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CC OO propone aplazar dos meses el cierre de Alas para buscar nuevos inversores

El sindicato pide ampliar el expediente de regulación de empleo, que finaliza el 7 de junio, para que el nuevo Gobierno regional negocie con posibles compradores

Foto:Por la izquierda, Jose López, Maximino García y Juan Baisaneque. miki lópez

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Doce de los 270 trabajadores realizan ahora labores de mantenimiento.  Cuencas

La Nueva España. Oviedo, Elena PELÁEZ

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) reclama ampliar, en dos meses, el expediente de regulación de empleo temporal de los trabajadores de Alas Aluminium, que finaliza el próximo 7 de junio, ante el relevo al frente del Gobierno regional fruto de las elecciones del pasado día 22. Esta petición ha sido trasladada tanto a los administradores concursales de la compañía, que hoy se reunirán con los responsables del comité de empresa de la factoría de Ciaño, como a los actuales responsables de la Consejería de Industria para evitar que los 270 empleados sean despedidos en menos de dos semanas, según aseguró ayer el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Maximino García.

La investidura del nuevo presidente del Gobierno regional se producirá a finales de junio y habría que darle al nuevo ejecutivo un plazo de tiempo para que realice gestiones. «Darles ese periodo a que quienes en campaña se presentaban como los posibles salvadores de la situación económica en la que se encuentra la región sería lo correcto», ya que «no agravaría la situación de la empresa», indicó García, en referencia a la formación que lidera Francisco Álvarez-Cascos, que obtuvo mayor representación en los comicios regionales. Desde el primer día tendrá la «presión» del sindicato para buscar una «solución definitiva» que permita la continuidad de la empresa. El nuevo ejecutivo tendrá que contar con los ya tradicionales 100 días para empezar a desarrollar su programa electoral, apuntó. Si soluciona el conflicto, añadió el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, «tendrá nuestro apoyo» aunque en caso contrario, «saldremos a la calle».

La negativa a la prórroga del expediente de regulación de empleo temporal de la plantilla supondría «un grave error porque no podrían fraguar los contactos con posibles inversiones», resaltó el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, que estuvo acompañado en la comparecencia por Juan Baisaneque, responsable de la delegación de la Federación de Industria en el Nalón, y Jose López, secretario de la sección sindical del sindicato en Alas Aluminium. Además, «no lastraría la situación económica de la empresa» que debería hacer frente a alrededor de 90.000 euros al mes durante la prórroga.

El problema de la empresa, según García, viene «derivado de la gestión empresarial» ya que no es un proyecto caduco. Es necesario que «aparezcan nuevos inversores y que se modifique la gestión, en la organización del trabajo, en la producción y las inversiones que ya denunciamos que se hacían sin fundamento y sin estudio real de las necesidades». Los responsables de CC OO aseguraron que Industria asegura que existen negociaciones pero no aporta más datos. «Hay como mínimo dos empresas», dijo García, que pidió a los responsables regionales más información. La conflictividad social alegada por una empresa francesa para renunciar es, destacó, «una excusa de mal gusto» al malinterpretarse la defensa de los puestos de trabajo.

Trabajo exige a Telefónica costear el ajuste, que afectará a 200 empleados en Asturias

La delicada situación de la economía l Empresas y consumo
La compañía deberá asumir los 450 millones que implicaría el ERE para la Administración, señala el Gobierno

Foto:Valeriano Gómez. efe

La Nueva España. Madrid / Oviedo,  Agencias / J. L. S.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha exigido a Telefónica que asuma enteramente el coste del expediente de regulación de empleo (ERE) que presentará la compañía y que afectará, mediante prejubilaciones y bajas incentivadas, a unos 8.500 empleados, unos 200 de ellos en Asturias, según los cálculos sindicales. Gómez aseguró en el Congreso de los Diputados que «una empresa con beneficios no debe infligir ese coste al Estado». Y advirtió de que «si Telefónica, que tiene todo el derecho a producir los ajustes de empleo que estime convenientes, se hace cargo de los costes del proceso, no habrá dificultad alguna en aprobar el ERE». Telefónica presentó unos beneficios récord en 2010 de 10.167 millones, el mayor resultado logrado jamás por una compañía española.

