En el momento en que el Auto de paralización se haga firme ver veremos si Lasquetty se arriesga al desacato
14 causas en los juzgados acorralan el plan para privatizar 6 hospitales
Sanidad sostiene que el “proceso sigue” pese al auto de paralización cautelar
Foto: Salvador Victoria y Javier Fernández-Lasquetty, durante la rueda de prensa.
Pilar Álvarez, Madrid, en El País.
El proceso de privatización de seis hospitales públicos madrileños está sumido en una maraña judicial y administrativa. El l juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 paró este martes de forma cautelar la operación para “proteger derechos fundamentales” hasta que se dicte “una sentencia firme que ponga fin al procedimiento”. Pero el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, esgrimió este jueves un nuevo auto judicial —cuyo texto no facilitó— que rechaza paralizar el proceso y añadió que todo “sigue adelante”. De todas formas, las concesionarias han abandonado de momento los despachos que ocuparon en los hospitales, y sobre los que pesan al menos 14 causas abiertas en distintas instancias:
Afem. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid mantiene cuatro procedimientos abiertos. Suya es la denuncia presentada ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo 4, que ha parado el proceso de forma cautelar para proteger los derechos fundamentales, en un fallo que cuestiona el ahorro esgrimido por Sanidad para privatizar. En el juzgado contencioso administrativo 16, hay otra causa abierta de Afem, que pedía una “corrección de errores” tras el cambio introducido en el Boletín Oficial de la Comunidad solo cuatro días antes de que acabara el proceso de presentación de propuestas, que reducía un 90% el aval que debían presentar las empresas. Este es el proceso en el que el juez ha rechazado la suspensión cautelar, según anunció el jueves el consejero. También han impugnado los pliegos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y, además, presentaron una querella al juzgado de instrucción 4 de Madrid por delitos como prevaricación y malversación de caudales públicos en la primera fase de la privatización, la de los hospitales de Valdemoro, Torrejón y Móstoles. Dos exconsejeros y dos altos cargos de Sanidad están citados en calidad de imputados y a la espera de prestar declaración.
PSOE. El Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso presentado por 50 senadores socialistas. El pronunciamiento de este tribunal no paraliza el proceso, porque solo el Gobierno puede pedir medidas cautelares en este caso y no lo ha hecho. Ante el juzgado Contencioso Administrativo 2 y ante el TSJM presentaron dos denuncias similares relacionadas con la corrección que redujo el aval a presentar un 90%. El Contencioso aún no se ha pronunciado. La sección tercera de lo Contencioso Administrativo paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio a la espera del pronunciamiento posterior del Tribunal Superior de Justicia que, dos semanas después, levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— que pidieron la suspensión “no ostentan un interés legítimo”. Además, el PSOE se adhirió a la querella de Afem y tiene una denuncia abierta ante la Dirección General del Mercado Interior de la Comisión Europea, a la que pide que anule el contrato.
AMYTS. El sindicato de médicos tiene un procedimiento abierto en el juzgado Contencioso Administrativo 32 por el cambio del aval a las empresas. El juzgado se inhibió a finales de junio. El asunto pasó al TSJM, que debe pronunciarse.
UPyD. El partido ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia para denunciar “el posible reparto” de la gestión entre tres empresas. Están a la espera de respuesta. Ayer formalizaron también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que declare nula la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, aprobada el pasado 27 de diciembre, que incluye la privatización.
Ayuntamiento de Parla. El TSJM admitió a trámite a principios de agosto el recurso del Consistorio, gobernado por el PSOE, contra la privatización de su hospital, el Infanta Cristina. El Ayuntamiento alegó que se han modificado las condiciones de cesión de terreno municipal, destinado a un centro de gestión pública.
CC OO. El sindicato formalizó a finales de julio un recurso ante el TSJM en el que apelaba a la protección de los derechos fundamentales. Están a la espera de pronunciamiento.
SATSE. Un juzgado contencioso administrativo admitió a trámite el recurso del sindicato de enfermería contra los pliegos del concurso. Según fuentes de SATSE, están a la espera de que les envíen el expediente para formalizar la demanda.
CSIT. La central sindical también recurrió ante el TSJM el 15 de julio y esperan respuesta.
Otro juzgado rechaza paralizar la privatización sanitaria
Se trata de un recurso "muy específico" de AFEM contra la modificación de los pliegos
La Comunidad afirma que "no va a parar" el proceso y que "cumple todos los requisitos legales"
Los médicos defienden la competencia del magistrado y rechazan los intentos de politizarlos
José Marcos / Victoria Torres Benayas / Pilar Álvarez, Madrid, en El País.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 16 de Madrid ha denegado hoy la petición de suspender de forma cautelar el concurso para privatizar la gestión de seis hospitales públicos que le formuló la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), una decisión que llega dos días después de que otro juzgado de lo contencioso, el número 4, sí aceptase esta misma medida cautelar hecha por la misma asociación.
