A juicio de los expertos lo que hace el gobierno central es todo un artificio legislativo, "un absurdo", una contradicción de términos e incluso una deslealtad constitucional a las comunidades autónomas y al propio T.C., dado su reciente precedente extremeño.
El impuesto a la banca se suspenderá en cuanto el Gobierno central recurra al Tribunal Constitucional
RTPA
El impuesto a la banca se suspenderá en cuanto el Gobierno central recurra al Tribunal Constitucional. Los expertos explican que basta con que el Estado invoque un artículo constitucional que le otorga ese privilegio y a partir de ahí, el tribunal dispone de cinco meses para levantar o mantener la cancelación de la tasa.
El Ejecutivo central ha solicitado un informe por vía de urgencia al Consejo de Estado. El órgano consultivo tiene 10 días para entregar su conclusión y, aunque es un trámite obligatorio, la opinión no será vinculante. Se da por hecho, pues, que el Gobierno central recurrirá la tasa a la banca en los próximos días.
El catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolivar, explica que, si el gobierno, como es habitual, invoca el artículo de la Constitución 161/2, automáticamente, la Ley regional se suspende y el TC dispone de cinco meses para ratificar o levantar esa suspensión.
El profesor titular de Derecho Constitucional, Miguel Ángel Presno, señala que no es necesario agotar ese plazo y que antes de que pasen esos cinco meses el TC tiene que decir si levanta o no la suspensión. Eso no prejuzga lo que vaya a decir al final pero el tribunal, insistió, "lo que tiene que decir es si queda en suspenso no la ley recurrida"
Sólo el Estado posee el privilegio de pedir la suspensión de lo que recurre al Constitucional, según la Carta Magna, y se abren entonces varias posibilidades:
"Podría ocurrir que el Gobierno presentara el recurso en los próximos días pero que en un plazo de un mes o dos meses, el tribunales levantara la suspensión con lo que la ley asturiana, desde mi punto de vista, podría empezar a aplicarse", señala Presno.
Tolivar señala que "podría ser que el gobierno de la nación no aplicara este precepto y por lo tanto, la ley seguiría vigente hasta que hubiera una sentencia". "Personalmente no lo creo", dijo el catedrático.
Los expertos coinciden en tachar el impuesto a tipo cero creado por Rajoy como un artificio legislativo, "un absurdo", una contradicción de términos e incluso una deslealtad constitucional. Matizan, además, que la autonomía sí puede crear tributos en la ley presupuestaria ya que existe jurisprudencia.
La resolución del Constitucional podría tardar hasta una década aunque los especialistas creen que hay un precedente en Extremadura ya que el tribunal decidió que la comunidad podía tener su propia tasa a la banca.
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