Suma y sigue en una corrupción que el presidente de gobierno niega que sea general...
El caso Pokemon suelta una bomba de agua en la política asturiana La juez que investiga la trama imputa por cohecho y tráfico de influencias a siete cargos o excargos del PP y uno del PSOE Cita para febrero al alcalde de Coaña y cuatro de sus concejales
También al exdirector general de Administraciones Públicas y al exvicesecretario popular de Comunicación
Asturias24
La investigación de la trama del agua en Asturias apunta directamente a relaciones prohibidas entre la empresa Aquagest, adjudicataria de la privatización del servicio en más de una veintena de ayuntamientos, y los políticos locales que decidieron algunos de esos contratos. Ocho de ellos --siete del PP y uno del PSOE-- están desde este viernes imputados por la juez del caso, que les atribuye sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias. La lista incluye al alcalde de Coaña (Salvador Méndez, PP); a cuatro de los concejales de su grupo municipal (Rosana González, María Rosa Suárez, José Ramón Pérez y María Isabel Prieto); al concejal del PP de Navia y candidato a la alcadía en 2011 Roberto Santiago; al intermediario de la empresa y exvicesecretario de Comunicación de los populares asturianos, Joaquín Fernández; y al único socialista, el exconcejal de Llanes y exdirector general de Administraciones Públicas José Balmori.
Joaquín Fernández reconoció ante la Policía que nunca explicó a Roberto Santiago el origen del dinero, aspecto que este ratifica en su testimonio, creyendo éste que la dirección regional del PP asumió el pago. Fernández afirmó adelantar una cantidad de dinero a la agencia de viajes y que recuperó con el dinero recaudado por Roberto Santiago, 50 euros a cada excursionista. Tanto el alcalde de Coaña como sus ediles reconocen haber pagado ese dinero, desconociendo la aportación de Aquagest, empresa a la que atribuyen un viaje institucional a Barcelona. Para la Policía, todos esos viajes forman parte de la trama de Aquagest para conseguir contratos.
La magistrada Elena González, que investiga desde su juzgado de Avilés las ramificaciones asturianas de una trama centrada sobre todo en Galicia, ya apuntaba desde hace varios meses a la implicación de las administraciones. La juez ya había pedido información el pasado verano a más de una veintena de ayuntamientos sobre sus contratos con Aquagest o Asturagua, su filial asturiana. Y el propio PP, receloso, solicitó a sus juntas locales información sobre cualquier relación del partido con las empresas que aparecen en la trama. La investigación, por el momento, se centra en los regalos de la empresa y los viajes a su costa. El auto cita un viaje a A Coruña de los ediles de Coaña, que formaron parte de un grupo más amplio, de 20 personas, y había anunciado que investigaba a Balmori por una estancia en el balneario ovetense de Las Caldas. Al revelarse esos hechos, Balmori perdió su puesto en el Gobierno asturiano el pasado 13 de noviembre.
La imputación de los políticos se suma a la de la empresa, a la que la juez acusa de pagar regalos.
Imputados en la trama del agua los ediles del PP de Coaña que fueron de excursión pagada
La juez suma otras ocho personas investigadas y cita a declarar al exdirector regional José Balmori y al exdirigente del PP Joaquín Fernández
29.11.2014, La Nueva España por A. P. G. / G. GARCÍA
La lista de imputados en la "trama del agua", la investigación judicial que salpica a 26 concejos asturianos con relaciones con la empresa Aquagest, suma ya 19 personas y una empresa. La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Avilés emitió ayer una providencia en la que cita a declarar como imputadas por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias a otras ocho personas, entre ellas el exdirector de Administración Local del Principado, José Balmori (PSOE); el alcalde de Coaña, Salvador Méndez (PP), y el exsecretario de Comunicación del PP en Asturias, Francisco Joaquín Fernández, uno de los imputados del "caso Pokémon", la supuesta trama de corrupción política y empresarial con epicentro en Galicia y ramificaciones en Asturias.
La juez convoca a las personas que supuestamente disfrutaron de alojamiento en el balneario de Las Caldas a costa de Aquagest y también a los políticos que participaron en un viaje de fin de semana a La Coruña entre el 16 y el 18 de octubre de 2009, sufragado supuestamente por la misma compañía. Aquagest, que gestiona el servicio de aguas en 19 ayuntamientos, está imputada en el procedimiento por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales (cuando la autoridad o un funcionario exige pagos indebidos o mayores de lo estipulado).
Los próximos días 10 y 11 de febrero están citados Salvador Méndez, la teniente alcalde de Coaña, Rosana González, y dos concejales del mismo Ayuntamiento: María Rosa Suárez Peláez y José Ramón Pérez García. Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica vincula a los cuatro con el citado viaje a La Coruña. Los miembros de la corporación de Coaña aseguraron a la Guardia Civil desconocer que ese viaje lo había sufragado Aquagest, a cargo del servicio de aguas de este concejo desde 2009. También está citada en el juzgado por estos mismos hechos la esposa del Alcalde. "Ya sabíamos que nos iban a llamar. No tengo nada más que decir. Sabíamos que iba a ser así", afirmó ayer el regidor. En lo referente a su declaración, Méndez subrayó que "repetiremos lo que ya hemos dicho, porque esa es la verdad".
El exdirector general de Admininistración Local del Principado, José Balmori (PSOE) está convocado para el 20 de febrero. En su caso, la investigación le atribuye el disfrute de una noche en el balneario de Las Caldas junto a su esposa a cuenta de Aquagest el 27 de febrero de 2010, tres meses después de que el Ayuntamiento de Llanes (del que era teniente de alcalde) ampliase de 10 a 25 años el contratato de la gestión del agua con esa empresa. El presidente del Principado, Javier Fernández, destituyó a Balmori por su conexión con la trama del agua el pasado 13 de noviembre, después de que el propio Balmori pusiese su cargo a disposición del jefe de Gobierno.
