El desmantelamiento del sector minero nacional
Soria ratifica en el Congreso un recorte del 40% en la producción de carbón de este año
El ministro de Industria afirma que hará «lo posible» para que las minas rentables en 2018 puedan seguir funcionando sin tener que devolver ayudas
Madrid, Modem Press
El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confirmó ayer en el Congreso de los Diputados la decisión del Ejecutivo del PP de reducir la producción de carbón para el presente año desde los 9,2 millones de toneladas previstas en el Plan 2006-2012 a algo más de 5, más de un 40%. Un recorte que ya habían denunciado hace días sindicatos y empresarios tras recibir la convocatoria de ayudas para este ejercicio, que serán de 111 millones de euros. La rebaja en la producción «es verdad», aseguró Soria ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara Baja y respondiendo a sendas preguntas en este sentido de los diputados asturianos Antonio Trevín (PSOE) y Gaspar Llamazares (IU). «La producción», explicó el Ministro, «se viene reduciendo desde el año 1990 como consecuencia de la aplicación de los sucesivos planes de ajuste y por ello ha pasado desde los 19,6 millones de toneladas de ese año 1990 al entorno de seis millones que se producirán durante este ejercicio 2012», afirmó.
El Ministro, en una larga comparecencia, de cerca de tres horas y media, en la que tocó muchos de los temas sobre los que mantiene competencias su departamento, apenas dedicó unos minutos al sector minero, aunque sí planteó una novedad respeto a lo que venía defendiendo el Gobierno del PP hasta la fecha, y aseguró que «es voluntad del Gobierno que las minas que sean competitivas puedan seguir con su actividad el 1 de enero del 2019 y el Gobierno hará todo lo posible para que las minas que sean rentables puedan continuar abiertas», sin tener que devolver las ayudas, «como marca la legislación europea aprobada, entre otros, por el Gobierno de España, entonces dirigido por el PSOE».
Ante la aparente contradicción en la que incurría el Ministro, que el pasado 26 de julio dijo ante la misma Comisión del Congreso que veía «prácticamente imposible» que alguna explotación pudiera mantenerse abierta tras el 31 de diciembre de 2018, el diputado socialista Antonio Trevín le preguntó si desde ese día había habido algún hecho objetivo en el seno de la UE para afirmar lo dicho. El Ministro dijo que «no, no hay ningún cambio, sólo la voluntad del Gobierno de que las empresas que sean competitivas puedan seguir abiertas, aunque para ello tendremos que tratar de modificar, si es posible, la actual legislación europea». Esa es precisamente la principal reclamación del Gobierno regional de Castilla y León, del PP.
José Manuel Soria no quiso asegurar si su Ministerio convocará la Comisión de Seguimiento del Plan 2006-2012, tal y como se comprometió el Secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, en su última reunión con sindicatos y empresarios del sector, el pasado uno de agosto. Pese a la insistencia de los diputados Antonio Trevín y Gaspar Llamazares para que Soria respondiese a ese extremo, el Ministro se limitó a asegurar al respecto que, «cuando se decida cuál es el techo de gasto del que disponemos y nuestra disponibilidad presupuestaria, llamaremos al sector para negociar un plan del 2013 al 2018». «Mientras, hemos sacado la convocatoria de ayudas para este año y se ha pedido colaboración a las empresas para eliminar los obstáculos de la UE al plan de cierre al 2018», indicó el ministro de Industria, que aclaró que probablemente, «el año que viene habrá nuevos ajustes presupuestarios».
Tanto el socialista Antonio Trevín como Gaspar Llamazares (IU) acusaron al Ministro y al Gobierno de «desmantelar» el sector minero y exigieron al mismo la convocatoria de la Comisión de Seguimiento. «La reunión de la Comisión de Seguimiento del 1 de agosto fue un paripé», le espetó al Ministro Antonio Trevín. «Negocie y convóquela porque usted decía que bajo la presión de las movilizaciones no negociaba por lo que espero que ahora que ya no las hay pueda usted negociar», insistió el diputado asturiano del PSOE. Trevín acusó al Gobierno de aplicar «nuevos recortes con la reducción del 41% de la producción, de 9,2 a 5 millones de toneladas», y acusó al PP de «ir contra el carbón, sólo contra el carbón nacional, por un cuestión ideológica que siempre ha tenido el PP contra nuestro carbón».
Gaspar Llamazares, por su parte, acusó al Gobierno central de tener una «sola idea fija», que a su juicio es «contribuir al desmantelamiento del sector». Por ello, exigió al Ministro «rectificar en la decisión tomada por el Gobierno de cerrar la minería del carbón». Tras exigirle también a José Manuel Soria que «negocie» con sindicatos y empresarios, Llamazares acusó al ejecutivo popular de llevar una política minera «sin orden ni concierto» y le reprochó su «alevosía» al tomar la decisión de «enviar una carta a las empresas pidiendo el plan de cierre de los pozos menos rentables y reduciendo en un 46% la producción fijada por el Plan del Carbón para este año».
