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La tendencia, como se ve en el cuadro, es hacia los mínimos de la serie y a igualarnos en porcentaje de pérdida de empleo e inestabilidad laboral con el sector privado…

La tendencia, como se ve en el cuadro, es hacia los mínimos de la serie y a igualarnos en porcentaje de pérdida de empleo e inestabilidad laboral con el sector privado…

El Principado perdió 1.048 trabajadores públicos durante 2012

La Administración regional pasó de tener 35.792 a 34.744 efectivos el año pasado y sólo Justicia escapó a la reducción de personal

25.03.13 - AIDA COLLADO | GIJÓN, en El Comercio.

Es bien sabido que la función pública lleva mucho tiempo, mucha crisis, en el punto de mira del Gobierno central. Al menos, en lo que a aplicar medidas de ahorro y ajustes se refiere. No es de extrañar, pues, que las listas de personal hayan comenzado a reflejar los efectos de unos ajustes que dejarán muchas más cicatrices a lo largo de 2013 y 2014. De momento y según los datos del Principado, sólo la Administración regional ya registró el año pasado una reducción de más de mil trabajadores. Para ser exactos, perdió 1.048 empleos públicos a lo largo de 2012. Y, a falta de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique los datos definitivos del pasado ejercicio, la Encuesta de Población Activa (EPA) cifra en 1.500 la pérdida total de trabajadores en el sector público de la región. Según sus cifras, que incluyen además de a los asalariados del Principado a los que dependen del Estado y de los ayuntamientos asturianos, Asturias ha pasado de contar con 75.800 efectivos a 74.300.

Si bien es cierto que los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la EPA suelen diferir de los que finalmente presenta el Ministerio de Administraciones Públicas -los primeros responden a una encuesta muy representativa y los segundos a un registro-, la tendencia es similar. El hecho de que el Principado haya confirmado ya la reducción de un millar de trabajadores no abre demasiadas puertas al optimismo.

De los empleados que ha perdido el Principado, 647 trabajaban en las distintas consejerías y en los órganos auxiliares de la Administración regional; 367, en docencia no universitaria, y 146 se agrupaban en las instituciones sanitarias. Justicia, no obstante, se convirtió en la excepción que confirma la regla y ganó 144 empleados, aligerando la pérdida y limitando la rebaja a 1.048 trabajadores.

Por otra parte, los datos que maneja la Federación Asturiana de Concejos (FACC) se remontan a enero de 2012, cuando los ayuntamientos de la región contaban, según el Boletín Estadístico del personal de las Administraciones Públicas, con 10.390 empleados repartidos por toda la comunidad. Aún no conocen con exactitud cuál ha sido el efecto de las medidas impulsadas para los consistorios durante 2012, pero sí saben que «en cualquier caso», la evolución del número de trabajadores «ha sido a la baja».

El futuro de los funcionarios

Aunque las cifras del empleo público palidecen junto a los datos sobre el sector privado que arroja la EPA y apuntan a una pérdida de 18.700 asalariados en un año (de 235.000, el cuarto trimestre de 2011, a 216.300, en el mismo periodo de 2012), lo cierto es que la perspectiva de futuro parece empeorar notablemente para los funcionarios.

Los trabajadores eventuales, interinos y el personal laboral dan forma al colectivo que más bajas está sufriendo y sufrirá próximamente en nombre de la austeridad. A nivel nacional, de los 747.700 temporales que trabajaban para las administraciones españolas -desde los ministerios hasta los consistorios- un 20% (179.000 personas) había perdido su puesto a finales de 2011. Según estos cálculos y para hacerse una idea de la trascendencia de los ajustes, 60.000 profesores en todo el país pueden haberse quedado por el camino.

Y en 2013, apuntan fuentes del Principado, «se mantiene la prohibición de incorporación de personal temporal que se impuso en 2012», por lo que la reducción de trabajadores públicos será aún más pronunciada. Dentro de las medidas de contención del gasto de personal aprobadas por el Gobierno central, destaca la congelación de la oferta pública de empleo, con la excepción de la tasa de reposición del 10% para funcionarios docentes, personal docente investigador de las universidades y organismos públicos de investigación, plazas de hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, servicios de prevención y extinción de incendios y personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal.

Además, se mantiene la restricción a la contratación de personal temporal y al nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal, con la única excepción de aquellos sectores, funciones y categorías que se consideran prioritarios o que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Y eso siempre y cuando se trate de casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

Otra de las medidas que influirá en los resultados del presente ejercicio es la reducción a 3 de los días de libre disposición (frente a los 6 hasta ahora vigentes) y la supresión de los días adicionales de libre disposición y de vacaciones por antigüedad. Desde el punto de vista presupuestario, esta medida producirá un efecto de aumento generalizado de la jornada y del tiempo efectivo de trabajo a partir de 2013, lo que hará posible no recurrir a la incorporación de nuevo personal que, de otro modo, resultaría necesario para mantener constantes los niveles de servicio público. Según los planes del Ejecutivo, de este modo se compensarán, por una parte, las bajas de personal fijo, por jubilaciones y otras causas, sin que sea necesario recurrir a la oferta de empleo público. Y, por otra, se verán limitadas las necesidades adicionales de contratar personal interino y se reducirán las obligaciones de pago de horas extraordinarias.

Así las cosas, parece que la Función Pública seguirá estando en el centro de la diana. Hasta el momento, una novedad: el último trimestre de 2012 reflejó que el tipo de sector -público o privado- no tuvo ningún impacto en la probabilidad de pérdida de empleo, cuando hasta ese momento el sector público parecía proteger más el puesto de trabajo de sus efectivos.

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