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La paralización cautelar de la medida sólo puede solicitarla el Gobierno, no los 50 diputados o senadores de cualquier opción política que disponga de ellos…

La paralización cautelar de la medida sólo puede solicitarla el Gobierno, no los 50 diputados o senadores de cualquier opción política que disponga de ellos…

Gobierno y PSOE inician la ofensiva en el TC contra el euro por receta de Madrid

El Consejo de Ministros aprueba el recurso contra el copago que ya presentó contra Cataluña

Los socialistas plantearán otro propio, firmado por 50 senadores

El País, Madrid

El Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y el PSOE coinciden hoy en plantear sendos recursos de constitucionalidad contra el euro por receta de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. Además ambos partidos han encarado un enfrentamiento interno a cuenta de este recurso.

La medida, que está aplicándose desde el pasado 1 de enero, ha sido cuestionada por los farmacéuticos y los ciudadanos, que han visto encarecerse la factura, y también por la oposición madrileña (PSOE, IU y UPyD), aunque solo los socialistas se han planteado recurrirla.

El presidente madrileño, Ignacio González, decidió implantar el polémico copago farmacéutico pese a que ya conocía la intención de Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma que lo permite en Cataluña, donde se cobra desde junio. La precipitación de la medida se evidenció además en el hecho de que la aplicación informática diseñada para aplicar la tasa ni siquiera está lista.

La intención del Gobierno de Rajoy es trasladar el recurso al Consejo de Estado por el proceso de urgencia y que en una semana esté presentado oficialmente ante el Tribunal Constitucional. Es el gesto político más agresivo que el Gobierno puede tener con una autonomía, y lo va a hacer precisamente con una del PP, la que tradicionalmente más enfrentamientos ha tenido con la línea política de Mariano Rajoy, antes con Esperanza Aguirre y, ahora, con González.

El Gobierno ya ha recurrido el euro por receta catalán, aunque en este caso esperó casi siete meses para hacerlo. Esto es, permitió que los catalanes pagaran esa tasa durante todo ese tiempo. De hecho, todavía siguen haciéndolo, porque el Constitucional aún no ha decidido paralizar la iniciativa, como reclama el Ejecutivo. Está previsto que lo haga en los próximos días.

Con Madrid, controlada por su propio partido, al contrario que Cataluña, Rajoy y su equipo no van a tener tanta paciencia. El recurso se iniciará solo dos semanas después de que haya entrado en vigor la norma, el 1 de enero. Pero la lentitud del Constitucional y los procesos administrativos, y sobre todo la incapacidad de Rajoy para controlar políticamente su partido, y en especial a Madrid, van a generar un gran caos durante semanas a todos los ciudadanos de Madrid que necesiten un medicamento con receta.

El PSOE no ha tenido menos tensiones internas a cuenta del recurso. La forma en que Tomás Gómez, líder del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha gestionado este asunto ha provocado el malestar de la dirección federal. Un nuevo episodio de incomunicación y disputa entre el PSOE y su organización en Madrid.

El malestar se refiere al hecho de que los socialistas madrileños anunciaran el pasado diciembre que iban a interponer el recurso, que requiere la firma de 50 senadores o diputados y, por tanto, el respaldo de la dirección del PSOE. Gómez no hizo llegar a esta el texto de su propuesta de recurso hasta el pasado martes, mientras estaba reunida la Ejecutiva federal. Hasta el punto de que el portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias, hizo un comentario irónico sobre su desconocimiento sobre el recurso del PSM.

Gómez anunció el miércoles que ayer presentaría el recurso ante el Constitucional, pero la dirección federal lo frenó hasta hoy. Lo hizo porque advirtió deficiencias en el texto propuesto por el PSM. La primera es que pedía la paralización de la medida, lo que solo puede solicitar el Gobierno y cuya inclusión podía provocar que el recurso no fuera admitido. Pero también se distanciaba de la posición del partido en otras comunidades, especialmente Andalucía y País Vasco. En ambas hay conflictos con el Gobierno de Rajoy, que consideró competencia exclusiva del Estado la política de medicamentos. En Andalucía, Rajoy recurrió la subasta de medicamentos de la Junta y en Euskadi la negativa a aplicar el copago. El recurso del PSM planteaba que Madrid invade competencias del Estado. Por eso, el PSOE rectificó el texto del PSM, según las alegaciones de estas dos comunidades.

Insumisión y turismo farmacéutico contra el euro por receta

La implantación del euro por receta en la Comunidad de Madrid provoca el rechazo y la fuga de compradores de medicamentos a Castilla-La Mancha

Rodrigo Casteleiro García / Marta Castro, Madrid, en El País.

En apenas 10 días, la implantación del euro por receta en Madrid ha tenido un doble efecto: el primero, la negativa a pagar, como se constata porque el número de formularios repartidos para declararse insumiso ante la medida —“los suficientes”, según la Consejería de Sanidad— se hayan agotado, como informó ayer el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Este organismo cifró en miles las insumisiones en la primera semana del año. La otra es que algunos usuarios, sobre todo de zonas limítrofes, han empezado a acudir a otra comunidad con sus recetas: así consiguen el fármaco, pero sin el sobrecoste.

