Ya era hora de que se hiciera algo
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La sanidad inicia un encierro de protesta contra cambio de jornada
La finalidad de esta acción es solicitar nuevamente la apertura de la mesa de negociación
EFE
Representantes de los sindicatos de la sanidad asturiana USAE, SATSE, SICEPA, CCOO y UGT han iniciado un encierro en las dependencias del Sespa para protestar por inminente aprobación por el Consejo de Gobierno del Principado del acuerdo que modifica la jornada ordinaria de trabajo en los servicios sanitarios.
Los sindicatos han informado de que el encierro ha comenzado esta mañana en la sede del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), en la plaza del Carbayón de Oviedo.
La finalidad de esta acción es solicitar nuevamente la apertura de la mesa de negociación.
Los sindicatos consideran que los recortes que el Gobierno asturiano pretende aplicar van a repercutir negativamente en los servicios que recibirá el ciudadano.
Asimismo, han añadido que mediante el diálogo puede encontrarse una mejor fórmula para aplicar la ampliación de jornada evitando la pérdida de puestos de trabajo y minimizando el perjuicio al usuario.
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EFE
Los sindicatos consideran que los recortes que el Gobierno asturiano pretende aplicar van a repercutir negativamente en los servicios
En declaraciones a los periodistas, los portavoces de los sindicatos han asegurado que el encierro seguirá adelante de forma continuada hasta que sean recibidos por "alguien con autoridad" para sentarse a negociar el documento que, aseguran, es más lesivo en comparación con la aplicación que se ha hecho de los recortes en el resto de comunidades autónomas.
"El Gobierno no tuvo prisa en llamarnos a negociar y en dos horas y media nos despacharon, así que nosotros estaremos aquí hasta que quieran negociar o nos echen", ha declarado María José Fernández, una de las encerradas pertenecientes al Sindicato de Auxiliares de enfermería.
El motivo de discordia entre el Principado y los sindicatos sanitarios sigue siendo la falta de negociación, que desde las organizaciones no aciertan a entender, y citan como ejemplo los "pequeños logros" conseguidos en el sector de la educación.
Insisten en que los sindicatos aceptan la imposición de las 37 horas y media semanales y que cumplirán la ley aunque estén "más o menos" de acuerdo, pero han asegurado que entre la propuesta del Gobierno y la suya (¿la del SIMPA…?) existe un amplio abanico que implicaría la pérdida de doscientos puestos de trabajo más.
Asimismo, aseguran que todavía no han recibido información acerca de la repercusión de los recortes en la pérdida de empleo, y reclaman una reunión para conocer la situación de la plantilla fija, de interinos y las vacantes que existen.
"El ocultismo que están manteniendo es incomprensible y sólo se explica por dos razones, o no tienen ni idea de la situación o no quieren decírnoslo", ha asegurado Fernández.
Por su parte, el portavoz de CCOO, Juan José Martín, ha indicado que la cerrazón a cualquier tipo de negociación sólo puede deberse a motivos económicos.
"El único motivo es el ahorro, y el sector de la sanidad es donde más personal hay, y donde más horas se puede meter al personal, sobre todo en los turnos de noche", ha asegurado Martín, que ha añadido que la política regional de aumentar la jornada supondrá el despido de la mayoría de los interinos y eventuales cuando, en su opinión, la solución debería empezar por reducir el número de los primeros mediante oposiciones.
El portavoz de UGT, Juan Montes, ha considerado que los recortes afectarán a la calidad del servicio, y ha añadido: "Se están cargando el sistema público de salud".
Las organizaciones sindicales aseguran que la consecuencia de la firma del documento hoy en el Consejo de Gobierno será que una plantilla "envejecida" como es la de los trabajadores sanitarios se verá sobrecargada y con un número menor de trabajadores, lo que supondría un retorno a calidades laborales cercanas a las de 1987.
"Nos van a obligar a hacer turnos, trabajando una semana de mañana, otra de tarde y otra de noche, que es inaguantable", se lamenta la secretaría del SASE, Margot Marqués.
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