Por Carlos Ponte, presidente de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias
Elecciones y derechos sociales: la sanidad pública en la encrucijada
Carlos Ponte, portavoz de la Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública de Asturias, expone las prioridades que debe afrontar el próximo presidente del Principado
ASTURIAS24
Las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo serán cruciales para los derechos sociales de la ciudadanía asturiana y, entre ellos, uno fundamental, la atención sanitaria. El dilema ante el que nos encontramos, que en buena medida se va a despejar con el resultado electoral, no es si estamos o no ante la recuperación de la economía en términos macroeconómicos, sino cuál será el modelo de sociedad que se conformará con la salida de la crisis. ¿Se mantendrán altas cifras de paro, precarización del empleo, bajos salarios y deterioro de los servicios públicos o, por el contrario, asistiremos a una recuperación de los derechos y las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía?
En el caso de la sanidad pública, un pilar básico del derecho a la salud y la cohesión social de la población asturiana, la crisis ha traído un considerable retroceso. Ha sido la consecuencia de las políticas de austeridad, con el efecto sumatorio de determinadas debilidades estructurales y funcionales que el sistema sanitario ha venido acumulando a lo largo de los años, sin las políticas de corrección necesarias.
Los resultados están a la vista: la ruptura de la universalidad, con un modelo excluyente de aseguramiento; la introducción de copagos, que dejan, por ejemplo, a muchos asturianos sin acceso a los medicamentos recetados; las desmesurada listas de espera, que suponen en la práctica una denegación de la asistencia; el sustancial y correlativo incremento de la medicina y los seguros privados, a la cabeza de Europa en el gasto de este sector; o la precarización y desmotivación de los profesionales, cuando vemos lo que ocurre en el HUCA y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) en su conjunto.
Mucha problemas y de suficiente entidad, que requieren, desde la perspectiva de la Plataforma para la defensa de la Sanidad Pública, un gran pacto político y social para garantizar el futuro la sanidad pública. La situación del sistema sanitario reclama, en estos momentos, el esfuerzo consensuado de todas y todos los representantes de las fuerzas políticas que constituirán la Junta General del Principado que resulte de las elecciones, y un nuevo contrato social de ciudadanía que asegure el derecho a la protección y la reparación de la salud.
Por ello, pedimos un compromiso político por la SANIDAD PÚBLICA que concretamos en los siguientes términos:
- Primero, el restablecimiento de la universalidad y gratuidad de las prestaciones, así como la revocación de los recortes y de la precarización laboral de los trabajadoras y trabajadores sanitarios.
- En segundo lugar, medidas políticas que apoyen inequívocamente la gestión pública democrática en los centros sanitarios y en los consejos de salud, con capacidad para tomar decisiones, como expresión de la participación activa de los profesionales y los ciudadanos y ciudadanas.
- Tercero, la rectificación del “hospitalocentrismo”, con un incremento de los presupuestos y la valorización y cometidos de la salud pública, la promoción de la salud y la atención primaria.
- Cuarto, la puesta en marcha de instrumentos específicos de selección, evaluación y seguimiento para el uso racional de los medicamentos y las tecnologías sanitarias.
- Quinto, y último, la recuperación ética del sistema sanitario con medidas como la declaración obligatoria de los conflictos de interés, la independencia de la Industria en la formación profesional, o la gestión transparente --con participación social-- de las listas de espera.
En definitiva, demandamos acuerdos de mínimos, imprescindibles para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Un reto para todas las fuerzas políticas que nos representarán en la próxima Junta General del Principado.
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