El triunfo de la marea blanca madrileña es importantísimo, pero la lucha continua hay que blindar todo nuestro SNS, sólo así podremos dormir tranquilos.
"La dimisión de Lasquetty es un cortafuegos de un error político", afirma el Principado
Foto.- Celebración de trabajadores y usuarios ayer en el Hospital de La Princesa.
29.01.2014, Oviedo / Madrid, P. Á. / Agencias, en La Nueva España.
La dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, "es un cortafuegos de un error político en el que no se calcularon bien los efectos de una decisión". Éste es el análisis que el titular de Sanidad del Principado, Faustino Blanco, efectuó ayer del intento fallido del Gobierno madrileño de privatizar la gestión de seis hospitales públicos.
A juicio de Blanco, dada la proximidad de las elecciones europeas y de las autonómicas, al Ejecutivo que preside Ignacio González "le venía mal" continuar impulsando la externalización, un cambio paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto. "Lasquetty, con quien tengo una buena relación y al que respeto, ha intentado llevar adelante su modelo, pero en realidad estamos ante un compromiso del Gobierno madrileño", argumentó Blanco, quien agregó: "El modelo que plantea el PP no muestra una gran eficiencia, y además es difícil desarrollarlo a partir del "Boletín Oficial del Estado" (BOE) porque requiere que la organización esté preparada para asumirlo".
Ayer, la euforia y el optimismo reinaron a las puertas de los hospitales madrileños, aunque también se observaban las reticencias de los médicos y los enfermeros contrarios a la privatización ante el nombramiento del nuevo consejero de Sanidad, Javier Rodríguez.
Alegría entre el personal sanitario tras su 'victoria'
Trabajadores de los hospitales que iban a privatizar se concentran y gritan 'Sí se puede'
28.01.14 - EUROPA PRESS | MADRID
Los hospitales madrileños cuya gestión iba a ser privatizada han celebrado hoy (por ayer) su victoria. Día de sonrisas, de besos, y de triunfo. Día de apoyo a la sanidad pública por parte de los trabajadores y usuarios. A la misma hora de las celebraciones, el nuevo consejero tomaba posesión de su cargo con una intención muy clara; recomponer la relación con el personal sanitario. Y ahora qué, es la siguiente pregunta.
Un centenar de personas, en su mayoría trabajadores sanitarios, han celebrado hoy ante el hospital Severo Ochoa de Leganés la renuncia de la Comunidad de Madrid a llevar a cabo el traspaso a tres empresas de la gestión de seis hospitales públicos. Los participantes en la concentración han cantado consignas como "sí se puede", "la sanidad no se vende, se defiende" y "González dimisión", en una concentración en la que ha participado el coordinador general de IU en la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez.
Según Ignacio González, la marcha atrás de la privatización no supondrá ningún coste para la Comunidad de Madrid. Pero habrá que ver qué opinan las empresas adjuticarias. Son estas; Sanitas, Ribera Salud y Grupo Hima, que pierden contratos multimillonarios. A esta hora las tres analizan todas las cláusulas de los contratos y algunas de ellas no descartan la posiblidad de denunciar. Dicen que se enteraron de la decisión de la Comunidad de Madrid por televisión.
"Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. La sanidad madrileña seguirá luchando contra los recortes"
Los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas para celebrar la paralización definitiva de plan privatizador y la dimisión de Lasquetty
VIRGINIA UZAL, Madrid, en Público.es
Abrazos y lágrimas, aunque esta vez de alegría. La marea blanca ha ganado la batalla a la privatización de la sanidad. Todos los centros sanitarios de Madrid se han concentrado a las 12 horas, especialmente el personal de los 6 hospitales y los centros de salud afectados. Celebraban lo que es ya la paralización definitiva de plan privatizador del Gobierno madrileño
Usuarios, trabajadores de la sanidad, sindicatos y asociaciones celebran su victoria: "Es la primera vez que nos hemos unidos todos por una causa, y es que la sanidad pública no es negociable" afirma Mario de Miguel, de UGT.
El hospital de La Princesa fue el primero en levantarse contra las privatizaciones, después de haber ganado en su protesta contra el desmantelamiento del centro . A pesar de que no era uno de los 6 afectados por la privatación, también han celebrado la victoria de la marea blanca. Desde las 11 de la mañana los usuarios se han concentrado a las puertas del centro para festejar la paralización definitiva. "Llevamos desde noviembre de 2012 manifestándonos todos los días a esta hora contra los recortes y el plan privatizador de la Comunidad de Madrid, no nos dimos por vencidos y ahora obtenemos la recompensa" afirma una de las usuarias. A las 12 horas se han unido médicos, personal de enfermería, auxiliares, asociaciones, sindicatos y demás personal del propio hospital. Juntos han celebrado la victoria de la sanidad pública y la dimisión de Fernández-Lasquetty. "Hemos ganado una batalla pero no la guerra, hay que seguir luchando contra los recortes" afirma Enrique Zamora, de Afem, la asociación de facultativos especialistas de Madrid. Zamora ha añadido que la noticia es "una gran alegría para todos" pero que la paralización "es el punto final antes de las elecciones", afirma, "no hay que olvidar cuando se toma esta decisión, a unos meses de las europeas y a un año de las autonómicas, espero que la sociedad madrileña sea consciente de lo que vale su voto".
