Claves ante el inicio del nuevo curso político en nuestra comunidad autónoma

Los presupuestos, la reforma electoral y la financiación centrarán el nuevo curso político

La reforma electoral, la reordenación del sector público y las retribuciones centrarán el debate político

Foto: Fernando Lastra (PSOE), Ignacio Prendes (UPyD) y Angel González (IU) en los pasillos de la JGPA.

01.09.13 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.

El curso político 2013-2014, el último completo antes de las elecciones autonómicas y locales de la primavera de 2015, arranca en Asturias marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, con un Gobierno regional que ve peligrar su mayoría en la Junta General justo en el momento en que tiene que abordar el reto más importante de la recta final de la legislatura: los nuevos presupuestos. Las discrepancias y las tensiones abiertas entre el PSOE y sus aliados parlamentarios de IU y UPyD a cuenta de la reforma de la ley electoral hacen pensar en un otoño 'caliente' en el que el Ejecutivo que preside Javier Fernández deberá hacer equilibrios en el alambre para conseguir apoyos con los que sacar adelante algunos de los principales pilares de su programa, caso de la reorganización del sector público. Todo ello en un momento en que los partidos tienen un ojo en el presente pero otro en el futuro, en esa próxima llamada a las urnas que a buen seguro condicionará muchas de las decisiones a adoptar.

El Principado ha regresado del parón estival intentando marcar la agenda política y ha escogido como camino la confrontación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones estuvo centrado en la presentación de dos iniciativas para intentar revertir en los tribunales sendas decisiones adoptadas por el gabinete popular. Intenta así la maquinaria socialista tomar la iniciativa aun a sabiendas de que tanto el recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de costas como el emplazamiento al Ministerio de Hacienda a rectificar el reparto de los objetivos de déficit no tendrán una resolución inmediata y se prolongarán bastante en el tiempo. Pero el mensaje que se intenta trasladar es claro: el Gobierno asturiano no está parado y mueve ficha. Una estrategia beligerante que, por cierto, viene reclamando desde hace meses IU, aliado parlamentario del PSOE.

Saben en el seno del Ejecutivo que vienen tiempos difíciles. Hasta ahora Javier Fernández y su equipo han ido consiguiendo sacar adelante en la Junta sus principales proyectos y, salvo algún revolcón menor, la alianza con Izquierda Unida -puntual y sin acuerdos estables- y UPyD -con quien sí media un pacto de legislatura- ha funcionado. Pero su continuidad no está garantizada. El final del anterior periodo de sesiones fue muy tenso a raíz de las diferencias entre el PSOE y sus socios sobre la tramitación de la reforma de la ley electoral asturiana. El voto de las tres formaciones dio luz verde a un primer texto que en breve iniciará su tramitación en forma de proposición de ley. Un documento que mantiene las tres circunscripciones actuales pero que introduce nuevos mecanismos de proporcionalidad del voto, tal y como reclamaban las dos fuerzas minoritarias que dan sustento al Gobierno. El problema es que las coincidencias terminan ahí.

¿Dónde está el problema? En que tanto IU como UPyD consideran que los 23 votos que suman sus escaños y los del PSOE son suficientes para que la reforma salga adelante, mientras que los socialistas ponen como condición para aprobar definitivamente el texto una mayoría más amplia que incorpore a Foro y Partido Popular o, al menos, a una de ambas fuerzas. Ninguno de los dos partidos del centro-derecha está por la labor, así que todo conduce al bloqueo.

El enfado de Izquierda Unida y UPyD con el PSOE es colosal. Tanto que los portavoces de ambas formaciones han lanzado un mensaje claro y directo a los socialistas y, en particular, a su secretario general y presidente del Principado, Javier Fernández. Vienen a decirle que si bloquea en la Junta la reforma electoral, la consecuencia será una reconsideración de su aval a los próximos proyectos del Ejecutivo, comenzando por los presupuestos de 2014. El enfrentamiento pone al Gobierno regional en una situación muy, muy delicada.

El presupuesto de 2014 es, posiblemente, la cuestión más importante para el Gobierno en lo que resta de legislatura. Dado que las próximas elecciones serían en la primavera de 2015, contar con unas cuentas de nuevo cuño adaptadas a la realidad actual, en un momento en que parece que la economía comienza a dar signos de mejora, permitiría a Javier Fernández y su equipo poner la proa hacia esos comicios con el horizonte financiero relativamente despejado. Por contra, hacerlo en un escenario de prórroga sería un golpe duro para la economía regional en su conjunto y, en una lectura más política, para un Ejecutivo que trasladaría una sensación de debilidad.

Queda tiempo todavía para ir atando cabos, puesto que el debate presupuestario no se zanja hasta diciembre, pero los partidos deben calibrar bien sus fuerzas ante la batalla que está por llegar. El PSOE tiene que elegir entre mantener su criterio y rechazar la reforma electoral -que teóricamente le perjudicaría en términos de reparto de escaños- si no consigue una mayoría más amplia, aun poniendo en riesgo la aprobación de los próximos presupuestos, o ceder a cambio de mantener su solidez parlamentaria y contar con un horizonte económico más despejado. A la par, Izquierda Unida y UPyD deberán ser conscientes de hasta dónde pueden tensar la cuerda y presionar a los socialistas con la reforma electoral, teniendo en cuenta la trascendencia que tendría abocar a la comunidad a una situación de prórroga presupuestaria.