Durante los dos primeros años de aplicación de un ERE el trabajador cobra la prestación de desempleo del Servicio Público de Empleo, que además tiene que satisfacer su cotización a la Seguridad Social. En el caso de la compañía de telecomunicaciones se estima que el coste de su regulación para el antiguo Inem sería de unos 450 millones de euros, sumando ambos conceptos. Con la legislación actual, el gasto recaería sobre el Estado, pero el Gobierno ha introducido una enmienda en el decreto ley de Políticas Activas de Empleo para que las empresas con beneficios, como es el caso de Telefónica, asuman todos los costes. El calendario puede jugar a favor de la compañía de telecomunicaciones, ya que Trabajo estima que la enmienda se aprobará en julio y Telefónica tiene previsto haber aprobado su regulación de empleo antes de esa fecha.

Los sindicatos y la multinacional española, que preside César Alierta, comenzarán ahora a negociar las condiciones de la regulación de empleo, a la par que intentarán pactar el nuevo convenio colectivo de la compañía. Jesús González Alonso, portavoz de CC OO en Asturias, es partidario de que Telefónica, como reclama el Gobierno, asuma el coste del ERE y calcula que, aunque aún se han dado pocos detalles sobre a qué trabajadores podría afectar, calcula que en la región podrían sumarse a la regulación unos 200 empleados.

A lo que ya han mostrado sus discrepancias los responsables de las centrales sindicales es a la tasa de reposición que pretende aplicar Telefónica. La multinacional ha planteado eliminar 8.500 empleos en un lustro y contratar a unos 425 empleados (el 5% de los que salen). Los portavoces de los sindicatos han reclamado que esa tasa de reposición se incremente, al menos, hasta el 10%. Daniel Rodríguez, portavoz de UGT, señaló ayer que «hay determinados departamentos en los que, incluso, estamos justos de personal». «Mantenimiento, por ejemplo, está bajo mínimos», expuso González Alonso, de CC OO.

Desde mediados de los noventa, Telefónica ha recortado un millar de empleo en Asturias. Hace 15 años la compañía tenía más de 1.600 empleados en el Principado y ahora cuenta con 570.

Los sindicatos tendrán un plazo máximo de un mes para negociar con la empresa, aceptar las condiciones del ERE y remitirlo de nuevo a la autoridad laboral para que ésta decida si el proceso se ajusta a la legalidad. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tildó también de «poco brillante» la coincidencia del anuncio por parte de Telefónica de una posible reducción de su plantilla en España y, al mismo tiempo, de un plan de retribuciones a sus directivos que alcanzará los 450 millones. «No me parece una buena forma de empezar la negociación de una regulación de empleo, y no ha sido la actuación más brillante de la compañía a lo largo de su historia», declaró.

http://www.lavozdeasturias.es/dinero/gobierno-exigira-telefonica-pague-ere_0_488351265.html

http://www.elcomercio.es/v/20110527/economia/telefonica-recortara-trabajadores-asturias-20110527.html

http://www.elcomercio.es/v/20110527/economia/telefonica-recortara-trabajadores-asturias-20110527.html

 

Telefónica amplía el ERE a cinco años y 8.500 empleados

La compañía acepta vincular el ajuste a un nuevo convenio pero aumentando también el número de afectados del 20% al 25% de la plantilla

Foto: El edificio de Telefónica.- EFE

EL País. RAMÓN MUÑOZ - Madrid -

Telefónica ha decidido ampliar tanto el plazo como el alcance del expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicará en su filial española. El plazo pasa de 3 a 5 años y el número de trabajadores que podrán acogerse al ERE pasa a ser de un máximo de 8.500 trabajadores, alrededor de 2.000 más que lo estimado en un principio, informaron en fuentes de la negociación. (leer más)

 

La movilización continúa

Miembros de ’Democracia Real YA’ del Nalón hacen una ocupación simbólica de los bancos de Sama

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la acampada de Democracia Real YA de la Cuenca del Nalón, instalada en la Plaza del Ayuntamiento de Langreo, han protagonizado este miércoles una "ocupación pacífica" de los bancos de la localidad de Sama, en protesta por la política financiera internacional.