El portavoz del PP en la Comisión, el también asturiano Ovidio Sánchez, acusó a los socialistas de ser «quienes firmaron el Plan de cierre en Europa en el año 2010» porque «el PP siempre defendió el carbón» y por tanto «tramitamos a disgusto el cierre de las minas en el 2018». De cualquier manera, Sánchez, antes incluso de que lo dijera el Ministro, abrió la puerta a que las explotaciones rentables en el 2018 «no tengan que devolver las ayudas y puedan continuar abiertas». «Puede ser posible», finalizó.
Soria confirma un recorte del 46% en la producción de carbón este año
El ministro asegura que el déficit de la tarifa eléctrica se ha reducido en 3.586 millones en lo que va de 2012
06.09.12 - J. C. VILLAR | GIJÓN, en El Comercio.
Industria publicará en los próximos días las ayudas a las empresas de carbón correspondientes a 2012 sobre la base de un recorte de la producción del 46%. Así lo confirmó ayer el ministro José Manuel Soria, quien pidió «colaboración» a las empresas para resolver los problemas que plantea la Comisión Europea al plan de cierre de las minas remitido por el anterior Gobierno en agosto de 2011.
Soria, que compareció en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, explicó que este año las minas españolas producirán del orden de 6 millones de toneladas de carbón, muy por debajo de los 9 millones previstos en el plan minero. Según el ministro, esa disminución no surge de un recorte auspiciado por el Gobierno sino que es el volumen real de carbón que extraen actualmente las empresas mineras y el que Industria toma como referencia para convocar las ayudas al sector (111 millones para 2012).
«Es verdad que existe ese recorte», dijo el ministro, quien explicó que esa disminución no es nueva sino una tendencia que se mantiene desde 1990 por los planes aprobados por diferentes gobiernos del PSOE y del PP.
Desde la oposición, tanto el PSOE como IU criticaron con dureza la política minera del Gobierno que, a su juicio, persigue la «liquidación» del sector. El diputado socialista Antonio Trevín acusó al ministro de «demonizar» a los mineros y al carbón, «pero solo al nacional y no al importado, porque en el próximo mes hay elecciones en Galicia» -con centrales térmicas que funcionan con mineral foráneo-.
Trevín reclamó a Soria que convoque la comisión de seguimiento del plan minero, «ahora que ya no tiene la excusa de la agitación en la calle».
Gaspar Llamazares, diputado de IU por Asturias, opinó que el Gobierno sólo tiene una «ida fija: contribuir al desmantelamiento del sector». Primero, con el «hachazo» a las ayudas, y ahora «con alevosía» en pleno mes de agosto, con un recorte de la producción para 2012. Y criticó duramente que Industria pida a las empresas que le comunique qué pozos van a cerrar en vez de plantear una estrategia conjunta para el sector minero.
Para el diputado, la situación de la minería es un ejemplo más de la falta de política industrial del Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, va encaminada al «desmantelamiento» del sector y a convertir España en un «balneario».
Ovidio Sánchez, del PP, calificó de «extraordinaria» la comparecencia del ministro José Manuel Soria y culpó a los socialistas de ser los responsables de la situación que atraviesa la minería porque fue un gobierno del PSOE, en agosto de 2011, el que remitió un plan de cierre a la Comisión Europea. «Entiendo que los socialistas estén cabreados e indignados, pero lo están con los suyos, no con el PP, que siempre defendió la minería». Recordó, asimismo, que durante el primer semestre de 2010 España presidió la Unión Europea (UE) y pocos meses después Bruselas fijó -con el visto bueno del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- que en 2018 desaparecerían las ayudas a las explotaciones de carbón.
El ministro José Manuel Soria, por su parte, pidió «colaboración» a las empresas para resolver los problemas que plantea la Comisión Europea al plan de cierre remitido por el Gobierno en agosto de 2011.
Déficit eléctrico
El Gobierno, por otro lado, cifra en 3.586 millones de euros el impacto de las medidas tomadas este año para mitigar el déficit eléctrico de tarifa. Un problema que el sector energético arrastra desde hace una década y que, según el Ministerio de Industria, en diciembre de 2011 ascendía a 24.000 millones y seguía creciendo a un ritmo estimado en 6.000 millones al año. De ellos, 14.000 millones están titulizados.
La estrategia de Industria, que incluye una moratoria para las energías renovables, la reducción en los ingresos por distribución de las eléctricas y subidas en el precio de la luz, avanza a falta de una reforma definitiva, por discrepancias entre ministerios y entre las distintas tecnologías. Así, Soria concretó que la subida del precio de la electricidad ha permitido aumentar en 1.380 millones los ingresos de las eléctricas. El ministro también cifró en 2.200 millones el coste anual que debe afrontar la tarifa eléctrica para atender a la amortización y a los intereses derivados de la deuda del sector. Y dejó claro que, de no haberse tomado medida, los números rojos aumentarían cada año hasta duplicarse en 2015.
En materia de turismo, aprovechó para dar a conocer las perspectivas de su departamento para el cierre del verano. Prevé que en esta temporada estival visitarán España 27,6 millones de extranjeros, lo que supondría un 3,9% más respecto del año pasado, cuando el país se benefició del desvío masivo de visitantes por la 'primavera árabe'.
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