Ante ello hay una cuasi-sublevación autonómica
Las CCAA deben aplicar desde enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria
Diario de Castilla la Mancha
Las comunidades autónomas deben empezar a aplicar a lo largo del mes de enero el copago de fármacos de dispensación hospitalaria para pacientes que no estén hospitalizados, aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Aunque entró en vigor el pasado 1 de octubre, se facilitó un plazo de tres meses para que las administraciones regionales pudieran adaptarse a esta nueva medida. Sólo Ceuta y Melilla la aplicaron tras su aprobación y el resto lo harán a lo largo de enero "con su propio criterio", según informan fuentes del Ministerio de Sanidad.
Según han aclarado a Europa Press, el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (SNS) definía que "cada comunidad autónoma tendrá su criterio al respecto (…), el criterio general fue que entrara en vigor, pero cada CCAA lo aplicará con su propio criterio".
La medida que debía haberse puesto en marcha el pasado 1 de octubre se topó con la negativa de numerosas CCAA a su implantación. Así Canarias, Andalucía, Aragón, País Vasco, Cataluña, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Baleares afirmaban que no la aplicarían, en muchos casos por rechazo o en otros por problemas para su implantación. Por el momento, la han recurrido mediante un contencioso administrativo Castilla y León y Andalucía, mientras País Vasco ha presentado un recurso de alzada y Canarias ha anunciado que lo recurrirá.
Por el contrario, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Murcia y La Rioja, admitían tras el anuncio de la medida que pondrían en marcha su establecimiento al tratarse de una legislación básica estatal; el resto de comunidades manifestaban su imposibilidad inmediata de implantar dicho copago por motivos de gestión en su implantación.
Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fuentes de Sanidad señalaban a Europa Press que su puesta en marcha esta motivada por la necesidad de que todas las CCAA, "que son las que lo tienen que poner en vigor", utilicen la asignación de aportación reducida para estos fármacos, y tras comprobar que "no todos los fármacos dispensados tenían esta consideración".
Por tanto, añadían, "antes de que las CCAA lo pongan en vigor Sanidad lo que hace es asegurarse que todos los medicamentos serán de aportación reducida".
En total son 157 presentaciones farmacológicas de poco más de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves –oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros –que, hasta ahora, estaban exentos de pago–.
Estos medicamentos, según Sanidad, "cumplen con las condiciones para ser considerados de aportación reducida, al tratarse de medicamentos de elección en el tratamiento de enfermedades graves o crónicas, y estando limitada su dispensación, en el ámbito del SNS, a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales".
La aportación del usuario a dichos medicamentos, que estaban exentos del copago, será de un 10 por ciento del PVP del medicamento, con un máximo que se fijará teniendo en cuenta la subida del IPC en 4,26 euros –hasta ahora era de 4.20–, de acuerdo a la Resolución de 21 de enero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
RECHAZO DE MÉDICOS, PACIENTES Y PARTIDOS
La medida ha suscitado desde el primer momento el rechazo de pacientes, médicos y de los distintos grupos de la oposición. El PSOE ha apoyado la posición manifestada por algunas comunidades y ha instado al Gobierno a que deje "sin efecto" dicha medida, al tiempo que pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato.
Mientras, el portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha calificado al Real Decreto de copago farmacéutico de "infamia y gestión desleal" de la sanidad pública; mientras que desde UPyD destacaban la escasa recaudación de la medida.
En cuanto a los pacientes y médicos, la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) denunciaba que la Administración ignore "sistemáticamente" la alta prevalencia de afectados por esta enfermedad; la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), remitía una carta a Mato expresándole "el impacto que supondría en los enfermos de patologías hepáticas"; y la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer recordaba que la medida "perjudica a los niños y adolescentes enfermos de cáncer".
Por su parte, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) la calificaba de "plenamente injustificado" el copago de fármacos de dispensación hospitalaria ya que, a su juicio, es una medida que plantea "dificultades" en su aplicación y, además, "no contribuye" a racionalizar el consumo ni sirve como instrumento de financiación adicional.
También, FACUA-Consumidores en Acción acusó al Gobierno y, concretamente al Ministerio de Sanidad, de llevar a cabo un "nuevo ataque" contra los enfermos que padecen enfermedades crónicas o graves.
