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Opinan: Antonio Arias, integrante de la Sindicatura del Cuentas del Principado; Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional; Xuan Xosé Sánchez Vicente, ex diputado regional (PAS); y Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex presidente del Principado…

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Los expertos reclaman una Administración ágil, fuerte y con independencia política

La politización de la función pública que se inició en los años ochenta ha generado «prácticas clientelares y corrupción», alertan los especialistas

Foto: Francisco Bastida.

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ, en La Nueva España

 

España necesita una Administración fuerte, ágil, independiente, basada en la meritocracia y al margen del albedrío político, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y el municipal. Sin embargo, la función pública está aquejada ahora en casi todos sus escalones de una grave esclerosis y de un acentuado clientelismo, consecuencia directa del asalto al que ha sido sometida por la clase política durante las tres últimas décadas. Éste es, a trazo grueso, el análisis de los juristas, magistrados, funcionarios y expertos en la Administración consultados por este diario.

 

A pesar de algunos intentos, España no ha conseguido implantar una administración profesional e independiente de los vaivenes políticos tomando como base para ello lo mejor del modelo francés. El último revés pudo haber sido la fallida creación de un cuerpo de «superfuncionarios» con capacidad directiva, a modo de tercer eslabón de la Administración, y sin dependencia electoral. Esta figura estaba prevista en el estatuto del empleado público de 2007 pero no ha cuajado.

 

Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo del Principado y arquitecto de la autonomía asturiana, defendió la creación de estos niveles directivos en una conferencia pronunciada hace unos meses en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA). También son reivindicados ahora por Antonio Arias, integrante de la Sindicatura del Cuentas del Principado a propuesta de IU. «Esa clase directiva, que no baile al son de los cambios políticos que se puedan producir, ya existe en casi todos los países y sería fundamental para mejorar nuestra función pública. Es más, yo diría que es la esencia del problema», asegura Arias.

 

En Francia funciona una escuela de funcionarios de los que se nutren las más altas instancias de la Administración y, también, de la política. El actual presidente de la República, el socialista François Hollande, pasó por sus aulas.

 

Lejos de caminar hacia la independencia del funcionariado, y en el otro extremo de la rigidez franquista, desde los años ochenta del pasado siglo se ha producido en España una creciente y progresiva politización de la Administración, asegura Francisco Bastida. Este catedrático de Derecho Constitucional se muestra muy crítico con una evolución de la función pública que, a su juicio, «fomenta las prácticas corruptas».

 

«Hemos llegado al punto de que los gestores de un hospital cambian cuando lo hace el Gobierno», lamenta Bastida, para quien esa excesiva politización ha generado una red clientelar entre los funcionarios y ha distorsionado la propia Administración.

 

La deriva ha sido especialmente llamativa en el ámbito municipal, donde, por ejemplo, los antaño intocables interventores y secretarios han perdido buena parte de sus atribuciones. Y eso cuando no han sido sustituidos por un personal de confianza que, en palabras de Xuan Xosé Sánchez Vicente, ex diputado regional y presidente del Partíu Asturianista (PAS), «tienen, por decirlo así, una actitud mucho más laxa ante el poder».

 

«Nada ha hecho en España tanto daño a la moral administrativa y a la política municipal como la supresión de la advertencia de ilegalidad como obligación esencial de los secretarios de los ayuntamientos respecto de las decisiones municipales, y lo mismo ocurre respecto a las advertencias a las que estaban obligados los interventores», sostiene Juan Luis Rodríguez-Vigil, ex presidente del Principado. A su juicio, la desaparición de estas «garantías», unida a la «desaparición de prácticamente todo control sobre cualquier tipo de actos municipales que no sea el judicial a posteriori, amenaza con hacer renacer modos propios del gobierno municipal de la Restauración».

 

Una legislación asturiana de Régimen Local -que recupere la capacidad de advertencia por parte de secretarios e interventores- sería un medio de control de los actos municipales perfectamente compatible con su autonomía», subraya Rodríguez-Vigil.

 

En el anteproyecto de la nueva legislación de Régimen Local que ha presentado el Gobierno de Rajoy se incluye un vuelco jerárquico para interventores y secretarios, que dejarían de depender orgánicamente de las Corporaciones locales para volver a hacerlo del Ejecutivo central, como sucedía hasta la década de los ochenta del pasado siglo. Sería en aquel momento, hace casi tres décadas, cuando, con el socialista Felipe González en la Moncloa, dio comienzo el asalto político a las administraciones y la consiguiente «desaparición de los controles efectivos de sus decisiones», según apunta Antonio Muñoz Molina en su reciente obra «Todo lo que era sólido».

