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La lenta reforma de la Función Pública asturiana: no es el fin de la libre designación pero será un avance en esa dirección… eso si, obligados por las mil y un sentencias en contra…

La lenta reforma de la Función Pública asturiana: no es el fin de la libre designación pero será un avance en esa dirección… eso si, obligados por las mil y un sentencias en contra…

IU y UPyD respaldarán la creación de un grupo de 72 directivos públicos

03.03.2014, Oviedo, J. A. A. / Á. F., en La Nueva España.

El período de sesiones en la Junta General del Principado se presume intenso, con el debate de varias leyes que se llevan "cocinando" desde el inicio de la legislatura, allá por mayo de 2012. Uno de las normativas más esperada es la de Función Pública, un texto que llegó al Parlamento regional a mediados del año pasado y que todavía no ha visto la luz, afectado por la petición de varios grupos parlamentarios para ampliar el plazo de presentación de enmiendas.

El mayor punto de controversia sobre esta ley está en la creación de la figura del personal directivo, una posibilidad recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) pero que despierta recelos tanto entre los sindicatos de la función pública como en algunos de los grupos de la oposición, especialmente Foro y PP. Los dos partidos de la derecha han presentado enmiendas contra la implantación que de ese puesto pretende incorporar el Gobierno regional a la legislación autonómica con el argumento de que la creación de esos puestos de confianza potencia "la politización de la Administración regional". El texto elaborado por la consejería de Hacienda y Sector Público prevé la creación de un máximo de 72 puestos directivos, dos por cada una de las 36 direcciones regionales que integran el actual organigrama del Principado. Los gobiernos podrán destituir a esos directivos cuando lo estimen oportuno, ya que no tendrán blindaje alguno. A cambio, el Ejecutivo propone un "adelgazamiento" en el número de puestos de libre designación, que se reducirán de los 417 vigentes con la reforma promovida por el gobierno de Vicente Álvarez Areces a 157, un ajuste, en buena medida, obligado por el aluvión de sentencias adversas al Principado promovidas por distintos sindicatos y asociaciones de funcionarios.

Los socialistas podrán esquivar la oposición a esta norma de Foro y el PP con el respaldo de IU y UPyD, formaciones que ya han manifestado su disposición a respaldar la creación de esos puestos directivos. Pese a que el PSOE ya ha perdido cien votaciones en la Junta, muchas tras la ruptura del acuerdo con la coalición y el partido magenta a cuenta de la ley Electoral, su reforma de la ley de función pública tiene todos los visos de salir adelante. IU ve lógico que los gobiernos puedan tener personal de confianza en las consejerías, siempre y cuando sean funcionarios, y UPyD tampoco plantea objeciones a esa medida aunque ha presentado cuatro enmiendas, una de ellas de gran relevancia porque pretende limitar a dos años la valoración de los puestos desempeñados en comisión de servicios para optar a concursos.

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