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Batería socialista de proposiciones no de ley: lo de la píldora postcoital, que se priorice el pago a las farmacias como el de las nóminas, el desarrollo de la Ley de Salud Pública, la troncalidad y las nuevas especialidades, y la prescripción enfermera/o…

Batería socialista de proposiciones no de ley: lo de la píldora postcoital, que se priorice el pago a las farmacias como el de las nóminas, el desarrollo de la Ley de Salud Pública, la troncalidad y las nuevas especialidades, y la prescripción enfermera/o…

El PSOE pide al Gobierno que la píldora del poscoital se siga vendiendo sin receta

MADRID, EUROPA PRESS

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que la píldora poscoital o del día después se siga dispensando en las farmacias sin necesidad de presentar una receta médica.

La iniciativa, que ha sido registrada por el exsecretrario general de Sanidad durante el anterior Gobierno, José Martínez Olmos, y será debatida en la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, obedece a la necesidad de seguir facilitando su acceso a todas las mujeres, "independientemente de su lugar de residencia y en el plazo necesario para garantizar su eficacia".

Hace unas semanas, la ministra del ramo, Ana Mato, anunciaba en el Congreso que había encargado un estudio para analizar la conveniencia de que este fármaco se pueda adquirir en las oficinas de farmacia sin receta, después de que el anterior Gobierno socialista diese luz verde a su libre dispensación en septiembre de 2009.

Según explica Martínez Olmos, esta decisión contó con el aval de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y las agencias reguladoras de Francia, Reino Unido, Holanda o Suecia, donde también está permitida su dispensación sin receta. Además, asegura, se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La medida también pretendía conseguir una reducción de los embarazos no deseados, especialmente entre las jóvenes y las adolescentes, así como del número de abortos, algo que según el que fue número dos del ministerio durante los últimos siete años se consiguió en 2009, "por primera vez desde 1985".

También ha reclamado, en otra PNL, que las comunidades autónomas hagan frente al pago de la factura farmacéutica a las oficinas de farmacia con la misma "prioridad" con que atienden el pago de las nóminas de los profesionales sanitarios.

Así se desprende de una proposición no de ley presentada por este grupo en la Cámara Baja, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden al Gobierno de Mariano Rajoy que plantee esta igualdad de prioridades en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Según recuerda el diputado José Martínez Olmos, la crisis económica ha provocado impagos y retrasos en el pago de la factura farmacéutica en diversas comunidades, como Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que "ponen en riego la viabilidad de la prestación farmacéutica y genera una enorme incertidumbre en el sector".

Por ello, y dado que el Ministerio de Sanidad es "responsable de asegurar la equidad y calidad de la prestación farmacéutica", reclama una "solución efectiva" que evite un "deterioro de la calidad asistencial, el acceso a los medicamentos y la viabilidad del modelo español de farmacia".

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA LEY DE SALUD PÚBLICA

Asimismo, ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno, a que antes de abril, desarrolle reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública, tal y como se establecido en la Ley General de Salud Pública, para quienes ejerzan un actividad por cuenta propia.

Esta iniciativa, registrada por el portavoz de sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, José Martínez Olmos, se produce tras la aprobación el pasado año de la universalización de la asistencia sanitaria pública, a través de la Ley General y la cual no se terminó de regular.

La Ley, que se promulgo en octubre, establecida la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a partir del 1 de enero, a los que no pudiera ser les reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Para el resto de colectivos se estableció un plazo de seis meses que se cumplen a finales de marzo.

Por otra parte, propone, también en una proposición no de ley, la aprobación de los Reales Decretos de especialidades médicas y de troncalidad.  Así, insta a que "inmediatamente" apruebe el Real Decreto por el que se regula la incorporación de criterios de troncalidad en la formación de determinadas especialidades en Ciencias de la Salud, la reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica.

Asimismo, que apruebe el Real Decreto por el que se crean nuevos títulos de especialista y se actualiza el sistema formativo de determinadas especialidades en Ciencia de la Salud incorporando las nuevas especialidades de Enfermedades Infecciosas, Psiquiatría infanto-juvenil, Genética Humana y Urgencias y Emergencias como especialidad primaria.

Esta petición se produce atendiendo a que en la legislatura pasada el PSOE "dio los pasos decisivos" para mejorar el sistema formativo de los MIR, "desarrollando trabajos y propuestas de mejora en la línea de incorporar el concepto de troncalidad en la formación especializada para asegurar una mejor formación" de los especialistas médicos y, añade, "una mejor planificación de necesidades para los servicios de salud".

El Gobierno socialistas procedió a la tramitación de sendos reales Decretos para incorporar el concepto de troncalidad por una parte y para la creación de nuevas especialidades médicas, por otra. Ambos Reales Decretos, quedaron pendientes de informe del Consejo de Estado y de los últimos trámites procedimentales para su aprobación definitiva.

Finalmente, ha presentado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a la "inmediata aprobación del Real Decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería cuyo trámite inició el Ejecutivo socialista.

En la exposición de los motivos, Olmos señala que "esta regulación supone una aspiración ampliamente sentida por el conjunto de los profesionales de enfermería de España y viene a dar respuesta a una necesidad sanitaria que beneficiará a los pacientes incrementando la calidad de la asistencia".

Asimismo, recuerda que la evolución de estos profesionales ha supuesto la adquisición de nuevas competencias, entre las que se encuentra la relativa a la indicación, el uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitario, definida en la Ley de garantías y uso racional de medicamentos.

Finalmente, destaca que "constituyen un sector profesional que ofrece cuidados de calidad y servicios con gran cercanía y calidez a las necesidades de los pacientes", y que "han permitido mejorar las ventajas del trabajo en equipos multidisciplinares".

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