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Información sobre dos de los muchos temas que se tratarán en el Consejo Interterritorial del próximo martes…

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  • Propuesta de Acuerdo sobre criterios de actuación en el acceso a la asistencia sanitaria a ciudadanos europeos en el marco de aplicación del Reglamento (CE) Nº 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y del Reglamento (CE) Nº 987/2009 por el que se adoptan normas de aplicación del Reglamento (CE) Nº 883/2004"…
  • Proyecto de Real Decreto de transposición de la directiva de asistencia sanitaria transfronteriza…

Impulso a la eurotarjeta sanitaria

El Ministerio de Sanidad da nuevas instrucciones para que todos los hospitales las acepten

La Comisión ha abierto procedimiento de infracción a España por poner problemas a su uso

Foto: La ministra y los consejeros en el Consejo Interritorial de marzo de este año.

Elena G. Sevillano, Madrid.

El Ministerio de Sanidad quiere evitar por todos los medios que el procedimiento de infracción que le abrió a España la Comisión Europea en mayo siga adelante. Tras recibir “un número cada vez mayor de denuncias”, Bruselas acusa a España de permitir que hospitales públicos de zonas turísticas se nieguen a aceptar la tarjeta sanitaria europea (TSE) de ciudadanos de Estados miembros y, en su lugar, les exijan el seguro de viaje privado o, incluso, los datos de la tarjeta de crédito. El ministerio llevará al Consejo Interterritorial de la semana que viene una propuesta con nuevas instrucciones: ya no se pedirá a los visitantes que elijan si prefieren cargar su asistencia a la TSE o al seguro privado. Si presentan la tarjeta, o incluso solo si dicen tenerla, “no se les preguntará por la existencia de otras coberturas”.

La tarjeta sanitaria europea es un documento que certifica que el titular tiene derecho a recibir la misma asistencia que los nacionales del Estado donde la necesite. La legislación de la UE deja claro que no hace falta nada más. Sin embargo, la Comisión aseguró haber recibido quejas relativas a 19 hospitales españoles procedentes de cinco compañías de seguros, dos organizaciones de asistencia en vacaciones y 26 ciudadanos de la UE. Las 10 últimas habían llegado entre diciembre de 2012 y el 30 de mayo de 2013, por lo que la Comisión consideró que se trataba de “una práctica administrativa evidente”, por más que el Ministerio de Sanidad lleve desde 2010 asegurando que ha tomado medidas para solucionar el problema.

Las primeras interesadas en extender el uso de la TSE son las compañías aseguradoras, puesto que la mayoría de ciudadanos europeos —el 80%— viaja con doble cobertura: la tarjeta europea y una póliza privada.

 

Los españoles podrán operarse en cualquier país de la UE

Las autonomías pagarán, pero los pacientes adelantarán el dinero y abonarán la diferencia del coste

Si requiere hospitalización hay que pedir permiso

Reyes Rincón, Sevilla, en El País.

 

El principio del libre mercado europeo llega a la asistencia sanitaria. El Consejo Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar la próxima semana el proyecto de real decreto que establece las normas para la atención sanitaria transfronteriza. Según el texto, cualquier español tendrá derecho a tratarse en otro país de la UE con cargo a su comunidad autónoma y los europeos podrán venir a España a recibir atención, pagarla y reclamar luego el importe a su país. El texto considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse más de 180 días (el plazo máximo establecido para 700 procedimientos quirúrgicos) tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que calcula el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5 millones de euros al año.

 

La norma que ultima el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza, aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro de la UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes expectativas entre los hospitales privados españoles, que se preparaban desde hace meses para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a España a tratarse con cargo a la sanidad pública de su país.

 

Pero la movilidad funcionará también en sentido contrario: los españoles que opten por recibir fuera de España un servicio incluido en la cartera básica de salud podrán acordar con el centro que quieran esta atención, abonarla de su bolsillo y exigir luego el reembolso a su comunidad autónoma o a las mutualidades de funcionarios. Esta opción, pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que puedan pagar la intervención por adelantado, una condición que exige el proyecto de real decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial. Además, las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente el que deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más caro.

 

La libre elección será total para la mayoría de los tratamientos que no requieran hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor sin ingreso (como la mayoría de las cataratas, los juanetes o las extirpaciones de hernia), pruebas diagnósticas o tratamientos, por ejemplo, de rehabilitación.

 

El proyecto pone en evidencia una gran paradoja: un ciudadano de Madrid no puede optar por operarse en otra comunidad autónoma o en un hospital privado y pasarle la factura a la sanidad madrileña, pero sí podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE. “En los términos actuales de legislación española y comunitaria, un paciente español tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte el texto, que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede originar reclamaciones económicas.

 

Las intervenciones que requieran pasar al menos una noche de hospital y las prestaciones más complejas sí necesitarán autorización previa por parte de la comunidad autónoma. Y, para evitar que los pacientes se salten las listas de espera, el decreto establece entre las causas de denegación del permiso aquellos tratamientos que en su comunidad se puedan prestar en un plazo que sea “médicamente justificable”, un criterio subjetivo pero que se intenta afinar con una evaluación clínica y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.

 

La atención a extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá, en principio, un coste extra para las comunidades. Adelantarán el importe y sus países lo reembolsarán después. Pero el texto sí alerta del peligro de que esta asistencia acabe repercutiendo en un incremento de las listas de espera para los españoles. Supondría, advierte la norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría en un coste “no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia del sistema”.

 

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19/07/2013 11:50. Administrador ;?>

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