Un total de 25 personas han entrado en las principales oficinas bancarias de la localidad, portando pancartas y carteles con consignas contra el sistema financiero internacional, y a favor de la "banca ética" y la "no privatización de las cajas". Durante su estancia en las oficinas, han leído un comunicado crítico con "el rescate que se hizo al sector financiero internacional con dinero público".

Durante la acción no se han registrado incidentes, aunque sí momentos de tensión en algunas de las oficinas, en las que los directores se han  negado a permitir la entrada de los manifestantes.

No se altera la adscripción de escaños para la JGPA

22-M, tras el recuento de la emigración…

El PSOE es la fuerza más votada entre los asturianos en el exterior

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE es la fuerza más votada entre los asturianos que han ejercido su derecho desde el extranjero, habiendo cosechado 1.684 votos. Le sigue el PP, que obtuvo 677 apoyos, mientras que Foro Asturias (FAC) ha cosechado 273 votos e IU-Verdes 250.

La Junta Electoral Provincial ha realizado este miércoles el recuento del CERA, el Censo Español de Residentes Ausentes, que sólo votan en las elecciones autonómicas y no en las municipales y cuyos resultados no han alterado el reparto de escaños de la Junta General del Principado (16 para FAC, 15 para PSOE, 10 para PP y 4 para IU-Verdes).

En el extranjero hay 85.115 asturianos que hubiesen podido votar. El motivo de la baja participación es el cambio en la nueva legislación electoral, que hace que los emigrantes tengan que solicitar el voto con antelación en los debidos plazos (voto rogado), para poder tener derecho al sufragio. Fueron 8.477 personas las que lo han solicitado. De ellas, terminaron votando 3.290. Hubo 16 votos en blanco y 9 nulos.

En la circunscripción central se registraron 839 votos del PSOE, 300 del PP y 189 de FAC; en la occidental 500 del PSOE, 252 del PP y 42 de FAC; mientras que en la oriental el 345 del PSOE, 125 del PP y 42 de FAC.

Con la suma del voto emigrante, los socialistas se han quedado a un paso de obtener el tercer diputado por la circunscripción occidental, donde se eligen seis parlamentarios, de tal forma que finalmente el escenario ha quedado como estaba sumando dos parlamentarios el PSOE, dos FAC y dos el PP.

En concreto, el PSOE ha logrado 27.475 en el Occidente (26.974 más 500 del voto CERA), el PP ha sacado 18.790 (18.538 más 252 del voto CERA) y FAC ha obtenido 18.448 (18.406 más 42 del voto CERA), de tal forma que en el reparto de escaños en base a la Ley D'Hont, el tercer diputado se le ha escapado al PSOE por 67, y se ha consolidado el segundo diputado para FAC, ya que éste último lo ha conseguido con 9.224 votos, mientras que el tercero del PSOE no se logró por tener 9.158 votos, 66 menos que FAC.

En cómputos globales, el número total de votos en las últimas elecciones autonómicas asturianas conseguidos por el PSOE entre las tres circunscripciones es de 179.398, mientras que FAC ha recabado 177.861 apoyos, el PP 119.607 e IU-Verdes 61.763.

La Ley de Muerte Digna costará 22 millones

También introduce medidas, como la asistencia domiciliaria, que supondrán un ahorro

Público. ANTONIO GONZÁLEZ MADRID 25/05/2011

Foto: Pasillo de un centro de cuidados paliativos. reyes sedano

La aplicación de la futura ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida como la Ley de Muerte Digna, tendrá un

coste de 22,7 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque también introduce medidas, como la asistencia domiciliaria, que supondrán un ahorro. La mayor parte del coste, que tendrá que ser sufragado por los servicios de salud autonómicos, se corresponde con la habilitación de nuevas camas de paliativos para garantizar el derecho de los pacientes terminales a una habitación individual. La norma, que ha sido remitida por el Gobierno a los órganos consultivos, no tendrá impacto en los Presupuestos del Estado.