Segundo plan de reforma

Esa inestabilidad tiene su máxima expresión en el presupuesto pero alcanza a otros asuntos de calado. El Principado tiene pendiente la presentación de un segundo proyecto de reordenación de su sector público para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Gobierno central en su plan económico-financiero, una iniciativa que conllevará el redimensionamiento del ente público de comunicación (RTPA) y la reestructuración del actual entramado de fundaciones. Un tema relevante en el que los socialistas también necesitan del aval de IU y UPyD, dado que tanto Foro como el PP ya han dejado claro que los planes avanzados por el Ejecutivo son del todo insuficientes y que sería necesaria una reforma mucho más profunda.

Javier Fernández y su equipo deben resolver estas cuestiones a la par que mantienen la atención en lo que sucede en el escenario nacional. Embarcado en una serie de recursos judiciales contra el Gobierno -impuesto a la banca, ley de costas.- y tras el revolcón que supuso el reparto de los objetivos de déficit, en el que el Principado salió claramente perjudicado, el Ejecutivo regional afronta ahora otro debate en el que también tiene todos los visos de salir mal parado: la reforma de la financiación.

Es probable que el Ministerio de Hacienda comience a mover los primeros hilos a final de año, aunque no será hasta 2014 cuando la negociación para alumbrar un nuevo modelo coja velocidad de crucero. El Principado busca alianzas -Castilla y León, Galicia, Aragón o Cantabria- para forjar un frente común ante un debate que no se presenta con buenas expectativas, teniendo en cuenta que comunidades poderosas con intereses contrarios a los suyos -Madrid o Andalucía- presionan para salir ganando y que Mariano Rajoy cuenta con la financiación como herramienta para contentar a Cataluña dándole más recursos y atemperando así su aventura soberanista. Sin recursos adicionales a repartir sobre la mesa, la reforma no pinta bien para Asturias.

Hay, además, otras cuestiones domésticas por resolver, aunque en este caso tienen que ver más con el funcionamiento del sistema político que con el interés general. Después de la ruptura de las negociaciones en julio, la revisión de los sueldos de los diputados sigue en el alero. Los grupos fueron incapaces de ponerse de acuerdo en torno a un documento base que eliminaba el actual sistema de dietas, que no tributan a Hacienda, y equiparaba los salarios al de los consejeros y directores generales de la administración regional. Sobre la mesa quedó una propuesta final de UPyD basada en esos mismos parámetros pero que suprimía por completo el pago del kilometraje. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a un acuerdo entre PSOE, IU y UPyD como vía para desbloquear el asunto, asumiendo la imposibilidad de pactar con Foro y Partido Popular.

Será, pues, un curso político intenso y agitado en el que la cercanía del proceso electoral, un año y medio en la realidad aunque apenas un año en términos efectivos puesto que la precampaña ya estará lanzada a la vuelta del verano de 2014, tendrá una enorme influencia en la toma de decisiones. Y es que los partidos ya han comenzado a mirar de reojo el calendario, a planificar sus estrategias y a saber de qué forma y con qué mensajes les conviene llegar a la parrilla de salida de la carrera electoral. Cualquier actuación o iniciativa deberá ser interpretada en buena medida, pues, en esa clave.

Financiación autonómica…

Madrid contradice a Asturias y pide aplicar ya el nuevo reparto de fondos

01.09.13 - A. S. | OVIEDO, en El Comercio.

La reforma de la financiación autonómica es, sin ningún género de duda, el gran debate económico pendiente. Una negociación que el Principado quiere demorar todo lo posible, cómodo como se encuentra en el modelo actual, y que el Gobierno central pretende activar en breve con el objetivo de madurarla el año próximo para que entre en vigor en 2015. Unos plazos que no comparte la Comunidad de Madrid, que discrepa tanto del Ejecutivo asturiano como del central, de su propio partido, y que defiende que el nuevo sistema entre en vigor ya el 1 de enero de 2014.

Madrid es, junto con Cataluña, la comunidad más activa en defensa de la reforma del modelo de financiación aprobado en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El gabinete que preside el popular Ignacio González siempre se ha quejado de la pérdida de recursos que le ha acarreado el sistema y así se lo hace saber ahora de forma oficial a quien pilotará el proceso de revisión, Cristóbal Montoro, al que ha remitido una carta en la que llama a suprimir «las injusticias más claras y las trampas más directas» que, sostiene, lastran las finanzas madrileñas.

En la misiva remitida a Hacienda y firmada por su consejero de Economía, Enrique Ossorio, el Gobierno madrileño insta a no alargar en el tiempo la negociación y a cumplir la legislación vigente que, según su criterio, obliga a que haya una nueva financiación al inicio del próximo ejercicio. «La ley dice que el sistema tiene que tener efectos a 1 de enero de 2014. Nosotros tenemos que hacer un presupuesto para 2014 y por eso planteamos la reforma o que, por lo menos, el Ministerio de Hacienda promueva la supresión de aquellas trampas que perjudican directamente a Madrid», reza la carta.

Esas 'trampas' a las que alude Ossorio tienen que ver con los criterios introducidos en 2009 para que el reparto de fondos no se hiciera únicamente atendiendo a la población de cada autonomía, y que suponen un beneficio directo para Asturias: el envejecimiento, la dispersión, la orografía... Factores correctores que permiten que el Principado se sitúe por encima de la media en recursos por habitante y que Madrid quiere eliminar o, al menos, minimizar.