Marcelo pronuncia la célebre frase en el Hamlet de Shakespeare: “Algo huele a podrido en Dinamarca”, como preludio de lo que se va a revelar si, algo huele a podrido, pero no en Dinamarca precisamente, bastante más cerca.

Los exconsejeros de Sanidad de Madrid, imputados por prevaricación en la privatización sanitaria

El magistrado confirma que las adjudicaciones se hicieron a sociedades de accionariado opaco y que más tarde terminaron contratando a los dos políticos

Raúl Rejón, en eldiario.es

Los ex consejeros de Sanidad de Madrid Manuel Lamela y Juan José Güemes son imputados finalmente por prevaricación. Ambos ex dirigentes del Gobierno del PP de Esperanza Aguirre tendrán que responder criminalmente por el proceso de adjudicación de hospitales y laboratorios a empresas privadas. El magistrado Marcelino Sexmero rechaza el recurso interpuesto por Güemes -al que se adhirieron los demás querellados y fue respaldado por la Fiscalía- en un auto de 29 de octubre, ya que los hechos que denuncia la asociación de médicos AFEM "son constitutivos de delito".

Lamela y Güemes, además del actual director general de Hospitales de la Comunidad Antonio Burgueño, están imputados por ser los responsables políticos de las, según el auto, " adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos por la ley como la no exigencia del canon de la que se han beneficiado dichos acuerdos". Y luego resalta el escrito del juez: "Para después contratar los servicios de los anteriores Consejeros de Sanidad". Güemes fue nombrado consejero de la empresa Unilabs, después de que ésta comprara la concesión de los laboratorios centrales a la adjudicataria original. Al conocerse la noticia dimitió. Lamela, por su parte, apareció en una sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital del Tajo (centro en cuya planificación participó como consejero). Sexmero llega a incluir como argumento en su decisión el hecho de que la Sanidad madrileña dirigida por Aguirre, Lamela y Güemes llegó a fichar a directivos de las empresas que, más tarde, participarían en la entrada de contratistas en la gestión médica. Así especfica: "Habiéndose contratado incluso al señor Antonio Burgueño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alcira".

De esta manera, el magistrado entiende que "resulta indispensable la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos relatados" en la querella. AFEM en un relato, según el juez no del todo claro, expuso que se da una derivación de pacientes hacia los centros de gestión privada (llevados por empresas) "con amenazas o intimidación contra su voluntad" mediante el centro de citación telefónica (call center). También expusieron la "ausencia de control en el precio de adjudicación de un centro de especialidades (Pontones)" así como la "ausencia de control en la facturación intercentros -se ha facturado de menos a los tres centros de gestión privada-".

De todo ello se deriva la "prevaricación" de los políticos que llevaron el proceso desde la consejería: Güemes y Lamela. AFEM entiende que esta decisión "vuelve a dar esperanza porque legitima la acción de los ciudadanos que detectan una irregularidad y la pueden llevar ante la justicia". El portavoz de Sanidad del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Freire, ha contado a eldiario.es, nada más leer el auto, que "llega en un momento clave, ya que no creo que el TSJM levante la suspensión cautelar de la privatización de hospitales bajo estas circunstancias jurídicas".

Este proceso saltó el 20 de junio cuando el mismo magistrado decidió la imputación de la cúpula sanitaria que había iniciado la privatización de centros hospitalarios y analíticos en la región madrileña. Sin embargo, no se había producido la declaración como imputados de los políticos por el recurso de Güemes y la falta de diligencia de la consejería -según indicó el tribunal- en enviar información requerida por el juzgado. Ahora el paseíllo hacia el magistrado está corroborado.

Lamela y Güemes, imputados por prevaricación y cohecho

El juez del Instrucción número 4 desestima los recursos interpuestos por los exconsejeros de Sanidad contra la querella de Afem

PÚBLICO

El juez del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación de los exconsejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid,  Juan José Güemes y Manuel Lamela por presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).

La querella interpuesta por Afem fue recurrida por Güemes, Asisa y Unilabs, pero el magistrado ha desestimado, en un auto fechado el pasado martes, dichos recursos, a los que también se habían unido la actual viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores; el director general de Hospitales, Antonio Burgueño Carbonell; la empresa Capio —ahora llamada IDC Salud—; e, incluso, la Fiscalía.

Sin embargo, Sexmero considera que la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) está legitimada para actuar como acusación particular ya que "al colectivo médico le asiste un interés legítimo en el proceso de la llamada “privatizacion o externalización” de los servicios médicos en cuyo contexto se habrían cometido los delitos que se imputan en la señalada querella".

Asimismo, el juez ratifica que los hechos que fundamentan la querella son constitutivos de delito; otro de los motivos para admitirla a trámite y desestimar los recursos contra la misma. "No puede decirse que del relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se imputa estos hechos", sentencia Sexmero en el auto publicado hoy [ver pdf].

Así, imputa a Capio, Ribera Salud y Asisa —empresas adjudicatarias de la gestión de los hospitales "externalizados" antes citados— por un presunto delito de "realización arbitraria del propio derecho y/o coacciones" por derivar pacientes de la pública a la privada a golpe de call center.

Por su parte, Flores, Burgueño y Juan Antonio Álvaro de la Parra —director regional de IDC Salud, gestora de la Fundación Jiménez Díaz—, así como la propia Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa están acusados de un presunto delito contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de caudales públicos. ¿Los motivos? "Ausencia de control del precio del concierto con la Fundación Jiménez Díaz sin que se haya fijado un canon; ausencia de control, también, en la facturación intercentros; y la concesión de una subvención encubierta por la amortización de obras", entre otras cuestiones citadas en el auto.

Por último, Güemes y Lamela están imputados por prevaricación y cohecho por haber utilizado la puerta giratoria. "Se imputa el delito de prevaricación y cohecho a los querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco, incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley [...] y que se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores Consejeros de Sanidad como el Sr. Güemes y el Sr. Lamela", especifica el juez. Sexmero considera a ambos exconsejeros —ratificando las acusaciones de Afem— como "responsables políticos de la adjudicación, en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas empresas como el propio Sr. Burgüeño Carbonell que participó en su día en la creación del modelo Alzira".

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