mes dándonos la misma respuesta», precisó González.
El Principado habilitará comedores para los funcionarios en edificios públicos
El Ejecutivo quiere compensar con esta medida el incremento de horas de los empleados y su pérdida de poder adquisitivo por la aplicación de los recortes
25.08.12 - JOSÉ A. GARCÍA | OVIEDO, en El Comercio.
El Principado puso ayer negro sobre blanco la propuesta que aprobará el Consejo de Gobierno y que incluye los ajustes a los empleados públicos de la Administración regional. Medidas, entre las que se incluye la ampliación de la jornada laboral a los funcionarios. Los sindicatos no suscriben este planteamiento y así lo han trasladado en las reuniones que se han celebrado a lo largo de la presente semana. Aseguran que no pueden compartir unas medidas que suponen una regresión en los derechos de los trabajadores.
Pocas compensaciones para tanto retroceso, opinan los representantes sindicales, que salen de estas conversaciones con dos compromisos por parte de la Administración regional. El primero, ya conocido, la flexibilización a la hora de aplicar las dos horas y media más que tienen que trabajar los funcionarios desde el pasado mes de julio. La segunda, desvelada ayer, es que se habilitarán en todos los edificios públicos espacios a disposición de los empleados para que estos, si lo consideran oportuno, puedan almorzar. Los sindicatos habían trasladado esta solicitud como contrapartida al hecho de que los empleados públicos tendrán ahora que hacer dos horas y media más a la semana, además de que tendrán menos poder adquisitivo por los recortes en sus nóminas
La propuesta definitiva para los empleados públicos, cerrada con el rechazo de todas las centrales presentantes en la Mesa General, será ahora trasladada al Consejo de Gobierno para su aprobación, que no se producirá antes de dos semanas. El motivo es que el decreto que regula la actividad de los funcionarios es una disposición de carácter básico y eso significa que se deben habilitar diez días como periodo de alegación para que cualquier ciudadano pueda hacer observaciones a la propuesta.
Los sindicatos acudirán a ese periodo de alegación para mostrar su rechazo y ofrecer sus alternativas. No les valen los argumentos del Gobierno regional ni tampoco que no se plantee un recurso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se produce una invasión de las competencias en materia de función pública.
De momento, los sindicatos anuncian un final del verano «caliente» con más movilizaciones. La mirada está puesta en la gran marcha en defensa de los sectores públicos prevista para el próximo 15 de septiembre en la que, según estimaciones de las centrales, podrían desplazarse a Madrid desde Asturias más de cinco mil personas.
Pino y Braga insisten en que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional
25.08.12 - J. A. G. | OVIEDO, en El Comercio.
Varias capitales de provincia de toda España fueron escenario ayer, a las once horas, de marchas y concentraciones para protestar contra los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Asturias no fue una excepción. Varios cientos de empleados públicos, todos ataviados con prendas de color negro, en señal de luto por los servicios públicos, protagonizaron ayer la marcha por el centro de Oviedo, en un recorrido que les llevó desde Delegación del Gobierno hasta la Junta General. En la concentración también estuvieron presenten los responsables regionales de los dos sindicatos mayoritarios: Justo Rodríguez Braga, por parte de UGT, y Antonio Pino, de Comisiones Obreras. Ambos tienen claro que el Principado no puede dar su brazo a torcer ante las medidas de ajuste impuestas por el Gobierno de Rajoy.
Rodríguez Braga advirtió de que su sindicato no va a aprobar ninguna medida «regresiva» para los trabajadores, en alusión a la propuesta presentada por el Principado para los funcionarios públicos. No obstante, el líder de UGT en Asturias se mostró comprensivo con el Gobierno regional y recordó que las medidas vienen «impuestas» por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dicho esto, Justo Rodríguez Braga no tiene dudas y opina que el Principado debe dar un paso adelante y presentar recurso de anticonstitucionalidad ya que las citadas medidas «vulneran las competencias de la comunidad autónoma».
Más beligerante fue Antonio Pino. El secretario general de CC OO advierte de que ya sea por la vía de las demandas judiciales o por la rebeldía en la aplicación de alguna medida, «las regiones tienen que poner un pie en pared». Aseguró que su sindicato no comparte la idea de que los recortes deban tener repercusión sobre el empleo y por eso insta al Ejecutivo de Javier Fernández a buscar otras medidas de ahorro en los servicios públicos y evitar así que el perjuicio de los trabajadores.
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