Montoro acaba de negarle a Castilla-León, dónde ellos gobiernan, más dinero para el carbón
Javier Fernández respalda a los sindicatos mineros y solicita una reunión con Soria
El Gobierno regional advierte de que no admitirá el cierre inmediato de las explotaciones y, junto con las centrales, reclama al PP de Asturias «colaboración»
Oviedo, Pablo CASTAÑO, en La Nueva España
El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, recibió ayer en su despacho con abrazos a los dirigentes de los sindicatos mineros y les mostró su apoyo en la lucha por la supervivencia del sector del carbón. El Gobierno regional coincide con el SOMA-FITAG-UGT y la Federación de Industria de CC OO al señalar que los recortes presupuestarios llevan «al cierre inmediato» de las minas y lanzó «una exigencia rotunda» al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que negocie con las centrales. Además, Javier Fernández tratará de entrevistarse con el Ministro.
Tras el encuentro entre el Presidente del Principado y los líderes sindicales, de casi dos horas, el consejero de Economía, Graciano Torre, señaló que el Gobierno regional comparte el enfoque de las centrales. «Cualquier persona que haga un análisis de la situación del sector llegará a la misma conclusión: si no se varían las cuantías de las ayudas, el Gobierno de España llevará a las minas al cierre inmediato», señaló Torre, que añadió: «Hace un año admitíamos a regañadientes el cierre de las minas en 2018, pero no podemos admitirlo en 2012».
El Consejero destacó que la Comisión Europea impuso en diciembre de 2010 el cese de ayudas al carbón en 2018, con un ritmo descendente, que partía en España de los 301,5 millones de 2011 y que tenía que ser de 226,1 en 2013 (el 25 % de reducción), de 180 en 2015 (40 %), de 120,6 en 2016 (60 %) y de 75,3 en 2017 (75 %). «Los Presupuestos para 2012 fijan las ayudas en 186,6 millones, y a ellas hay que quitar 75 millones ya abonados en marzo que corresponden al último trimestre de 2011, con lo que quedan en 111 millones para 2012, unos niveles cercanos a los previstos para 2017, cuando ya se estaría a las puertas del cierre de explotaciones», afirmó Torre, que reconoció que los Presupuestos mantienen los 320 millones de las prejubilaciones, «pero si la minería cierra son miles los trabajadores que se quedan sin esas expectativas». Torre destacó que el conflicto «no es por unos puntos de un convenio, sino por la supervivencia de un sector y esto puede acabar en acciones incontroladas». Por ello reclamó al PP de Asturias «que reflexione, colabore y deje de poner cortinas de humo porque esto no es un problema de gestión de fondos mineros».
El secretario general de SOMA, José Ángel Fernández Villa, también criticó «la actitud claudicante del PP de Asturias» y reclamó «una respuesta más firme desde la izquierda» tras recordar que los recortes presupuestarios del Gobierno de Zapatero «se lo pusieron fácil al Gobierno del PP». Se mostró satisfecho por las «coincidencias» con Javier Fernández y lamentó que el Ejecutivo de Rajoy «pretenda resolver el problema por agotamiento, el modelo de Thatcher». Villa señaló que «el Gobierno debe demostrar con hechos que quiere solucionar el conflicto» y pidió que se respeten las ayudas al carbón pactadas hasta el final de 2012, para luego negociar el plan 2013-2018, y se acuerden fondos para finalizar las obras de infraestructuras en marcha «para evitar la pérdida de otros mil empleos».
Maximino García, secretario de la Federación de Industria de CC OO, destacó «la sintonía con el Gobierno de Asturias» y denunció la «posición numantina» del de España, «que puede dar con acontecimientos no deseados». Los sindicatos lamentaron que la dirección de Hunosa desconvocara ayer una reunión para hablar del plan de ajuste y desde la empresa afirmaron que buscan fecha, aunque «el actual clima de crispación no favorece el diálogo».
Montoro niega al presidente de Castilla y León más dinero para el carbón
El ministro de Hacienda transmite a Juan Vicente Herrera que el Ejecutivo central no va a incrementar los Presupuestos
Mieres / Madrid, A.V. / Efe, en La Nueva España
Sigue sin haber dinero para la minería y parece que no va a aparecer. Al menos eso se deduce de las continuas afirmaciones que lanzan los diferentes representantes del Gobierno. Ayer el turno fue para el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien recordó al presidente de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, el «marco absolutamente restrictivo de recursos disponibles» en los presupuestos del Estado (PGE), también en políticas industriales, por lo que no le anunció «ningún cambio» respecto a ayudas al carbón.
Así lo confirmó Herrera, también del PP, tras entrevistarse con Montoro, con el que ha tratado, entre otros temas, la disminución de las partidas para el sector del carbón en las cuentas públicas para este año. El presidente insistió al Ministro de Hacienda, «desde el afecto y la lealtad», que hay que «seguir teniendo en cuenta la minería del carbón en el futuro mix energético nacional», por razones de garantía y seguridad del suministro y la reserva energética. Y recordó que ya trasladó esta petición al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien las gestiones aún no han dado sus frutos.
Juan Vicente Herrera subrayó que no se puede despreciar «uno de los pocos recursos autóctonos energéticos» que le quedan a España» e indicó que «de aquí a 2018 hay mucho tiempo», en referencia a la fecha prevista por parte de la normativa europea el fin de las ayudas públicas al carbón. A su juicio, «hay que seguir ayudando a alcanzar la rentabilidad de las explotaciones y seguir insistiendo en todos los esfuerzos posibles para que esas empresas sean rentables en 2018 y puedan continuar su actividad».
Por ello, el presidente de Castilla y León calificó de «muy razonable» el «escenario decreciente de apoyos públicos» definido por la UE, ya que es «mucho más suave que la caída brusca de recursos» incorporada en los presupuestos generales que ha elaborado el PP para este año y que fijan un recorte de más del 60% en las subvenciones.
Herrera abogó por que otras comunidades afectadas, como Aragón y Asturias, continúen insistiendo ante las instituciones europeas para que se cambien los «elementos perversos» del reglamento europeo, como el cierre en 2018 de aquellas empresas que hayan recibido ayudas, aunque sean rentables.
A su entender, un cierre anticipado de empresas tendrían consecuencias «más dañinas» para los propios presupuestos generales del Estado desde el punto de vista económico. Ante estos argumentos, según Herrera, el titular de Hacienda le ha planteado el «marco absolutamente restrictivos de los recursos disponibles», también en políticas industriales.
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