Francisco Barona es un ejemplo. Pensionista de 70 años, salía ayer de una farmacia en Azuqueca de Henares (Guadalajara) con dos bolsas llenas. Vive en Alcalá de Henares, a unos 14 kilómetros, pero se desplaza hasta el municipio castellano manchego para ahorrarse el coste del euro por receta. El Gobierno central tiene previsto recurrir la medida hoy ante el Tribunal Constitucional.

Aunque llegaba con 21 prescripciones azules en el bolsillo, Barona compró 13 medicamentos que le costaron 12,80 euros. Sagrario Ortega, la responsable del establecimiento, le explicó que no tenían todos los fármacos; tendrá que volver otro día. “Cuando me avisen”, suspira apoyado en su muleta. Recién operado de rodilla, no es la cojera lo que duele, sino tener que pagar más: “Es una vergüenza que tenga que venir hasta aquí y sumar, a la desgracia personal, la monetaria”.

Para llegar a Azuqueca, Barona toma el tren de cercanías. En Madrid se habría gastado, solo por la nueva tasa, 13 euros que, sumados a los ocho euros que paga como tope por el copago farmacéutico aplicado a los pensionistas, darían 21. Más de doble, y como el abono transporte le cuesta cuatro euros al mes... Así hace economías este antiguo escayolista con poco más de 600 euros de pensión. Los medicamentos, asegura, son para su mujer, de 69 años y afectada por múltiples dolencias. Ayer compró un protector gástrico, paracetamol y fármacos contra la hipertensión y la osteoporosis.

Como Barona, otros se han iniciado el turismo farmacéutico. Aunque aún es pronto para tener datos fiables, en algunas farmacias de Azuqueca se habla de una subida del 5% de clientes desde que comenzó el año. Todos de Madrid. “El boom ha sido esta semana”, afirmaban ayer Sonsoles y Noelia, que despachaban en la farmacia situada a unos 200 metros de la estación del cercanías. “En este tiempo hemos recibido una media diaria de 20 personas de Madrid; la mayoría de 40 años para arriba”. Aseguran que la mayoría son enfermos crónicos. Entre los medicamentos más demandados por este grupo están el ansiolítico Orfidal o el anticoagulante Sintron.

En cambio, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha piensa que el impacto de este turismo farmacéutico será mínimo. El propio consejero, José Ignacio Echániz, restó ayer importancia a este efecto frontera farmacéutico. “Creemos que desaparecerá pronto, como ocurrió en el caso de Aragón y Cataluña [primera autonomía en aplicar el euro por receta]”, aseguró el consejero. Mientras, tendrán que asumir el coste: no hay un mecanismo de compensación entre autonomías, cada una paga por los fármacos que dispensa. El Consejo Regional de Colegios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Cofcam) desconoce aún si las ventas han aumentado en determinadas localidades limítrofes con Madrid. Lo sabrán cuando se cierre la facturación del mes.

Susana Gómez, farmacéutica en Aranjuez opina: “Todos somos iguales, no es normal que en una distancia de cinco kilómetros un ciudadano tenga que pagar más por lo mismo”. De momento, en su farmacia no ha notado una caída de ventas, pero sí nota que la gente pregunta mucho, que está inquieta. Para Gómez, trasladarse a localidades de Castilla-La Mancha es un clásico de la picaresca. “Lo que te ahorras en medicinas lo gastas en gasolina; además, pierdes a tu farmacéutico de confianza, que te conoce y que se puede sentir molesto”, explica.

Su colega Juan Mateo García está al otro lado de la frontera, en Seseña (Toledo). De momento no nota más afluencia, aunque reconoce que al estar tan cerca de Madrid, siempre ha habido mucho trasvase. Para él, esto es un fallo de las autonomías: “Crean grandes desigualdades”. En cambio, en Encinas Martínez, una de las farmacias de Nueva Seseña, aseguran que sí han notado un aumento de clientes desde Madrid en los primeros días del año. De hecho, vecinos de Aranjuez afirman que pacientes con enfermedades crónicas están empezando a comprar sus medicamentos en la localidad toledana de Ontígola, a menos de cinco kilómetros.

María Teresa Álvarez regenta la única farmacia de ese pueblo. Asegura que está notando un incremento de clientes llegados del municipio madrileño de Aranjuez, lo que le satisface solo hasta cierto punto: “Tampoco quiero que me avasallen, porque la venta es dinero que tengo que adelantar yo y que luego paga la consejería”. Cuenta que hace unos días un pensionista de Aranjuez fue a comprar medicamentos, pero no se los llevó; no le compensaba. Una de las medicinas costaba 12 euros; en Madrid pagaría un máximo de ocho por ser pensionista y en Castilla-La Mancha pagan un 10% de todos ellos, aunque luego se le devuelva todo lo que supere ese importe.

A Francisco Barona sí le compensa cruzar la frontera cada vez que su mujer necesite medicamentos. Ni los colegios de farmacéuticos ni la Junta de Castilla-La Mancha piensan que casos así vayan a abundar. De momento, lo más acuciante para los boticarios es que funcione el sistema informático que registra el tope de pago de los usuarios con receta, y que en Madrid no funciona.

En Alcalá de Henares, la ciudad de Barona, un boticario calcula que “los clientes habrán descendido un 5% como mucho”. Resta importancia a la amenaza de fuga: “No todos tienen ganas de cruzar a Castilla-La Mancha. Es cansado andar de un lado para otro; para eso hay que tener vitalidad”.

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