En concreto, la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley, a la que ha tenido acceso Público, calcula que para garantizar a todos los pacientes terminales el derecho a habitación individual, para lo que se da un plazo de cinco años, será necesario habilitar 1.104 habitaciones nuevas, con un coste global de 19.320.000 euros. Esta cantidad se calcula a partir de un coste medio de 17.500 euros por cada habitación.

Habrá que preparar más de mil nuevas habitaciones de uso individual

Para hacer la estimación se parte de la hipótesis de que la mitad de las camas actuales había 2.209 camas públicas en 2009 no son individuales. No obstante, la memoria advierte de que esta estimación está hecha con "excesiva cautela", ya que "con toda seguridad el porcentaje es menor".

Apoyo emocional

Otro de los capítulos que incidirá en las cuentas públicas es el relativo a las medidas de apoyo emocional a las familias de los pacientes. En este sentido, la ley recoge actuaciones de apoyo al duelo adicionales a las ya existentes para mitigar sus síntomas. Para conseguirlo, se plantea dotar a los profesionales de formación específica sobre ayuda al duelo.

La norma supondrá formar a 11.400 profesionales en atención al duelo

Así, partiendo de la base de que hay 1.050 unidades y equipos de soporte de cuidados paliativos en el SNS, se considera que todos los dispositivos deben disponer al menos de cuatro profesionales formados en este ámbito, entre médicos, enfermeras y auxiliares. En consecuencia, y atendiendo al régimen de turnos, habría que formar a 11.400 profesionales, con un coste total de 3.420.000 euros. El cálculo se hace sobre un coste de 300 euros por cada ciclo de formación de 15 a 20 horas por profesional.

No obstante, la ley también presenta disposiciones que se traducirán en ahorro. La más relevante de todas ellas es la extensión de los cuidados paliativos domiciliarios, una alternativa que, según la memoria, "ahorra dinero al sistema sanitario".

En este sentido, se cita un estudio de la Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigaciones Médicas de Catalunya que concluye que los enfermos terminales de cáncer que pasan el último mes de su vida recibiendo asistencia en su propio domicilio gastan un 71% menos de recursos públicos que los que reciben asistencia en un centro sanitario.

El centro de discapacitados de Turón habilita todos sus servicios

La residencia se puso en marcha con 4 usuarios, a los que progresivamente se sumarán otros que precisan adaptación

Foto: Una de las habitaciones del centro de discapacitados de Turón. fernando geijo

La Nueva España. Turón (Mieres), Julio VIVAS

El nuevo centro de discapacitados del valle de Turón, en Mieres, ya tiene en marcha todos sus servicios. Desde principios de mes, los usuarios disponen tanto del centro de día como de la residencia, inaugurados oficialmente en marzo. Las instalaciones ya cuentan con sus cuatro primeros usuarios.

 

La entrada de pacientes se está haciendo de forma progresiva, no porque no haya demanda, sino por las propias necesidades de los usuarios, con dispacidad intelectual. Así, fuentes de la Consejería de Bienestar Social aseguraron que los usuarios «suelen ser inestables y cualquier cambio los altera mucho». Por ello, el equipo del centro de discapacitados «necesita realizar un trabajo previo al ingreso en los propios domicilios, tanto con la familia como con el propio interesado». En el caso de los primeros usuarios, estos no proceden de otros centros, sino que vienen de sus domicilios, con lo que se ha tenido que realizar un laborioso trabajo para que se sintieran seguros y adaptados en las nuevas instalaciones.

 

El centro -que está gestionado por la Fundación Asturiana de Protección a Personas con Discapacidades y Dependencias (Fasad), dependiente del Principado- es pionero en la región al dedicarse sobre todo a personas mayores de cincuenta años con elevada discapacidad intelectual. Esta característica diferencia estas instalaciones de cualquier otro tipo de centro. Sus usuarios, en algunos casos, no tienen familia y en otros, sus miembros son muy mayores y no se puede hacer cargo de ellos. También existe otro perfil, el de personas sin recursos con plaza en residencias públicas de la tercera edad, si bien un geriátrico convencional no es el lugar más adecuado para ellos.

