Muy poco a poco, pero avanzando
Morir Dignamente no ve «nada nuevo» en la norma que prepara el Principado
«Mientras no haya una ley estatal en condiciones, lo que decida cada región siempre será insuficiente», recalca el presidente de la entidad, Javier Rodríguez
LUCÍA RAMOS, GIJÓN, en El Comercio
«Siempre es positiva una ley que refuerce a la de Autonomía del Paciente y contribuya a garantizar que las personas mueran de forma digna mientras da seguridad jurídica a los profesionales, aunque éste es un texto bastante reiterativo. En varios artículos repite lo que ya dicen otras leyes y no parece aportar nada esencialmente nuevo». Con estas palabras se refiere el presidente en Asturias de la asociación Derecho a Morir Dignamente, Javier Rodríguez Morán, al borrador del anteproyecto sobre 'Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas al final de la vida' (la conocida como ley de muerte digna), elaborado por la Consejería de Sanidad y cuyo contenido fue avanzado por EL COMERCIO.
Un aspecto positivo del texto, reconoce Rodríguez, es que incorpora muchas cuestiones importantes. «Afecta al ámbito público, privado y social -por ejemplo, residencias geriátricas-, habla de garantizar unos cuidados de calidad que incluyen los aspectos emocionales y sociales y el descanso del cuidador, se refiere también a la atención en el duelo, de una segunda opinión y de continuar con los cuidados aunque el paciente rechace el tratamiento». No ve con buenos ojos, sin embargo, la ausencia total de referencias a los conceptos de eutanasia y suicidio médicamente asistido. «Parece que tienen miedo a utilizar un lenguaje que sí recogen en sus textos tanto la Organización Médica Colegial como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos», señala. Rodríguez tampoco considera suficientes las referencias a la planificación anticipada de los cuidados y el rol relevante de la Atención Primaria en este asunto.
Sin embargo, el aspecto que más preocupa en Derecho a Morir Dignamente es aquel que escapa al control del Principado y de cualquier otro gobierno regional. «Mientras no haya una ley estatal en condiciones, lo que decida cada comunidad autónoma siempre será insuficiente», sostiene el presidente de la entidad en referencia al apartado cuarto del artículo 143 del Código Penal, que ilegaliza tanto el suicidio médicamente asistido como la eutanasia. Una cuestión contra la que también se posiciona el presidente de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), Marcelo Palacios, para quien la ley en la que trabaja Sanidad «es un nuevo e interesante paso más en un camino que solo culminará cuando se deje de criminalizar a quienes piden ayuda para terminar con su vida y a quienes se la prestan». Al igual que Rodríguez, el presidente de la SIBI destaca como puntos positivos del anteproyecto de ley que «propicia una serie de garantías, pone énfasis en el testamento vital y da más seguridad jurídica a médicos y pacientes».
Prudencia entre la oposición
En el ámbito político, las reacciones al borrador normativo que pretende regular la muerte digna tampoco se hicieron esperar. La mayoría de los grupos, con la excepción de los populares, quienes rehusaron pronunciarse al respecto hasta que el texto llegue a la Junta, recibieron con prudencia y satisfacción el anteproyecto elaborado por Sanidad. Prudencia porque todavía no pudieron analizar el documento definitivo y satisfacción porque todos ellos coinciden en la necesidad de abordar «un tema de tal calado en pleno siglo XXI».
Quien más crítico se muestra es el diputado de Foro, Pedro Leal. Aunque reconoce que «está claro que debemos adaptarnos al siglo en el que vivimos», sospecha que esta nueva ley «solo sirva para que el Gobierno regional quede bien, como sucedió con el tema del testamento vital». El derecho a morir con dignidad, agrega, es difícil de regular, pues hay que tener en cuenta no solo al paciente, sino a su familia y a los propios profesionales sanitarios, «a quienes se está dejando de lado. Esperamos que ésta no sea una más de esas normas que se hacen de cara a la galería y para contentar a una parte del electorado», sostiene.
Una posición similar presenta el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé, quien recalca que su partido es «partidario de una ley que regule la muerte digna» y se compromete a analizarla «con atención y cuidado. Es importante tratar aspectos como la posibilidad de rechazar el tratamiento con soporte vital y el derecho a recibir tratamientos paliativos relacionados con la sedación, aunque acorte la vida», agrega. En cuanto a la seguridad jurídica que la nueva norma podría aportar, destaca que «cerrar protocolos es muy positivo, tanto para el paciente como para los profesionales médicos».
Cambiar la ley
Podemos e IU, por su parte, van más allá y proponen, al igual que Rodríguez y Palacios, cambiar la ley para garantizar total libertad a la hora de disponer de la propia vida. «Entendemos que el derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena muerte, y para ello instamos al Gobierno central, ya que es quien tiene la competencia para llevarla a cabo, la modificación del artículo 143.4 del Código Penal, en el sentido de quedar exento de pena quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos permanentes e insoportables», apuntan desde la formación morada, que ya registró una proposición no de ley al respecto. Consideran, además, que la consejería debería abordar desde el ámbito de sus competencias la disposición de unidades de cuidados paliativos, aportar recursos de apoyo a los enfermos terminales y sus familiares, dotar de información y formación al personal sanitario y coordinarse con los servicios sociales para, en los casos que sea necesario, realizar una intervención social.
Por último, el portavoz de IU en la Junta, Gaspar Llamazares, reconoció que su formación acoge la medida con satisfacción, ya que responde a una proposición no de ley que ellos mismos presentaron ante la Comisión de Sanidad. «Es un avance en la humanización de los procesos sanitarios, los cuidados paliativos y la autonomía del paciente», apunta y advierte, no obstante, que la existencia de una normativa estatal al respecto podría suponer un retroceso
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