 

En la actualidad, los altos funcionarios municipales están controlados por aquellos cargos políticos a los que ellos mismos deben controlar. A su entender, no tiene sentido que un interventor tenga que fiscalizar a un Alcalde cuyo nombramiento dependa de él, o que un secretario tenga que informar de una ilegalidad del regidor que lo nombra y lo destituye. Sin embargo, la Federación Asturiana de Concejos ya ha mostrado cierta inquietud ante la posibilidad de que estos funcionarios se conviertan en figuras blindadas con un poder superior a los órganos elegidos democráticamente. Se trata de un argumento casi calcado del que se tuvo en cuenta para acometer las reformas que limitarían sus atribuciones.

 

Los empleados públicos asturianos también defienden cambios en la Administración, para hacerla más efectiva, independiente y atractiva para los propios trabajadores. Javier Villa, portavoz del colectivo de funcionarios «Conceyu por otra función pública en Asturias», estima que, para ello, habría que empezar por disponer de una carrera profesional que vacune contra las injerencias políticas y, que, a la vez, estimule al funcionario con la posibilidad de obtener ascensos laborales por méritos propios o mejoras económicas con independencia del criterio del responsable político que tenga por encima. Los colectivos de funcionarios han criticado con insistencia, y también denunciado ante la justicia, que la excesiva politización de la Administración autonómica ha desembocado en un «uso abusivo» de la libre designación, de los nombramientos a dedo.

 

Los tribunales han dictado seis sentencias contra la libre designación en la última legislatura del socialista Vicente Álvarez Areces. El magistrado Manuel Chaves, que tumbó varios procedimientos del Principado y que hoy forma parte del Tribunal Superior de Justicia de La Coruña, ha alertado desde estas páginas de que «Asturias es la excepción» en cuanto a libre designación, convirtiéndola en «regla general». A su juicio, «si todos los nombramientos fueran así, estaríamos ante un régimen de botín electoral y volveríamos a las cesantías».

 

Xuan Xosé Sánchez Vicente ve a la Administración «hipertrofiada», tras «haber crecido mucho -más de lo necesario- y con gente afín al gobernante de turno», al tiempo que se creaban «empresas periféricas también con personas próximas». Ahora bien, el histórico político asturianista también defiende un uso «bien entendido» de la libre designación ,«cuando es necesario escoger a un determinado funcionario».

 

A la hora de proponer mejoras para la Administración, Villa también defiende que los puestos no tengan carácter poco menos que vitalicio. En línea con otros funcionarios consultados, aboga por que los empleados públicos se sometan a evaluaciones objetivas cada cierto tiempo y que puedan ser removidos si no trabajan o no rinden. «En el Principado hay demasiados puestos de élite y sería necesario adaptarnos a las necesidades», añade.

 

Antonio Arias resume así las limitaciones «intemporales» del sistema de empleo público español a las que habría que poner coto: «No permite conocer las reglas del ascenso jerárquico, no tiene establecido un sistema de valoración o de compensación del trabajo, y las expectativas de promoción económica no están establecidas y dependen de forma absoluta del ascenso, que es aleatorio».

 

La ley permite la creación de un cuerpo de élite, profesional y al margen del vaivén político

30.04.2013, Oviedo, J. A. O., en La Nueva España


La reforma de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobada en 2007, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, abre la puerta a que las administraciones estén dirigidas por equipos de gestores, contratados a través de criterios empresariales y con parámetros estrictamente profesionales. Sin embargo, esta figura no se ha desarrollado, pese a que especialistas como Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo, o el síndico Antonio Arias, defienden la creación de este «tercer espacio».


Según el texto legal de 2007, la élite funcionarial «para el desarrollo de funciones directivas profesionales» tendría un régimen jurídico establecido por el Estado y por las autonomías «a través de órganos especializados», pero de acuerdo con «criterios de mérito, capacidad e idoneidad». Además, los directivos serían evaluados con arreglo a «parámetros de eficacia, responsabilidad y resultados».


La idea inicial era que este cuerpo de élite estuviera compuesto en su mayoría por funcionarios, aunque el criterio de selección sería como en el sector privado. No perderían su nivel retributivo al cesar, para atraer profesionales y evitar fugas a las empresas.

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30/04/2013 10:11. Administrador ;?>

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