Maria Llanos, enfermera del sindicato SATSE, afirma que "la privatización de la lavandería o de otros servicios como la cafetería aún está en riesgo, además de los recortes y los problemas de personal, por lo que seguiremos luchando por una sanidad pública de todos y para todos".
En la concentración también celebraban la dimisión del que un día les llamó "irresponsables". "Nos alegramos de que haya dimitido, ahora se puede ver quien era el imprudente en esta historia" ha afirmado Buendía, médico del hospital y miembro de Afem, "sólo esperamos que no entre por las puertas giratorias a alguna de esas empresas con las que quería hacer negocio", ha añadido.
En la concentración se repetían los abrazos, las lágrimas y los saltos de alegría de quienes llevan meses luchando. Se escuchaba bien alto los "juntos podemos", "la lucha sigue, cueste lo que cueste", "viva la sanidad pública","somos capaces de hacer mareas" o otro de los grandes lemas de la marea blanca, "la sanidad no se vende, se defiende".
"La mayoría de los usuarios que estamos aquí somos luchadores desde la dictadura y aunque estemos jubilados no vamos a parar de hacerlo y defender nuestros derechos" afirmaba Benancio, un jubilado recién operado encargado de componer canciones sobre los recortes o el gobierno "para amenizar las protestas". "Me inspiro en mi cabreo, por todo lo que nos están quitando y recortando, no solo en la sanidad, en mis textos también hablo por ejemplo de la educación o la ley de seguridad ciudadana". Llevan más de 400 días luchando por una sanidad pública porque quieren "ser pacientes y no clientes". Esta batalla, ya la han ganado.
Tomás Gómez exige blindar por ley la sanidad pública
El líder socialista madrileño asegura que "la privatización está en el ADN del PP" y Aguirre pide que la Justicia se pronuncie ya sobre el fondo de la externalización
28.01.14, AGENCIAS | MADRID.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, cree que el Gobierno regional madrileño sólo "ha aplazado la batalla" de su plan de externalización de la sanidad porque "la privatización del sistema sanitario está en el ADN del PP", así que ha redoblado su llamamiento a blindar por ley la sanidad pública.
Según Gómez, el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González y el ya exconsejero Javier Fernández Lasquetty anunciaron el lunes el fin de su proyecto porque se vieron "acorralados" por la sociedad y "desautorizados" por la justicia, y todo ello "a las puertas de procesos electorales", las europeas de mayo y las autonómicas y municipales del año que viene.
Sin embargo, en declaraciones a la Cadena Ser, ha defendido que la derecha lleva "en su ADN" una privatización diseñada "para que hagan dinero" los poderes financieros que, una vez pinchada la burbuja del ladrillo, "van a por la sanidad y las pensiones", en palabras de Gómez.
"No se han vuelto socialdemócratas, no son socialdemócratas con los servicios públicos igual que no son liberales en la regulación sobre el aborto", ha remarcado. Según su análisis, una "victoria" en Madrid es importante para toda España, pero hay que estar "muy vigilantes".
Gómez no ha precisado si los socialistas retirarán el recurso contra el proyecto que habían impuesto ante el Tribunal Constitucional y ha negado la tesis de que los ciudadanos en la calle hayan ocupado el sitio de la oposición, subrayando que la oposición se ha opuesto a la externalización en la calle, en las instituciones y en los tribunales.
Aguirre: "Gesto que le honra"
Por su parte, la presidenta del PP de Madrid , Esperanza Aguirre, ha considerado hoy que la dimisión del hasta ahora consejero de Sanidad de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, es un "gesto que le honra" y espera que la justicia llegue "pronto" a una resolución sobre el "fondo" del asunto en cuanto a la externalización sanitaria.
En declaraciones a la Cadena Cope, Aguirre ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto por el que se mantiene la suspensión cautelar de la externalización. "Esto quiere decir que paraliza el proceso pero no entra en el fondo de la cuestión, que es determinar si puede o no externalizar un servicio público", ha sostenido.
En este punto, ha señalado que se habla de hospitales, un servicio que, según ha destacado, está externalizado en "muchos otros" sitios "bajo administración popular, socialista o convergente". Por eso, ha añadido que la dimisión del consejero de Sanidad madrileño es "un gesto que le honra y que no hace sino confirmar su alta talla política y humana".
Frente a esto, ha señalado que lo ocurrido, "al mismo tiempo", ha puesto de manifiesto "los conflictos que provoca la lentitud de la administración de justicia". "Porque ahora está suspendido cautelarmente este proceso pero hasta que recaiga una solución firme sobre el fondo del asunto pueden pasar cinco años o más", ha lamentado.
Esta situación, ha proseguido, provoca que "un gobierno legítimo con mayoría absoluta" tenga que "ver cómo la oposición puede impedir las mejoras en la eficacia de la gestión de un servicio público durante toda una legislatura o más por el procedimiento de politizar todos los recursos y, además, diseminarlos por los diferentes juzgados".
