Esencial cerrarlo antes de ir a la negociación presupuestaria para nuestra comunidad en 2013
El nuevo pacto social asturiano, bloqueado
La patronal FADE se enfrenta al Gobierno regional y a los sindicatos al considerar que los recortes se centran en las ayudas a la actividad empresarial y en la inversión pública
Foto: De izquierda a derecha, Justo Rodríguez Braga (UGT), el presidente Javier Fernández, Antonio Pino (CC OO), Severino García Vigón (FADE) e Ignacio Núñez (FADE), durante el último encuentro oficial de la mesa principal de la concertación, el pasado 10 de septiembre.
Oviedo, L. GANCEDO, en La Nueva España
Las conversaciones para reeditar el pacto de concertación social en Asturias han tropezado en cuanto los negociadores -el Gobierno regional, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO- han empezado a negociar cómo repartir los recursos, más escasos esta vez, que sustentarían un posible acuerdo. Las diferencias se desencadenaron anteayer durante una reunión en la que los sindicatos abogaron por volcar buena parte del dinero en políticas de corte social y la representación empresarial rechazó que se jibaricen los fondos de promoción económica (inversión pública, incentivos a la contratación, innovación o comercio exterior). La tensión es tal que algunas fuentes conocedoras del proceso señalaron que la concertación asturiana está «bloqueada». El Principado, apremiado por la inminente negociación política de los Presupuestos para 2013, pretende cerrar la concertación en los próximos días.
Los contactos entre el Ejecutivo de Javier Fernández y los agentes sociales habían quedado aparcados el pasado agosto hasta que el Principado estuviera en condiciones de concretar de qué dinero dispondrá para desarrollar los compromisos que se firmen en los cuatro capítulos de la concertación: promoción económica, empleo y formación, cohesión social e inversión. El Principado ya ha transmitido a la FADE y los sindicatos la cantidad que prevé para el conjunto de los tres primeros epígrafes: en torno a 230 millones al año hasta 2015, aproximadamente un tercio menos de lo que supuso el anterior pacto (2008-11). El epígrafe de la inversión no tiene cifras aún.
El presidente del Principado, Javier Fernández, y el consejero de Industria, Graciano Torre, transmitieron esos primeros números al líder de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Severino García Vigón, y a los responsables sindicales, el ugetista Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino, de CC OO, durante un encuentro informal a principios de este mes. Según las informaciones recabadas, todos los participantes asumieron en principio el recorte en relación a negociaciones precedentes.
Superada la huelga general del 14-N, que estos días provocó encontronazos dialécticos entre dirigentes sindicales y de la patronal asturiana, los agentes sociales fueron citados anteayer por el Principado para avanzar en la asignación de los fondos por bloques de políticas. Ahí estalló la tensión. Los representantes de FADE criticaron que sigan sin concretar los compromisos de inversión pública, capitales para las empresas de la construcción. Según el criterio de la patronal, el Gobierno asturiano y los sindicatos están planteando una reducción inaceptable de partidas que podrían servir para estimular el crecimiento económico. UGT y CC OO, por su parte, quieren que se ponga el acento en el capítulo social. Según algunas fuentes de la negociación, el Gobierno sintoniza con ese planteamiento sindical, que supone destinar una parte relevante de los fondos de la concertación a sostener salario social y las ayudas a las personas dependientes y a poner en marcha planes locales de empleo.
El encuentro de anteayer acabó sin que se limaran las discrepancias, pero la negociación sigue abierta. Según las fuentes consultadas, el Gobierno apuesta por conseguir un acuerdo global y no considera la opción de firmar un pacto sin la FADE, algo que en cambio no se descarta en ámbitos sindicales. La patronal, por su parte, no se plantea dejar la mesa. Máxime en el contexto de los llamamientos que su presidente, Severino García Vigón, está haciendo en favor de un «gran pacto» político y social para hacer frente a la crisis económica en Asturias.
Las conversaciones están conectadas con la tramitación y negociación política de los Presupuestos Generales del Principado, que antes de un mes deben entrar en la Junta General. El Gobierno de Javier Fernández aspira a cerrar en las próximas semanas el pacto social -cuyos contenidos y compromisos se incorporarían ya a las cuentas de 2013- y a negociar a renglón seguido el apoyo de IU y UPyD a su proyecto presupuestario. Presumiblemente, IU tratará de conseguir que el Gobierno dé máxima prioridad al gasto social. Algunas fuentes indicaron que el Principado ya está moviéndose en esa dirección, mostrando en la concertación una buena sintonía con las posiciones de UGT y CC OO sobre el gasto social, compartidas en buena medida por la coalición de izquierdas.
