Los presupuestos publicados ayer en el BOPA garantizan el compromiso de no cerrar en la región ni hospitales ni centros de salud, lo que reviste una importancia trascendental dado lo que ocurre en otras CC.AA , se ha optado por otras vías cómo nos lo recuerda el conflicto sanitario con el Simpa.
Más impuestos para pagar el gasto social
Las cuentas atenúan el recorte sobre la sanidad, la educación y la política social pero reducen la inversión a mínimos históricos
El presupuesto de 2013 encarece las gasolinas, sube Patrimonio y crea el tributo a los bancos
Foto: La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, conversa con el portavoz de IU, Ángel González, en el transcurso del pleno del viernes que dio luz verde a los presupuestos regionales para 2013
30.12.12 - ANDRÉS SUÁREZ | OVIEDO, en El Comercio.
El presupuesto regional para 2013 que el viernes aprobó la Junta General hace una clara apuesta por el gasto social. De los 3.808 millones que conforman las cuentas el 67% -2.565 millones- se destinan a este capítulo. Ello obliga a hacer sacrificios en otros ámbitos. Dentro del propio programa económico del Gobierno de Javier Fernández resulta especialmente penalizada la inversión, que cae a cotas históricamente mínimas y se queda en 364 millones. Pero también el bolsillo de los ciudadanos se verá afectado. En los próximos días entran en vigor una serie de subidas de impuestos que harán, por ejemplo, que llenar el depósito del coche sea más caro. El objetivo de esta y otras medidas, caso del controvertido impuesto a los bancos, es movilizar recursos con los que financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Sostiene el Ejecutivo socialista que el presupuesto persigue un doble objetivo. Por un lado, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos que sustentan el núcleo del estado de bienestar. Por otro, inyectar recursos en la debilitada economía asturiana para contribuir a la reanimación de la actividad y a la generación de empleo. Está por ver hasta qué punto se cumplen ambas premisas, pero un análisis general del proyecto constata que el capítulo social tiene más peso que ningún otro.
Es verdad que ningún ámbito, y tampoco el social, queda fuera de la tijera. Ni siquiera la salud. Pero la minoración de recursos que sufre este capítulo es muy inferior al que experimentan otros, caso de la inversión en general y de las infraestructuras, donde en los años de bonanza se volcaba todo el esfuerzo de gasto, en particular. Las cuentas de la Consejería de Sanidad sufren una reducción de 54 millones respecto de 2011, con una partida global de 1.480 millones que debe permitir, entre otras cosas, cumplir el compromiso del presidente de no cerrar en la región ni hospitales ni centros de salud. Una política, la de la clausura de equipamientos sanitarios, por la que sí se ha optado en otras comunidades a la hora de reducir sus números rojos.
'No' al cierre de hospitales
Ese dinero no llegará para abrir el HUCA en 2013, como tampoco dará para grandes alegrías en el desarrollo de la red de centros de 0 a 3 años dentro de una Consejería de Educación que pierde 81 millones en relación con 2011 aunque todavía suma la nada despreciable cifra de 757 millones. Podría decirse que se trata de un presupuesto de supervivencia centrado en mantener lo que ya hay y tocar lo menos posible los pilares del sistema. En la política educativa, por ejemplo, manteniendo la ratio de alumnos por aula o priorizando las becas. En el área de Bienestar Social, asegurando el salario social -tendrá 45 millones y es una partida ampliable en función de la demanda- e intentando paliar el tijeretazo aplicado por el Gobierno central a la ley de dependencia.
Estas son las intenciones del Gobierno y solo la evolución del ejercicio permitirá comprobar si se cumplen o si, por el contrario, la merma de recursos supone también una pérdida de calidad en estos servicios. Pero el esfuerzo previsto para asegurar la sanidad, la educación o la política social se hace a base de sacrificios en otros terrenos. El ciudadano de a pie tendrá que poner su parte.
El Principado ha optado por no concentrar toda la política contra el déficit en la vía del gasto y también toca los ingresos. El que afecta más directamente al ciudadano es, probablemente, el recargo sobre los hidrocarburos, también conocido como 'céntimo sanitario'. A partir del día 1 el litro de gasóleo se encarecerá en 2 céntimos y el de gasolina, en 2,4. El Ejecutivo exprime así todo el margen posible del tributo, aunque en el caso de los transportistas devolverá de forma íntegra ese recargo.
Los patrimonios más cuantiosos deberán hacer un esfuerzo adicional porque el tributo que los grava se encarece. Lo hace de forma progresiva, entre un 10% y un 20% en función del volumen patrimonial, para aportar una recaudación adicional de tres millones de euros.
Otros 30 millones aparecen presupuestados en concepto de gravamen a los bancos por los depósitos que acumulan, aunque su ingreso es, a día de hoy, una incógnita. La decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal, a tipo cero y sin afán recaudatorio, con el objetivo de anular los autonómicos abre un escenario de enorme incertidumbre.
Además, en caso de prosperar, habría que comprobar quién se haría cargo finalmente del desembolso. Los partidos que han aprobado el presupuesto y especialmente Izquierda Unida, que es la que impulsó el impuesto, remarcan que deberá ser asumido por los propios bancos y que la ley especifica que no podrán descargarlo en los clientes. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, entidad que en Asturias opera con la marca Banco Herrero, afirmó recientemente que un gravamen así acabaría repercutiendo sobre los productos financieros que se ofrecen a los clientes -particulares y empresas- que, al final y por vía indirecta, serían los que asumirían su pago.
No suben los precios públicos
A expensas de que la futura ley que regule el canon de saneamiento clarifique quién queda exento de su pago, con la promesa de PSOE e IU de corregir el mandato presupuestario de que también lo abonen aquellos que no gozan de ese servicio, lo que no subirán en 2013 son los precios públicos. Así lo confirmó ayer la Consejería de Hacienda a través del Boletín Oficial del Principado, que también publicó, como es preceptivo, el texto de los presupuestos. Paso previo a que hoy, como estaba previsto para intentar sortear la maniobra del Ejecutivo central, entre en vigor el citado impuesto autonómico a los bancos, adelantándose al tributo estatal que se activará el día 1.
El esfuerzo en gasto social hace también que la inversión no sea especialmente boyante, muy alejada de los 1.000 millones que se fijaban como objetivo en los tiempos de riqueza. Los recursos son menguantes, 364 millones de euros; casi nada para obras nuevas, la mayoría para dar continuidad a las que ya están en marcha y con el impulso de la I+D+i como una de las grandes prioridades para el ejercicio.
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