Por el momento, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que interpuso el pasado mes de octubre un recurso de alzada contra la resolución que fue desestimado por Sanidad, se plantea presentar un recurso contencioso-administrativo donde solicitara la anulación de la resolución, así como su suspensión cautelar.
DE ANTITUMORALES A ANTICONCEPTIVOS
Entre los fármacos incluidos se encuentra medicamentos para retrasar la progresión en cáncer de mama avanzado como el 'Afinitor' o el 'Tyverb', para tratar el cáncer de riñón avanzado o extendido a otros órganos como el 'Votrient'; o para en el tratamiento de tumores cerebrales como el 'Temodal'; además de otros tantos fármacos prescritos para la leucemia mieloide crónica (LMC), el tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastásicos del estroma gastrointestinal (GIST), para reprodución asistida, la artritis reumatoide, la degeneración macular o la hepatitis C crónica, entre otros.
Además, se incluye dentro de la lista el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG) 'Mirena', que es un sistema anticonceptivo; y, por otro lado, 'Lactest' indicado para diagnóstico de la intolerancia a la lactosa.
En el motivo de la resolución, recuerda que "las características de gravedad y cronicidad de las patologías en que están indicados los medicamentos", que ahora serán incluidos el en la aportación farmacéutica, "aconsejan que la aportación por parte del beneficiario sea reducida pues de otro modo se producirían situaciones de inequidad por comparación a los medicamentos de aportación reducida que se dispensan habitualmente en las oficinas de farmacia".
De este modo se cumple el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, con el objeto de equiparar las dispensaciones mediante receta médica y orden de dispensación hospitalaria a efectos de la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.
En su gran mayoría, se trata de medicamentos que sin tener la calificación de uso hospitalario tienen establecidas reservas singulares en el ámbito del SNS consistentes en limitar su dispensación a los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales, pero pertenecen a grupos terapéuticos considerados de aportación reducida.
El copago farmacéutico hospitalario levanta ampollas
Narci Ruiz, en Cambio 16
La última resolución anunciada por el Ministerio de Sanidad, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, obliga a los pacientes que necesiten recibir algún fármaco en el hospital a pagar un 10% de su precio.
Las reacciones ante esta medida no se han hecho esperar, ha despertado el malestar de los usuarios de la sanidad pública, y ya son varias las comunidades autónomas que se niegan a implantarla.
Los medicamentos de dispensación ambulatoria son aquellos reciben los pacientes no hospitalizados en los servicios de farmacia de los hospitales. Y la medida afecta a más de 40 fármacos que, en general, cuentan con un precio elevado y que hasta el momento habían quedado exentos de este impuesto.
Estos medicamentos están destinados a tratar a pacientes crónicos o con enfermedades graves -cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple, tratamientos de fertilidad, artritis, hepatitis- que con la mediad se verán obligados a abonar un 10 % de su precio, con un tope de 4,2 euros por fármaco.
Andalucía y Castilla y León interponen un recurso
Varias comunidades autónomas han mostrado su absoluto rechazo a esta nueva imposición sanitaria. Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Canarias y Asturias no ven positiva esta nueva fórmula. Algunos, como el consejero asturiano, Faustino Blanco, ven en este tipo de medidas un ataque directo a las personas mayores de nuestra sociedad que son las que más utilizan estos servicios y las que poseen menos poder adquisitivo.
Por su parte, la consejera de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha informado de que se ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la aplicación del copago en las farmacias hospitalarias, y ha afirmado que "no se va a aplicar" en Andalucía.
La consejera andaluza no cree -basándose en algunos estudios previos- en que estas medidas supongan un importante ahorro para el país. Pone en duda de esta forma, la que ha sido una de las principales justificaciones por parte del Gobierno para sacar esta resolución.
Sánchez Rubio ha insistido en que "es una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario", sobre todo, "para aquellas personas con enfermedades crónicas o muy graves", y que "supondría un menoscabo importante de su salud en el caso de que estas personas dejaran el tratamiento".
Otra comunidad que se ha sumado al recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido Castilla y León que, entre otras cosas, alega que "no se han aclarado a las comunidades autónomas todas las cuestiones técnicas imprescindibles para la implantación efectiva y homogénea".
Las distintas juntas autonómicas consultadas por Cambio16 han coincidido en que esperan que, con este recurso interpuesto, se frene la iniciativa y los pacientes no tengan que abonar los medicamentos dispensados en los centros ambulatorios.
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