Son cada vez más las voces acreditadas que concluyen que el PP actúa, con su mayoría absoluta, obviando la Constitución

El Consejo de Garantías catalán dice que la reforma sanitaria es inconstitucional

El órgano jurídico catalán considera que varios preceptos vulneran competencias de la Generalitat

Pere Ríos, Barcelona, en El País.

El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha dictaminado que varios preceptos del real decreto ley de medidas urgentes sobre sanidad impulsado por el Gobierno español son contrarios a la Constitución y vulneran competencias de la Generalitat. Como ya ocurrió con la reforma laboral, los partidos de la izquierda catalana (PSC, ICV-EUiA y ERC) habían pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias, un organismo jurídico dependiente de la Generalitat. Ahora, al igual que entonces, ese organismo ha concluido que la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos e invade competencias de la Generalitat.

El Consejo de Garantías Estatutarias concluye por unanimidad que el real decreto ley de 20 de abril contraviene tres artículos de la Constitución y dos del Estatut. Sobre los primeros, los juristas dicen que se vulnera el derecho a la igualdad de los ciudadanos ante la ley (artículo 14 de la Constitución), así como el derecho a la protección de la salud (artículo 43). El órgano consultivo considera que el decreto también vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, porque no está justificada la "extraordinaria y urgente necesidad" para imponer las medidas por decreto y sin el habitual trámite parlamentario.

El dictamen del Consejo de Garantías explica que el decreto de Rajoy se carga el Sistema Nacional de Salud construido durante 25 años en España, que se inicia en 1986 con la Ley General de Sanidad que impulsó Ernest Lluch y que concluye en octubre del año pasado con la Ley General de Salud Pública. El decreto ahora cuestionado tiene únicamente 10 artículos. El primero de ellos regula la asistencia sanitaria a los extranjeros "no registrados ni autorizados como residentes", que solo serán atendidos en urgencias por enfermedad grave o accidente, y durante el embarazo, parto y posparto, aunque los menores de 18 años recibirán la misma asistencia médica que un niño español. Según el Consejo de Garantías, eso supone una discriminación por razón de nacimiento y raza, y vulnera la protección de la salud que prevé la Constitución.

Además de eso, el Consejo de Garantías entiende que el Gobierno central invade las competencias compartidas que tiene la Generalitat en cuestiones referidas a la ordenación, planificación y regulación sanitaria (artículo 162.2 del Estatut), así como las que se refieren a las competencias exclusivas sobre la función pública (art. 136).

Asimismo se detecta invasión competencial en una disposición final del decreto que establece las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, almacenaje, preservación y distribución de células y tejidos humanos. El presidente del Consejo de Garantías Estatutarias, Eliseo Aja, ha emitido, además un voto particular para apuntar que la restricción del derecho a la salud de los extranjeros sin permiso de residencia "también es contraria" al artículo 13.1 de la Constitución.

Es muy probable que el Gobierno catalán acuerde en su reunión de mañana recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto sanitario de Rajoy en lo que se refiere a la invasión de competencias. En el caso del decreto de la reforma laboral, Artur Mas optó por no utilizar esa vía, pese a que el decreto fulminó a su Gobierno la función de autoridad laboral en Cataluña.