IU pide unos presupuestos que «rescaten» a la ciudadanía de los recortes
Manuel Orviz asegura que la coalición no apoyará propuestas «demagógicas que planteen grandes infraestructuras»
17.11.12 - AIDA COLLADO | GIJÓN, EN El Comercio.
En un momento en el que todas las miradas están fijadas en una Izquierda Unida indispensable para que el Gobierno regional pueda sacar adelante los presupuestos de 2013, su coordinador, Manuel González Orviz, ha lanzado un aviso a navegantes. El PSOE tendrá fácil «encontrarse» con IU en muchos aspectos. En todos los que den forma a un «plan de rescate a la ciudadanía, con un refuerzo de las políticas sociales», que contrarresten los recortes impuestos por el Ejecutivo central. Pero será «imposible» que la coalición apoye propuestas «demagógicas, que planteen grandes infraestructuras». Porque el objetivo, aseveró Orviz, «es resolver los problemas de la gente».
Sus relaciones con los socialistas, señaló, están enmarcadas en el «respeto» y en la «apertura a los acuerdos», pero sujetas a un claro límite: «El compromiso con los ciudadanos» que el partido adquirió en el programa electoral con el que concurrió a las pasadas elecciones.
González Orviz cree que en la elaboración de las cuentas hay que tener bien claro que «en Asturias, con 103.000 parados, 46.000 sin prestaciones, no queda otro remedio que pensar en cómo podemos atenderlos». Defendió así el salario social y apuntó que «con una situación de riesgo en las empresas, tenemos que denunciar que lo que se quiere cambiar es el marco de las relaciones laborales, de forma que aprovechándose de la reforma laboral retrocedamos 25 años».
El coordinador regional de IU llamó, también, a «prestar especial atención a los autónomos». Y, sobre todo, a los «falsos autónomos» o «trabajadores por cuenta ajena ultraprecarizados». A su parecer, además, el Principado debe reforzar las políticas de apoyo al sector primario, «a una agroganadería a la que le han pegado un recorte del 20%». Todas estas, resumió, han de ser prioridades para la izquierda, porque «ahora solo se está prestando atención al mercado financiero, a la crisis bancaria, que se está llevando por delante a la pequeña y mediana empresa por no tener acceso a refinanciación».
En cuanto a la nueva propuesta realizada por el Gobierno para dar respuesta a las personas desahuciadas, Orviz recordó que IU ya había pedido que se les ofreciesen soluciones. «Lamentablemente, la situación que se plantea con los desahucios es y va a seguir siendo importante», apuntó. El Ejecutivo central, añadió, «no ha sido capaz, una vez más, de poner en el mismo plano a los ciudadanos que a los poderes financieros».
Cree que el Estado se encuentra ante «un problema de prioridades», cuando se han destinado a la banca «más de 200.000 millones de euros y el propio ministro deja caer que habrá otros 40.000 más», mientras «son incapaces de mirar a los ojos de la gente y decirle que tenemos viviendas, porque la mayoría ya son del Gobierno».
«Aspirina para el cáncer»
Orviz no fue el único que se refirió ayer a estas medidas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy. El diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, tildó ayer las iniciativas contra los desahucios anunciadas por la Administración central como «tiritas para una hemorragia o una aspirina para un cáncer», ya que, en su opinión, no abordan el problema y solo sirven para «lavar la conciencia» del Ejecutivo y de quienes lo apoyan.
«El problema sigue igual», incidió convencido de que solo existen tres soluciones: la moratoria para viviendas habituales, la dación en pago -como ya existe en el conjunto de Europa- y la reforma de una ley hipotecaria que, acusó, además de ser «cavernícola» solo perjudica a los ciudadanos y beneficia a las entidades financieras.
Llamazares recriminó también al Ministerio de Sanidad que le esté «tomando el pelo a los españoles» al decir que estudiará en los próximos meses el mantenimiento del cobro de un euro por receta, porque «si se sigue recaudando y luego se demuestra que no tiene razón, el daño ya estará hecho».
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