¿Cómo es posible? Porque se trata de dos recursos "muy distintos". "El recurso ante el Juzgado número 16 es muy específico", precisa vía telefónica una de las portavoces de AFEM, Patricia Alonso. "A diferencia del recurso presentado ante el Juzgado número 4, que nos acaba de dar la razón, en este caso no impugnábamos todo el proceso sino única y exclusivamente la modificación de última hora de los pliegos del concurso", explica.
A cuatro días de que acabara el final del plazo de presentación de ofertas para la gestión de los seis hospitales, el Gobierno regional introdujo como corrección de errores un cambio sustancial en las condiciones del concurso. Al añadir la palabra “anual” en la garantía del 5% que debían presentar las empresas adjudicatarias, redujo en cerca de un 90% este aval —el contrato es por 10 años—, así que los 233 millones que debían aportar se quedaron en apenas 28.
"Lo que ha hecho el juez es descartar la suspensión cautelar que pedíamos también en este caso, pero el recurso sigue adelante", matiza Alonso, que añade que esperan para los próximos días y meses muchos otros autos judiciales, ya que AFEM tiene "cinco procesos judiciales pendientes contra la privatización".
"Uno es el del Juzgado número 4, en el que recurrimos la privatización apelando a los derechos fundamentales; otro es el del Juzgado número 16, solo contra la modificación de las condiciones del concurso; el tercero es ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); el cuarto es la querella penal contra la primera oleada de privatizaciones, en la que están imputados dos exconsejeros de Sanidad; y el quinto es ante el Tribunal de la Competencia, ya que se presentaron seis ofertas para seis hospitales".
A pesar de que son dos procedimientos judiciales independientes, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha esgrimido este auto para denunciar un supuesto guirigay judicial y para urgir a los tribunales a que se aclaren y aclaren cuanto antes "lo que la Comunidad de Madrid tiene que saber" en beneficio de los ciudadanos, la sanidad pública y los profesionales.
“Ya llevamos cuatro decisiones judiciales. El tanteo va así: dos juzgados de lo contencioso y el TSJM han rechazado los recursos presentados, y uno de lo contencioso no”, ha declarado Lasquetty. “Desde el máximo respeto a la justicia [el miércoles dijo que el auto de Gómez es “político” y que contiene opiniones personales], urge que se aclare esta situación, mientras AFEM y otros sindicatos y plataformas como AFEM, satélite del Partido Socialista, presenta recursos en todos los buzones que ha encontrado en la calle. Lo único que buscan es embarrar y confundir con un enjambre de recursos”, ha añadido.
"Quiero recordarle al señor Lasquetty que detrás de nosotros no se encuentran los partidos políticos", ha dicho hoy el neurocirujano Pedro González, presidente de AFEM, en una comparecencia en el Colegio de Médicos en la que ha pedido públicamente la dimisión del consejero. "Al lado de nosotros están las personas de la calle que no quieren que sus impuestos sirvan, una vez más, para enriquecer a las empresas, sino para curarles a ellos", ha añadido González.
“Las concesiones no han sido anuladas, siguen trabajando”, ha recalcado el consejero, a la espera de los recursos judiciales, que prosiguen su curso. El consejero del ramo no ha dado fechas de cuándo se aclarará el proceso. La oposición da por hecho que el proceso privatizador se retrasará, “si no se paraliza totalmente”, al menos hasta el año que viene.
En el hospital del Henares, tras una concentración para celebrar la paralización cautelar del proceso, más de un centenar de trabajadores se han reunido en asamblea para saber qué va a pasar con ellos y planear nuevas movilizaciones. En este centro -uno de los más activos contra la privatización- hay 764 empleados pendientes del cambio. Los responsables de Sanitas que habían ocupado uno de los despachos de la tercera planta se marcharon el martes. En los papeles que habían entregado a eventuales e interinos con las nuevas condiciones laborales, se especificaba que la fecha de incorporación era el 1 de octubre, pero ahora esa fecha está en el aire.
“No se genera inseguridad jurídica porque el juzgado número cuatro no era competente para pronunciarse como lo ha hecho cuando ya lo hizo el TSJM, que es un órgano superior”, ha intervenido el portavoz de Gobierno regional, Salvador Victoria. “Plataformas como AFEM, instrumentalizadas por la izquierda, están generando caos. Este proceso de externalización no se va a parar. Va a continuar porque cumple con todos los requisitos legales”, ha enfatizado.
Desde AFEM defienden la competencia del magistrado que les ha dado la razón, Carlos Gómez —la Comunidad considera que se debería haber inhibido— y entienden que el auto está bien fundamentado y con argumentos lo suficientemente “brillantes” como para pedir la dimisión de Lasquetty. Frente a la estrategia del Ejecutivo autonómico de intentar restarles credibilidad vinculándolos a unos fines partidistas, la Asociación de Facultativos ha insistido en que “detrás" de ellos "no hay partidos políticos”. De hecho, entre sus filas no es extraño encontrar a quienes venían siendo habituales votantes del PP.
Por otro lado, la Comunidad ha remitido al Consejo Consultivo, conforme a lo que dice la Ley de Acompañamiento, un proyecto de decreto para acreditar los requisitos de las agrupaciones de profesionales que quieran gestionar el 10% de los centros de atención de primaria de la región, según pretende el Gobierno regional.
0 comentarios