Reacción del Ministerio
El Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad respeta la decisión del Gobierno de Madrid de renunciar definitivamente a llevar a cabo el plan para privatizar la gestión de seis hospitales públicos, han manifestado fuentes del Departamento que dirige Ana Mato.
Las fuentes han señalado que las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la gestión de la sanidad en su territorio, por lo que el ministerio solo puede respetar las decisiones que éstas adopten en virtud de esa potestad.
Sanidad respeta, asimismo, la decisión adoptada por el consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, de dimitir de su cargo al asumir su responsabilidad, ya que según recordó ayer, fue él quien puso en marcha el proyecto de externalización de la gestión de los seis hospitales.
El coste de la privatización fallida
Las concesionarias de los hospitales de Madrid tienen derecho a cobrar daños y perjuicios
No haber firmado los contratos evita al Gobierno regional pagarles 281 millones de euros
Elena G. Sevillano, Madrid, en El País.
Además de alegría desbordada en muchos hospitales madrileños, el anuncio del presidente regional, Ignacio González, de renunciar a su plan de privatización de la gestión sanitaria ha provocado una tormenta con consecuencias administrativas, judiciales y económicas que aún están por determinar. Una de las primeras preguntas que ha generado es si esta rectificación va a costar dinero al contribuyente, y cuánto. De momento, ni el presidente ni su equipo quieren aclarar si las empresas, a las que se habían adjudicado definitivamente los hospitales, van a reclamar indemnización. Según distintos expertos, la Ley de Contratos les ampara para hacerlo. Pueden reclamar daños y perjuicios.
En contra de lo que González dio a entender ayer, cuando le preguntaron por la posición en la que quedan las concesionarias y contestó que la sentencia —en realidad, el auto judicial que confirmó el lunes la suspensión cautelar del plan privatizador— “obliga a todos y por lo tanto hay que aplicarla”, ningún tribunal le ha obligado a dar marcha atrás a su proyecto sanitario. La decisión es unilateral, y política, coinciden los expertos, pero no se trata estrictamente de un incumplimiento de contrato. Y eso es precisamente lo que va a evitar que el Gobierno regional, es decir, los ciudadanos con sus impuestos, tengan que indemnizar con 281 millones de euros a las empresas.
El plan del Gobierno regional suponía un negocio considerable para las concesionarias. La gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inhábil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovechó para acelerar el proceso. Por aquel entonces, los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional siguió adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dictó la suspensión cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.
“De haber formalizado los contratos, las concesionarias podrían ahora exigir el 6% del precio total del contrato, puesto que ha sido la Administración la que ha decidido ponerle fin”, explica José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organización que ha liderado la marea blanca de protesta contra la privatización. Debido a lo abultado del contrato, ese 6% equivale a 281 millones de euros. “Ahora la Comunidad de Madrid tiene que justificar, en la comunicación que haga a las empresas, por qué ha cambiado el interés general y ha decidido no formalizar el contrato”, señala. “La Ley de Contratos dice que pueden solicitar indemnización por daños y perjuicios, pero no especifica en qué consisten. Tienen que ser daños que tengan consecuencia directa del proceso. Lo que no pueden exigir, al no estar formalizado el contrato, es indemnización por lucro cesante”, añade.
Las concesionarias Sanitas y Ribera Salud rechazaron ayer confirmar si van a reclamar daños y perjuicios. “Estamos a la espera de concretar con la Consejería de Sanidad los trámites administrativos pertinentes para la ejecución de esta decisión”, señaló Ribera Salud. Este diario intentó, sin éxito, contactar con la compañía puertorriqueña Hima San Pablo, adjudicataria de tres hospitales madrileños.
Los expertos consultados señalan que las empresas podrían reclamar los gastos en los que hayan incurrido al preparar el concurso público: estudios, proyectos, personal, presentaciones... Además, consideran que tienen derecho a solicitar que la Administración les devuelva el importe de los avales que presentaron y de los gastos que les han ocasionado durante estos meses de paralización. Las concesionarias aportaron como garantía casi 28 millones de euros.
Una cantidad no exenta de polémica, puesto que en realidad debería haber sido prácticamente diez veces superior. Una de las irregularidades que Afem denunció al TSJM fue la modificación que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Publicó en el Boletín Oficial, como corrección de errores, un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluyó la palabra “anual” en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. El TSJM considera que ese cambio “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Es una de las razones por las que suspendió cautelarmente el plan.
“En este caso hablamos de compensación de un daño, que es distinto de una indemnización por ganancia dejada de obtener. Las empresas han gastado un dinero confiando en la buena fe procedimental de la Comunidad de Madrid”, explica Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. “Eso sí, tienen que pedirlo. Es posible que ya haya negociaciones en marcha y que no lleguen a juicio”, añade.
José Manuel Freire, médico y portavoz de Sanidad de los socialistas en Madrid, ya ha presentado en el Parlamento regional dos preguntas al respecto: ¿cómo se va a articular en términos legales y administrativos la decisión de González? y ¿qué coste va a tener para los ciudadanos?
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