El 19 de febrero deberá declarar el expresidente del PP de Navia, Roberto Santiago. Fueron sus "compañeros" coañeses quienes lo vincularon con la excursión a La Coruña. Aseguraron veladamente hace unos días que la organización del viaje corresopondió al PP de Navia o al PP regional. Pero nadie se da por aludido.
Uno de los investigados en el "caso Pokémon" pasa a la lista de imputados de la trama del agua asturiana. Se trata de Francisco Joaquín Fernández Díaz, exsecretario de Comunicación del PP en Asturias. Algunos de los imputados lo han relacionado con viajes organizados por Aquagest que disfrutaron políticos asturianos, según fuentes próximas al caso.
Con la entrada del nuevo año también tendrán que testificar ante la juez instructora el exdirector de Aquagest, Henry Laíño (imputado en "Pokémon" por amañar supuestamente adjudicaciones) y un representante legal de la propia empresa. También el exconcejal de la Agrupación Social Independiente de Avilés (ASIA), Miguel Ángel Villalba. Precisamente la trama del agua estalló en la comarca avilesina en el otoño de 2012 cuando un ciudadano denunció que Villalba había usado supuestamente de forma fraudulenta los datos legales de su padre, un pintor que lleva años viviendo en el Golfo Pérsico.
La jueza solicita además información al Ayuntamiento de Navia sobre cuándo adjudicó a Aquagest la gestión del servicio de aguas, así como un listado con el nombre del Alcalde y de los concejales que formaban entonces la Corporación. También comunicó que se inhibe en el caso del actual presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, que también salieron a relucir en el Informe de la Brigada de Delincuencia Económica. Dada su condición de aforados, será el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad cántabra el que deberá investigar si cometieron delito alguno.
La titular del juzgado número 3 de Avilés ordenó hace una semana a Intervención General del Estado que informe sobre todos los contratos que Aquagest mantiene en Asturias.
La jueza del caso Aquagest imputa a ocho políticos que tendrán que declarar en febrero
En la investigación del presidente de Cantabria y su consejero de Obras Públicas se inhibe al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
FERNANDO DEL BUSTO, en El Comercio.
El conocido como caso Aquagest sumó ayer ocho imputados más, según se recoge en la providencia firmada por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, Elena González Álvarez. En ella fija sus declaraciones para febrero del próximo año. Con esta decisión, el caso suma ya 19 personas y una empresa imputadas en las investigaciones sobre diferentes delitos, principalmente estafa y cohecho.
En la providencia, la jueza también se refiere al presidente de Cantabria, el popular Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso. Los dos políticos tienen condición de aforados, por lo que el juzgado avilesina se inhibe en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que deberá asumir la investigación.
De los ocho imputados ayer, siete pertenecen al Partido Popular. En concreto se trata del alcalde de Coaña, Salvador Méndez; Rosa González Fernández, teniente de alcalde en Coaña; además de tres ediles de ese ayuntamiento: María Rosa Suárez Peláez, José Ramón Pérez García, María Isabel Prieto Cigarrán. A ellos se suma Roberto Santiago Fernández, concejal del PP en el Ayuntamiento de Navia, donde también preside su junta local.
La juez también imputa al que fuera secretario de Comunicación del Partido Popular y presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández. Éste aparece imputado ya en el caso Pokemón y es una de las piezas centrales en la actual investigación. Las imputaciones se completan con el que fuera concejal del PSOE en Llanes y director general de Administración Local en el actual gobierno regional, Francisco José Balmori Poo, que presentó su dimisión después de que LA VOZ DE AVILÉS publicase que se investigaba su relación con la empresa de aguas y una estancia en el balneario de Las Caldas.
Viaje a La Coruña
Uno de los elementos principales de esta pieza de la investigación es la estancia durante un fin de semana del alcalde de Coaña y sus concejales en La Coruña. Para el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía se trata de una estrategia establecida por responsables de Aquagest para conseguir contratos con las administraciones locales. Sin embargo, las declaraciones ante la Policía Nacional tanto del alcalde de Coaña como el resto de ediles populares, a las que ha tenido acceso este periódico, ofrecen un cuadro distinto. Roberto Santiago y Joaquín Fernández se atribuyen entre ellos la iniciativa de organizar el viaje de fin de semana de los afiliados populares.
Según Santiago, para financiarlo, se acordó solicitar 50 euros a los participantes, mientras que el resto sería asumido por el Partido Popular. Roberto Santiago aseguró ante la Policía Nacional que formuló este planteamiento ante Joaquín Fernández que, como responsable de Comunicación del PP, lo aceptó. La versión de Fernández ante la Policía Nacional es diferente. Asegura que Roberto Santiago le comunicó la idea del desplazamiento y como, inicialmente, la dirección regional del PP estaba dispuesta a asumirlo, aunque, posteriormente, rehusó la idea cuando la gente ya se había inscrito.
En ese momento, Fernández se comprometió a mediar ante la dirección regional, encontrándose con la misma negativa. Según su relato ante la Policía Nacional, «para no perder prestigio político» buscó el dinero en Aquagest, empresa en la que trabajaba, aunque les ocultó la naturaleza política del viaje, optando por presentarlo como una actividad cultural «para que no pusieran objeciones».
Finalmente, el viaje fue asumido por Aquagest. Joaquín Fernández no recordó ante la Policía la cantidad pagada, estableciéndola en unos 4.000 euros. Las investigaciones policiales localizaron un abono de 3.808 euros por ese desplazamiento.
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