Prolegómenos de una incuestionable mala fe del gobierno central que nos abocará a confrontar en el T. Constitucional
El orden de factores, en este caso, si altera el valor del producto.
«Rajoy anunció el impuesto a la banca tras conocer el nuestro», advierte el Principado
El Gobierno regional rechaza tomar «medidas preventivas» para proteger la tasa, pero se prepara ante una confrontación con el Ejecutivo central
Foto: Javier Fernández y Guillermo Martínez, ayer, en la sede de Presidencia del Principado, antes del Consejo de Gobierno.
Oviedo, Álvaro FAES
El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Martínez, defendió ayer la «legitimidad» del impuesto regional a la banca, por el que el Principado espera recaudar 30 millones de euros de las entidades que operan en Asturias, no de los clientes, frente al que también pondrá en marcha el Ejecutivo central (éste a tipo cero), que convertirá ambas tasas en incompatibles. Además de considerarlo un impuesto justo, «ahora que todos tenemos que arrimar el hombro», Martínez puso sobre la mesa la cronología para asegurar que Asturias «ha sido muy clara y ha jugado con las cartas boca arriba». Tras el Consejo de Gobierno, el responsable de Presidencia señaló al Ejecutivo de Mariano Rajoy: «Fue la Administración central la que actuó a posteriori. No sólo tras la sentencia del Tribunal Constitucional -la que legitimó el impuesto en Extremadura- sino también después de conocer la intención del Gobierno de Asturias de incluir este nuevo impuesto entre las previsiones de ingresos».
El Principado trata así de desmarcarse de la estrategia seguida en Cataluña, donde, con un Ejecutivo aún en funciones, aprobaron gravar los depósitos bancarios a través de un decreto y no mediante tramitación parlamentaria, como se hará en Asturias. De hecho, el impuesto en el Principado entrará en vigor este domingo, una vez que el Pleno de mañana, viernes, dé el visto bueno a la ley de Presupuestos (que incluye la tasa). «En Cataluña no hubo un anuncio previo», indicó Martínez, que descartó segundas intenciones en el adelanto asturiano de la entrada en vigor del impuesto al día 30, cuando el nacional lo hará dos más tarde. «No existen atajos ni argucias legales», dijo.
La incompatibilidad del impuesto regional y del nacional avanza semanas de tensión entre ambas administraciones. Por la parte asturiana, de momento, se descartan «acciones preventivas», aunque el Consejero admitió que los servicios jurídicos del Principado trabajan a la espera de si el escenario que surja «es, o no, de confrontación».
Poco después de que el Tribunal Constitucional validase el impuesto de Extremadura, lo que supondrá a la autonomía el acceso a una cuantiosa indemnización (180 millones más intereses), y tras el anuncio de que el Principado pondría en marcha una tasa similar -calcularon ingresos por 30 millones al año-, el Gobierno central hizo pública su intención de instaurar un impuesto nacional, aunque a tipo cero, lo que anularía los autonómicos. A la espera de la reacción del Ejecutivo central, Martínez admitió que, llegado un hipotético enfrentamiento «estamos dispuestos a recurrir donde sea necesario para la defensa de este impuesto». Se refería a la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la norma estatal, aunque ayer mismo descartó hacerlo de forma inmediata, como reclamó el portavoz de IU, Ángel González. «No existe la posibilidad de interponer recursos preventivos», aseguró. En el Gobierno, convencidos de la «legitimidad y justicia» del impuesto, consideran que recurrir a priori sería admitir la debilidad de una medida en la que creen con firmeza.
En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno central indemnice al Principado en caso de anulación de la tasa a los bancos, fuentes del Ministerio de Hacienda remitieron a este periódico a declaraciones anteriores del ministro, Cristóbal Montoro, en las que descartaba esta posibilidad, y a las de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que el pasado viernes afirmó que recurriría al Constitucional si Asturias no da marcha atrás.
El Principado reitera que tiene competencias para aprobar el impuesto a la banca
RTPA
El gobierno del Principado ha planteado la introducción del impuesto a los depósitos bancarios "con las cartas boca arriba y sin buscar atajos ni argucias legales", ha asegurado hoy el portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez.
Al término de la reunión semanal del Ejecutivo asturiano, el consejero de la Presidencia se refería así a la enmienda que van a presentar los socialistas a los presupuestos de 2013 para que el nuevo impuesto entre en vigor el 30 de diciembre.
De esta forma, el tributo asturiano estará en vigor dos días antes del que el Gobierno central aplique el suyo a partir del 1 de enero en todo el territorio nacional, con una tasa cero y sin afán recaudatorio.
Según el portavoz del Gobierno, con el cambio que se va a introducir ahora en el Presupuesto regional de 2013 "nada cambia" ya que se va a aprobar el impuesto como estaba previsto y con el fin de recaudar el próximo año unos 30 millones de euros.
El portavoz del Gobierno ha incidido en que los servicios jurídicos del Principado siguen analizando la posible situación de confrontación con el Estado pero que "no hay recursos preventivos de constitucionalidad o inconstitucionalidad".
No obstante, al ser preguntado sobre la posibilidad de que Asturias acuda al Tribunal Constitucional, ha señalado que el gobierno asturiano ya anunció que recurrirá ante las instancias que considere necesario para defender un "impuesto que es legítimo y justo en estos momentos de crisis en los que todos tienen que arrimar el hombro".
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