La ley de medidas en materia de función pública saldrá adelante ya que goza del apoyo de PSOE, IU y UPyD
Los sindicatos acusan al Principado de "politizar" la Administración con los nuevos cargos directivos
La consejera Carcedo anuncia que los puestos "a dedo" se reducirán un 62% y dice que la reforma no generará más gasto
Foto.- Dolores Carcedo, ayer, durante su intervención en la Junta General.
17.12.2013, Oviedo, Eloy MÉNDEZ, en La Nueva España.
Rotundo rechazo de los sindicatos de los funcionarios a la creación de la figura del personal directivo prevista en el proyecto de ley de medidas en materia de función pública, que posibilitará el nombramiento por designación directa de dos cargos de este tipo por cada dirección general (72 de acuerdo a la actual estructura del gobierno del Principado). Los representantes de los trabajadores calificaron ayer esta medida como una "trampa" que favorece "el clientelismo político", durante su intervención en la Junta General para analizar el texto. Por contra, aplaudieron la supresión de la entrevista personal y la presentación de una memoria para optar a casi todos los puestos de la Administración. La consejera de Hacienda y Sector Público destacó que la norma reduce un 62 por ciento las plazas adjudicadas "a dedo" y que está encaminada a frenar la "judicialización" que afecta a este procedimiento, con constantes sentencias en contra. Dolores Carcedo encontró el apoyo de IU y UPyD y las duras críticas de Foro y el PP.
"¿Cómo se financiará el gasto de nombrar a los nuevos directivos, que rondará los cuatro millones de euros?", se preguntó Miguel Ángel González, en representación del sindicato CSI, tras insinuar que podría hacerse mediante la supresión de decenas de puestos de trabajo en la Administración. Además, calificó de "parche" el proyecto y censuró la eliminación de la obligatoriedad de que los directores generales sean funcionarios. "Esta ley responde a la visión de cortijo que tienen los partidos políticos", indicó. Para María Isabel San José, de CSIF, la nueva figura provocará que "haya muchos capitanes para pocos remeros". Además, censuró la "politización de la Administración en detrimento de la profesionalización" y dijo sentir "vergüenza" por la falta de voluntad para una nueva ley general de función pública.
Para José María Estrada, del Conceyu por Otra Función Pública, "el problema no es tanto la norma actual, como su falta de cumplimiento". "Se anteponen las conductas clientelares", señaló. "¿Cómo se va a garantizar que la elección de los directivos no se convierta en un proceso de nombramientos "a dedo"?, se preguntó. "Esta ley quiere lo mismo que hasta ahora, pero con otros procedimientos", remató. En similar línea se manifestó José Antonio Fernández Morán, de Comisiones Obreras, que criticó la modificación respecto a la categoría de los directores generales y la "inoportunidad" de la creación del personal directivo. Además, solicitó un proceso de funcionarización voluntario y acabar con las altas tasas de temporalidad que afecta a algunas categorías de empleados públicos.
"Valoramos que se reduzcan los puestos de libre designación, pero queremos saber cómo se va a pagar a los nuevos cargos directivos", señaló Soledad Gómez, de UGT. "¿Será a costa del personal interino?", se preguntó. Antonio Matador, que habló en representación de CEMSATSE y el SIMPA, alertó de que "caminamos hacia el "spoil system", el sistema anglosajón del siglo XIX que consistía en que los miembros de un partido se adueñaban de la Administración cuando llegaban al poder". "El Principado reincide en su obsesión de politización, al margen del carácter técnico. La figura del directivo es rechazable por abusiva y desproporcionada", concluyó. Gumersindo González, de ANPE, abogó por "mantener los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito" en la asignación de cargos y pidió que los directores generales de la consejería de Educación "sean funcionarios de los cuerpos docentes".
La Consejera negó rotundamente que los futuros cargos directivos vayan a suponer un coste adicional ni un incremento de la plantilla, ya que le nueva ley lo prohíbe. "Pasaremos de 417 a 157 puestos de libre designación, que quedará circunscrita a los puestos de secretaría de despacho y conductores de miembros del Gobierno, así como directores de centros y establecimientos públicos que determine la Relación de Puestos de Trabajo", subrayó Carcedo. Y destacó que las jefaturas de servicio saldrán a concurso. "No habrá blindajes", dijo.
Para la diputada del PP Emma Ramos "el Principado será una Administración pionera en el desánimo de los funcionarios" porque "nunca un texto tan nimio ha causado tanto rechazo". Además, censuró al nuevo personal directivo. Igual que Cristina Coto, de Foro, que lo calificó de "tapadera" para la libre designación. Noemí Martín, de IU, e Ignacio Prendes, de UPyD, apoyaron al Gobierno y aplaudieron la desfuncionarización de los directores generales. Marina Pineda, del PSOE, indicó que esta medida evitará "que los cargos de confianza de un Ejecutivo sean sólo su presidente y sus consejeros".
La nueva Ley de Función Pública baja de 417 a 157 los puestos de libre designación
Viceconsejeros, directores de centros y la nueva figura de personal directivo, serán los cargos de libre designación
17.12.2013 - M. M. C., GIJÓN, en El Comercio.
La consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, acudió ayer a la Junta General del Principado para explicar el proyecto de ley de Ordenación de la Función Pública aprobado el pasado 17 de julio por el Consejo de Gobierno. Aseguró que este proyecto, que está llamado a modificar parcialmente la ley vigente desde 1985, tiene dos objetivos prioritarios. El primero pasa por regular la provisión de puestos de trabajo de libre designación, adecuándola al Estatuto Básico del Empleo Público y a las distintas resoluciones judiciales dictaminadas al respecto. El segundo objetivo es introducir mejoras en la administración para conseguir «una mayor profesionalización en la función pública».
Carcedo reconoce que la provisión de puestos de libre designación «está extremadamente judicializada en Asturias», ante lo que apuntó que de los 417 puestos de este tipo que existen actualmente en la Administración regional, «con la nueva regulación se reducirán a 157. Estamos hablando de una reducción del 62%». En realidad, quedarán circunscritos a secretarías de despacho y conductores de los miembros del Consejo de Gobierno y viceconsejeros, así como directores de centros públicos. También se crea una figura de personal directivo entre los cargos de libre designación.
La futura ley prevé que el personal directivo podrá ser funcionario de carrera o laboral indefinido, al tiempo que «serán los empleados públicos encargados de desempeñar los puestos de más alta responsabilidad dentro de la Administración y contarán con el mayor grado de autonomía funcional». Otra novedad será que las jefaturas de servicio pasarán a ser cubiertas mediante concurso. Hay que tener en cuenta que los 180 actuales fueron cubiertos mediante libre designación. De este modo, se persigue que «el Principado se ajuste plenamente a la jurisprudencia actual».
La ley fue criticada por PP y Foro. Para la portavoz de éste último, Cristina Coto, la norma va a ser una «tapadera» a la hora de hacer nombramientos y puso en duda que no vaya a suponer un incremento de gasto o plantilla. Por su parte, la diputada del PP, Emma Ramos afirmó que se trata de un «parche» incapaz de adecuarse al ordenamiento vigente. En cuanto a UPyD, su diputado, Ignacio Prendes, señaló que la norma reduce la libre designación objetivamente y afirmó que, aunque no sea una panacea, sí es un paso adelante porque se desliga la carrera política de la profesional, se dota de seguridad a la carrera profesional y se limita la libre designación. La diputada de IU, Noemí Martín defendió la ley para dar respuesta a los problemas de judicialización en el ámbito de la función pública.
Por otro lado, ayer mismo se conoció una nueva sentencia contra una resolución de la Consejería de Hacienda que anula la convocatoria de méritos para la provisión de 476 puestos de jefe de sección en la Administración asturiana. El recurso fue interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, que informa de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de los de Oviedo les dio toda la razón.
La justicia anula el concurso para 476 jefes de sección en el Principado
La convocatoria "no es conforme a derecho", según el fallo, tras la denuncia de Conceyu por Otra Función Pública
17.12.2013, Oviedo, Á. FAES, en La Nueva España.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo ha declarado nulo, por "no ser conforme a derecho" el concurso de méritos que la consejería de Hacienda había puesto en marcha para cubrir 476 puestos de jefes de sección de la administración del Principado de Asturias. La decisión responde al recurso que había presentado el colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias contra una convocatoria del pasado mes de mayo.
El principal motivo para la anulación del concurso de méritos, una decisión contra la que cabe recurso, es el hecho de no estar amparado en una relación de puestos de trabajo (RPT) en la que quedase reflejada una descripción de cada una de las vacantes convocadas. Según la sentencia, "lo relevante en este caso no es que esas funciones aparezcan descritas en el anexo I de la convocatoria sino que no tienen detrás un instrumento ordenador donde aparezcan reflejadas y sea de público conocimiento".
La propia sentencia señala que este motivo "conlleva, por su propia naturaleza, la nulidad de la resolución impugnada". Sin embargo, el magistrado encuentra razones adicionales que refuerzan su decisión, como la limitación a 50 de los puestos a los que podían optar los concursantes, argumentado en la Administración "por motivos de agilidad", un punto que el juez no considera suficiente para "preterir el derecho de un funcionario a obtener un puesto al que podría acceder de tener mejor derecho que otros solicitantes".
También rechaza la sentencia que el concurso excluya de la valoración de méritos el tiempo de permanencia en un puesto interino por quien ya es funcionario de carrera, un criterio que, según el colectivo Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, supone "una discriminación que vulnera el principio de igualdad y la jurisprudencia comunitaria".
Otra de las irregularidades que esgrimía el recurso era la valoración entre los méritos computables de los cursos de formación, algo que el juez entiende que "no puede considerarse más que la conducta positiva de quien acude a recibir el curso y lo aprovecha satisfactoriamente. Por último, da la razón al colectivo reclamante en la existencia de plazas excluidas de la convocatoria, entre ellas más de 10 puesto de letrado en el Servicio Jurídico del Principado y en el Sespa, "que deberían ser incluidos en la convocatoria".
Según Conceyu por Otra Función Pública, la sentencia "es demoledora para el Principado, tanto por la magnitud y número de ilegalidades", como por los precedentes, con convocatorias similares anuladas por los tribunales en 2006, 2008 y 2010.
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