En la misma línea de las decenas de sentencias de todos los tribunales que se han pronunciado hasta el momento a lo largo y ancho de la geografía nacional .
Alguien debería plantearse, con valentía política, aceptar la unánime línea jurisprudencial y asumir la devolución de oficio generalizada a todos los empleados públicos…
El TSJA abre la puerta a que los funcionarios cobren parte de la extra de Navidad de 2012
El Parlamento regional tendrá que devolver a 28 trabajadores el 25% de la paga por aplicar con carácter retroactivo el ajuste del Gobierno
25.02.2014, Oviedo, J. A. ARDURA, en La Nueva España.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha abierto la puerta a que los funcionarios del Principado puedan cobrar una parte de la paga extra de Navidad de 2012, que habían perdido en cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria dictadas por el gobierno central. Una sentencia de ese tribunal, que aún no es firme, obliga a la Junta General del Principado a abonar a 28 trabajadores del parlamento autonómico, que recurrieron a través de los servicios jurídicos del sindicato Usipa, una cuarta parte de esa paga extra, que ya había sido devengada de sus nóminas mensuales cuando entró en vigor el decreto de medidas extraordinarias aprobado por el ejecutivo de Mariano Rajoy, en julio de 2012.
Los empleados del parlamento autonómico basaron su recurso en tres reclamaciones diferentes: los empleados ya habían visto devengadas de sus nóminas cantidades correspondientes a la mensualidad de junio y a media mensualidad de julio al entrar en vigor el decreto de medidas extraordinarias; la Mesa de la Cámara eliminó la paga extra sin que hubiera negociación con los sindicatos y ese recorte no era de aplicación al personal del parlamento regional. La sala de lo Contencioso Administrativo estimó parcialmente el recurso presentado por el letrado Eduardo Rueda, de los servicios jurídicos de Usipa, sólo en lo referente a la devolución de los devengos practicados a esos 28 trabajadores en un mes y medio de sus nóminas y rechazó el resto de argumentos.
El TSJA establece que las «pagas extras» suponen «una manifestación del llamado salario diferido» pues «se devengan día a día aunque su vencimiento tiene lugar en distintos meses del año». En concreto, la paga «extra» de Navidad remunera a los empleados públicos servicios prestados cada día en los seis meses comprendidos entre el 1 de junio de 2012 y el 30 de noviembre de 2012. El decreto de medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad presupuestaria, en el que se basó la Mesa de la Junta General para suprimir la extra de sus empleados, fue aprobado 14 de julio, fecha en la que, por lo tanto, a los empleados públicos ya se les había devengado de sus nóminas 44 días para la paga navideña. «La norma suprime la paga extraordinaria de diciembre, pero referida a la paga extraordinaria no devengada», precisan los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Es decir, el real decreto ley dictado por el gobierno de Rajoy, no tiene carácter retroactivo, «no afecta a la paga extraordinaria que en el momento de entrar en vigor la norma ya se había devengado paulatinamente con su acumulación día a día» y por lo tanto ese dinero ya forma parte «de la esfera de los derechos económicos» de los trabajadores de la Junta General «pendiente únicamente de su ulterior abono», concluye la sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
El sindicato Usipa valora positivamente el fallo del Tribunal Superior de Justicia y confía en que el pago de las cantidades devengadas en ese mes y medio «se generalice, en primer lugar a los 80 empleados del parlamento autonómico y, posteriormente, a todos los trabajadores de la administración regional», según manifestó su coordinador, José Luis González. «Lo lógico es que esos abonos se empiecen a regularizar lo antes posible y no haya que esperar a una campaña electoral», valoró el representante sindical. La supresión de la «extra «de Navidad a los empleados públicos marcó un punto de inflexión en las movilizaciones del colectivo. Las denuncias de los funcionarios contra las dietas que cobraban los diputados autonómicos acabaron provocando una revisión del sistema retributivo de la Junta General: los parlamentarios asturianos son los únicos de España que tributan por la totalidad de su salario.
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