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Destacan que están en cuestión el disfrute y ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante…

Destacan que están en cuestión el disfrute y ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante…

Seis ONG internacionales exigen a Gallardón que retire la reforma del aborto

"La iniciativa es una grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", afirman las organizaciones en una carta conjunta.

EUROPA PRESS, Madrid, 12/05/2014

 

Media docena de organizaciones internacionales han remitido una carta conjunta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para exigirle la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada que derogará la vigente legislación reguladora del aborto en España.

 

Se trata de la Alianza por la Solidaridad, Human Right Watch, el Centro de Derechos Reproductivos; European NGOs for Sexual and Reproductive Health and Rights, Population and Development (EuroNGOs); la Federación de Planificación Familiar Estatal y Rights International Spain, que alertan del retroceso que supondría tal ley en España.

 

Para estas organizaciones, la iniciativa es una "grave amenaza para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y, de aprobarse, "el país se apartaría de la tendencia seguida por la gran mayoría de los países de la Unión Europea y se expondría al rechazo de organismos de derechos humanos internacionales y europeos".

 

"Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que el acceso a abortos legales y seguros es fundamental para el disfrute y el ejercicio efectivos de los derechos humanos por parte de mujeres y jóvenes, incluido el derecho a la vida, a no ser discriminadas y a la igualdad, a la salud, a la privacidad, a decidir sobre el número de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos, y a no ser objeto de trato cruel, inhumano o degradante", exponen en la misiva.

 

En esta línea, recuerdan que diversos órganos internacionales especializados, como el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Salud, "han expresado preocupación con respecto a la relación entre las leyes restrictivas en materia de aborto, los abortos clandestinos y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y jóvenes".

 

"El gobierno español debería adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las mujeres y las jóvenes en España disponen de toda la información necesaria y tienen acceso sin obstáculos, a servicios de aborto legales y seguros en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y otros derechos humanos", dicen las organizaciones.

 

EXPLICACION PARA CREDULOS INCONDICIONALES…

El Gobierno niega que retrase la contrarreforma del aborto por motivos electorales

Casi dos años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció por primera vez  - en una entrevista en el diario La Razón- su proyecto de contrarreforma de la ley del aborto. Pero, incluso después de haberla impulsado- con la aprobación del anteproyecto el pasado diciembre-, el Gobierno continúa retrasando su tramitación definitiva. Y todo parece indicar que no lo hará hasta bien pasadas las próximas elecciones del 25 de mayo.

 

No obstante, Soraya Sáenz de Santamaría ha negado tras el último Consejo de Ministros estas previsiones de los medios de comunicación, tildando el retraso de la normativa de "habitual" y justificándolo con "el calendario de tramitación" que, según la vicepresidenta, lleva su tiempo por "la obligación de solicitar informes" previos a numerosos organismos consultivos. Uno de ellos es el Consejo General del Poder Judicial, donde dos vocales opuestas (una progresista y otra conservadora) han de ponerse de acuerdo para emitir un sólo documento valorativo de la que será la futura Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.  

 

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