Se estudia recurrir ante el T. Constitucional la atención de inmigrantes en situación irregular y la invasión de competencias en materias organizativas del personal.

El consejero de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, respalda a los médicos objetores de conciencia

Foto: El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, en la rueda de prensa de ayer en FIDMA.

RTPA

El consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Faustino Blanco, ha tildado este jueves en Gijón de "absolutamente comprensible" el que haya médicos asturianos que se hayan declarado objetores de conciencia para poder seguir atendiendo en sus consultas a inmigrantes en situación irregular. "La entiendo y la aplaudo", ha dicho sobre la decisión de los profesionales sanitarios, antes de indicar que el Principado está estudiando el llevar esta medida del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias.

De hecho, el Gobierno regional ya ha habilitado un sistema de identificación para este colectivo de inmigrantes ’ilegales’, para que puedan seguir acudiendo a las consultas y no tengan que ir a Urgencias para ser atendidos. Eso sí, Blanco ha precisado que lo que no puede hacer el Principado es recetarles fármacos, aunque se está estudiando con ONG’s una posible solución. Así lo ha hecho en rueda de prensa en el Pabellón del Principado en el recinto ferial ’Luis Adaro’, en el marco de la 56 Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Asimismo, ha indicado que en la comunidad se seguirá atendiendo a este colectivo que, según él, no supone un coste excesivo ni pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. También ha rechazado que se pueda enmarcar a este colectivo dentro del llamado turismo sanitario. "Casi ofende", ha indicado sobre esto último, antes de indicar que en la región son un colectivo pequeño de gente joven, que son bastantes sanos y consumen pocos servicios. "Por humanidad debemos atenderlos y lo vamos a hacer", ha dejado claro.

Ha recalcado, además, que la atención a los inmigrantes ’ilegales’ forma parte de la cultura profesional de no rechazar atender a nadie. "Produce cierta repugnancia", ha dicho, por el contrario, sobre hacerlo, además de apuntar que el no atenderlos "no es razonable", ya que aumenta los costes al tener que acudir a urgencias.

Blanco ha apelado al artículo 10 de la Constitución española, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Europeos para justificar que no deberían de quedar estos inmigrantes fuera del sistema sanitario.

Unido a ello, ha apuntado que el Principado ya tiene decidido el recurrir al Tribunal Constitucional la invasión de competencias, según él, del Gobierno central en lo que se refiere a la organización de recursos humanos, en lo que respecta a los funcionarios de asistencia pública domiciliaria.

Sobre el tema de la atención de inmigrantes en situación irregular en el país, ha apuntado que es algo que se está estudiando, para después añadir que tampoco Andalucía y País Vasco, que anunciaron recursos ante el Tribunal Constitucional, no tienen avanzado el tema. Ha reiterado que se está viendo si invade competencias para, de ser así, presentar el recurso.

El consejero ha remarcado que en el seno del PP también hay dudas sobre la retirada de la atención sanitaria a este colectivo, y ha puesto de ejemplo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo. "Es un tema que preocupa a todos, no se midió bien el efecto", ha opinado.

El Gobierno asturiano llevará al Constitucional el decreto del sistema sanitario

M. C., en La Nueva España

El Gobierno regional recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, según anunció ayer el consejero Faustino Blanco.

El recurso se hará, al menos por considerar el Principado que el decreto invade sus competencias en cuanto a organización de recursos humanos, pero también está abierta la posibilidad de recurrir la exclusión de los ilegales de la atención sanitaria.

En cuanto a la invasión de competencias, el decreto obliga a que el personal de asistencia pública domiciliaria se integre como personal estatutario o tenga que pasar a la Administración como personal de administración pública. El Principado considera que esa es una decisión que no compete al Gobierno central sino a ellos.

Blanco también señaló que está «estudiándose» que el recurso al Constitucional también cuestione la exclusión de los ilegales de la asistencia sanitaria. Aunque se trata de una medida que no está decidida, Blanco recordó que el artículo 10 de la Constitución española, en su punto segundo, señala que España asume la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de Derechos Europea. La exclusión de la asistencia sanitaria a las personas es difícilmente compatible con ambas declaraciones internacionales.