 

El equipamiento de Turón dispone de 45 plazas, 28 como centro de día y 17 de atención permanente. Los usuarios están atendidos por un equipo de 15 profesionales (un director-psicólogo, dos educadores, un terapeuta ocupacional y once gerocultores). El centro abrió sus puertas tras siete años de obras interrumpidas por parones y modificaciones del proyecto. Su coste, 1,84 millones de euros, procedió tanto de los planes complementarios de las comarcas mineras como de los presupuestos ordinarios del Principado.

Denegada la primera petición de jornada reducida de una juez

La solicitud desconcierta al Tribunal Superior catalán, que consulta al CGPJ

Foto: La juez Rosa Maria Font.- GIANLUCA BATTISTA

El País. PERE RÍOS - Barcelona - 24/05/2011

Cualquier empleado del sector público puede disfrutar del derecho a reducir jornada laboral para el cuidado y crianza de los hijos, al margen de su profesión. Pero lo que vale para ellos no vale para los jueces. Rosa Maria Font fue la primera juez de España que solicitó ese derecho y su petición ha sido denegada por silencio administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidido por Miguel Ángel Gimeno.

Font ha planteado un problema inédito: nombrar sustituto a tiempo parcial

"Pienso agotar todos los trámites. Ese derecho está previsto", aduce la magistrada

La juez ha recurrido ante ese tribunal y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sigue esperando de respuesta. "Pienso agotar todos los trámites porque ese derecho está previsto en el Reglamento de la Carrera Judicial", explica Font, que accedió a la judicatura en septiembre de 2007 y ahora está destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Martorell (Barcelona).

 

Rosa Maria Font fue la número uno de su promoción, la 57, y pudo quedarse en Cataluña. Ahora tiene 31 años y el pasado 8 de agosto nació su primera hija. Después de disfrutar del permiso de maternidad y lactancia, solicitó una excedencia hasta que la niña cumpliera un año, de manera que en septiembre se reincorporará al juzgado.

 

Como la oficina judicial señala actuaciones con meses de antelación Font solicitó en diciembre la reducción de jornada y de salario, amparándose en el artículo 243 del Reglamento de la Carrera Judicial, que reconoce ese derecho a los jueces, "por razones de guarda legal, cuando tengan el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona que requiera especial dedicación", y otros supuestos.

 

Como el reglamento no cuantifica esa reducción, la juez realizó una interpretación por analogía del Estatuto Básico del Empleado Público y la estimó en un 30% de la carga de trabajo y del salario (poco más de mil euros brutos mensuales). En su petición, Font proponía un plan detallado para reorganizar el juzgado (días de guardia, reparto de asuntos, etc) en cumplimiento del acuerdo de 2009 de la Comisión de Igualdad del Poder Judicial, que obliga a actuar así al solicitante de la reducción de jornada.

 

Tres meses después de la petición Font no obtuvo respuesta, por lo que consideró que le fue denegada por silencio administrativo. De ahí que recurriera ante el Tribuna Superior catalán en el plazo de un mes, para que luego no se pueda invocar la prescripción.

 

Fuentes de ese tribunal admitieron que la petición de Font causó desconcierto, por insólita, y que solicitaron a la Comisión de Igualdad del CGPJ un informe que todavía no ha llegado. Sin embargo, la presidenta de esa comisión, Inmaculada Montalbán, explicó a EL PAÍS que desconocía la petición de la juez, con la que dijo estar de acuerdo.

 

Montalbán considera que a Font le ampara el derecho a reducir jornada, pero matiza que cuando lo pidió no estaba desarrollado al detalle en el Reglamento de la Carrera Judicial y ahora si lo está en el texto que se aprobó el pasado 28 de abril. Con todo, Montalbán no anunció si estimaría la petición, que plantea un problema inédito: nombrar un juez sustituto a tiempo parcial.

 

"La solución les corresponde a ellos, que hasta ahora solo me han puesto pegas", explica la juez. "Me apasiona el trabajo, pero no quiero renunciar a criar a mi hija". Font solicita en el recurso una solución urgente porque de ella depende la planificación familiar del próximo curso escolar y la organización del juzgado, que ya está señalando actuaciones para septiembre.