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El TSJM suspende cautelarmente la privatización sanitaria en Madrid
El tribunal aprecia que existen circunstancias de especial urgencia para detener el proceso, como solicitó el PSM
A. MUÑIZ / A. FLOTATS, Madrid, en Público.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido cautelarmente el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid, por el que se pretende "externalizar" la gestión de los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo. Eso fue lo que reclamó el Partido Socialista de Madrid (PSM).
El Tribunal aprecia que, efectivamente, existen circunstancias de "especial urgencia" para paralizar el proceso sin ni siquiera escuchar antes los argumentos de la Comunidad de Madrid por cuanto ya se ha llegado a anunciar incluso la adjudicación de los contratos por parte del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada adjudicar los centros Infanta Leonor de Vallecas y del Sureste de Arganda del Rey a Ribera Salud; el Hospital de Henares de Coslada a Bupa Sanitas, y el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez al grupo Hima San Pablo.
La causa que da origen a la denuncia presentada por los socialistas es la reducción de las garantías que las empresas que optan a la privatización de los centros tendrían que depositar en caso de resultar adjudicatarias. Esa garantía, del 5% del valor del contrato, fue modificada por la Consejería de Sanidad a cuatro días de la finalización del plazo de presentación de solicitudes como una corrección de errores. El departamento que dirige Javier Fernández Lasquetty incluyó la palabra "anual" en el texto, lo que implica una reducción del 90% dado que los contratos de concesión son por 10 años.
El PSM considera que "esta disminución injustificada del importe de la garantía definitiva exigida es arbitraria y contraria a los intereses generales que deben presidir la actividad administrativa". Con esta modificación de última hora, reza la demanda del PSM, "se permite a las futuras empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración". Los socialistas advierten que este cambio, además de ir abiertamente contra la legalidad, "pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".
El TSJM considera que esa modificación en la garantía exigida a las empresas "pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)". El tribunal da un plazo de tres días a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que formule alegaciones con relación a la medida cautelar acordada.
Este proceso se suma a la querella por vía penal presentada por la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (AFEM) contra dos ex consejeros de Sanidad y dos altos cargos de la consejería. El juez ha citado a los querellados a partir del próximo 13 de septiembre y las declaraciones concluirán el próximo 2 de octubre con las comparecencias de los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes.
Lasquetty presentará alegaciones "de inmediato" a la suspensión de la privatización sanitaria en Madrid
El consejero de Sanidad está convencido de que el TSJM, que aprecia circunstancias de especial urgencia para detener el proceso, atenderá "las razones jurídicas" que presentará sobre la legalidad y validez de su actuación
EFE, Madrid
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado que su departamento presentará "de inmediato" alegaciones ante la suspensión cautelar provisional del proceso de externalización acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y está convencido de que atenderá "las razones jurídicas" que presentará la Comunidad de Madrid sobre la legalidad y validez de su actuación.
"Estoy seguro de que el tribunal será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad de Madrid", ha manifestado el consejero para añadir que no contempla otra opción que la aceptación de las alegaciones y critica que esta situación es "consecuencia" de una "jugada, una más" del secretario general del PSM, Tomás Gómez, en su intento de "prolongar el conflicto sanitario".
Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras conocer que el TSJM haya acordado suspender de forma provisional el proceso de externalización sanitaria de seis hospitales (Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, el del Henares, del Sureste y del Tajo) de la región a petición del PSM.
Tres días para formular alegaciones
El TSJM habilita en su auto un plazo de tres días a fin de que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se formulen alegaciones con relación a la medida cautelar acordada. Contra el auto no cabe recurso. El fallo fundamenta su decisión por la introducción de un cambio en el pliego de cláusulas del término anual respecto al importe de la adjudicación del contrato que ha de servir de referencia para fijar la garantía.
Lasquetty ha indicado que la Comunidad alegará de forma inmediata con "muchas y bien fundadas razones" que la actuación de la Comunidad, incluida la introducción de una corrección a un "error" para aclarar que el término anual en la cuantía de la garantía, se ha efectuado "con respeto" a la Ley de Contratos Públicos y con el "máxima transparencia".
Perfil de contratante
"Lo hemos hecho todo a plena luz del día y con máximo respeto a la legalidad", ha enfatizado para aseverar que el Gobierno regional siempre contempló establecer una garantía anual a los aspirantes. En este sentido, ha detallado que durante el proceso de licitación se registró en el perfil de contratante algunas peticiones de aclaración sobre si la garantía era anual o total, motivo que justificó la corrección del error en la forma de expresar esa frase concreta.
Preguntado sobre si ese error pudo haber afectado a la concurrencia de empresas, Lasquetty ha aseverado que entre su publicación y el plazo de presentación de ofertas hubo "tiempo suficiente" para presentar propuestas y ha subrayado que no se ha recibido "ninguna queja" sobre algún perjuicio por esta razón. El consejero de Sanidad, que se ha mostrado "sorprendido" por saber del auto por los medios antes de que fuera notificado a los servicios jurídicos de la Comunidad, ha manifestado que "sería deseable" que la decisión del tribunal se pronunciara "en pocos días" ante los argumentos jurídicos de la región.
No obstante, ha dicho que hasta ese pronunciamiento actuarán según lo dispuesto por el TSJM. También ha señalado que el auto no entra en el "fondo del asunto", la externalización, sino que establece una medida provisional, ante el recurso del PSM, que supone suspender por "unos días" el procedimiento, un auto que se ha adoptado "sin escuchar a la Comunidad" y sin haber dado la oportunidad de que el Gobierno regional se pronunciara con alegaciones.
"Guerra de recursos"
Por otro lado, el consejero ha manifestado que la "guerra de recursos" que alienta el PSM, sindicatos y plataformas asamblearias contra la ampliación de la gestión indirecta causan "perjuicio a toda la sanidad madrileña", al igual que hicieron antes con la "guerra de manifestaciones y la guerra de mentiras y bulos" sobre la externalización. Lasquetty ha manifestado que el recurso del PSM se enmarca en su estrategia de tratar de "poner palos en las ruedas" e "impedir" que se lleven a cabo las reformas que necesita el sistema sanitario de la región de "máxima calidad, público, gratuito y universal" a la par que sostenible en un contexto de crisis económica.
Por tanto, frente a la postura de los socialistas, ha contrapuesto la actuación "responsable" del Gobierno regional y ha reprochado al líder del PSM que hasta el momento no haya aportado "ni una sola idea" para contribuir a la sostenibilidad de la sanidad madrileña. Asimismo, Lasquetty ha lamentado que a Gómez "cualquier cosa le vale", incluso el "intento de amenaza" tal y como se ha denunciado, para tratar de "dilatar" la aplicación de las reformas. En su opinión, con esa actitud demuestra que "no le importa nada" estos hospitales ni la sanidad madrileña.
Por otro lado y preguntado sobre si espera algún cambio de actitud en la empresa HIMA San Pablo ante esta suspensión provisional, el consejero ha manifestado que el grupo puertorriqueño ha expresado recientemente su "total compromiso" para gestionar los hospitales por los que ha concurrido y que no tienen "ningún tipo de duda" sobre ello porque "lo han dicho por escrito".
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