Los jueces han saltado esta semana a la palestra para reclamar más medios y medidas contra la corrupción. En el caso de tres asociaciones de jueces y dos de fiscales (Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) han dado forma a sus peticiones a través de ocho medidas muy concretas. No son medidas novedosas, porque los jueces llevan años reclamando su puesta en marcha. Lo que sí hace original la petición es el momento concreto en el que se realiza, con el país dominado por una ola de indignación por los últimos escándalos de corrupción, como la "operación Púnica", que afecta al que fuera número dos de Esperanza Aguirre (PP); el "caso Pujol" (CiU) o, en Asturias, el "caso Villa" (SOMA-UGT). El panorama es "serio", según el delegado territorial de Jueces para la Democracia en Asturias, el magistrado Julio Martínez Zahonero. "Más aún en un contexto de crisis económica y creciente desafección, que genera una quiebra de la confianza en las instituciones", añade. En el comunicado de las cinco asociaciones (a la que no se ha adherido la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura) se advierte de "un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de derecho".
En primer lugar, los jueces exigen que se termine con las injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial. Ésta es una lucha tan vieja como la propia democracia, y las opciones van desde quienes desearían que los miembros del Consejo General del Poder Judicial fuesen elegidos directamente por los jueces, hasta quienes ven con buenos ojos que la selección sea mediatizada a través de las asociaciones (que representan aproximadamente a la mitad de los 5.000 jueces del país, la otra mitad no está asociada) y las propias cámaras, toda vez que la Justicia debe emanar del pueblo y el Congreso y el Senado representan a todos los ciudadanos.
La última reforma del Poder Judicial (LO 4/2013) establece un control más estricto por parte de las cámaras a la hora de elegir a los vocales. Este nuevo método de elección ha sido tomado como un ataque más a la independencia de los jueces y una profundización en la politización judicial. "Aparentemente, el modelo de elección sigue prácticamente como estaba. Formalmente parece que son los jueces los que eligen, pero son las asociaciones. Acaba siendo un reparto de cuotas. Hay que ir a una elección directa por los propios jueces", opina el magistrado José Ramón Chaves en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero aún muy vinculado a Asturias.
En otro punto, las asociaciones exigen el incremento inmediato del presupuesto destinado a justicia, y equiparar el número de jueces y fiscales al de Europa. Un documento aprobado esta misma semana por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias da algunas cifras. En España hay diez jueces por cada cien mil habitantes, la mitad que la media europea. El conjunto de la UE dedica a la Administración de justicia un cuatro por ciento del producto interior bruto (PIB), frente al uno por ciento de España. La crisis está ahogando la Justicia. Los jueces asturianos se quejaban amargamente de lo obsoleto de las herramientas informáticas que tienen, y reclamaban más medios y personal para luchar contra la corrupción. "La crisis la sufre también la Administración de justicia. Faltan impresoras, el software es antiguo. Con los medios que hay es muy difícil cumplir nuestras funciones", indica Julio Martínez Zahonero. El magistrado José Ramón Chaves indica que "se han mantenido las plantillas y se han congelado las plazas judiciales, hasta el punto de que las últimas que se han creado lo fueron con el único fin de dar un destino a los cerca de 300 jueces que habían aprobado y que estaban sin Juzgado". Se hace imprescindible un aumento de la plantilla de jueces a nivel nacional. No obstante, "en Asturias estamos mejor que en el resto de España, lo que se traduce en una respuesta más rápida que en el resto del país, pero seguimos muy por debajo de Europa", añade Martínez Zahonero.
La otra gran necesidad es la dotación de medios adecuados a los funcionarios públicos embarcados en la lucha contra la corrupción. Para los jueces es preciso reforzar las unidades de auxilio judiciales y fiscales, como la Policía Judicial, o los agentes de Hacienda e interventores generales del Estado. El gran problema, según señalaba hace unos días el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, es que esas unidades de auxilio no dependen de los jueces, sino de ministerios como Interior o Hacienda, lo que de alguna manera puede mediatizar su labor.
Las asociaciones de jueces y fiscales se detienen especialmente en una serie de reformas legales necesarias para poder luchar contra la corrupción y también para hacerla más difícil. En primer lugar ven necesaria una reforma de la ley procesal penal, que data de la década de los ochenta, pero del siglo XIX. Según el juez Martínez Zahonero, el gran problema de esta ley es que ha sido parcheada en diferentes ocasiones y que "abre diferencias de interpretación entre los jueces". Para José Ramón Chaves, "la legislación va muy lenta respecto a las nuevas formas de delincuencia a través de internet o los grandes tinglados de empresas, pero se está avanzando". Entre las medidas que incluiría esa reforma procesal está que la instrucción pasaría a depender de la Fiscalía, algo que han defendido con vehemencia miembros del Consejo Fiscal, como la fiscal superior del Asturias, Esther Fernández, pero a la que los jueces ofrecen cierta resistencia, debido a la dependencia orgánica respecto al fiscal general del Estado, una figura nombrada por el Gobierno de turno.
Otra medida llamativa del documento de los jueces y fiscales es que se incluya en el Código Penal como delito la financiación ilegal de los partidos. Y es que, como explica Martínez Zahonero, "ahora sólo se castiga si va acompañada de otros delitos, como cohecho o prevaricación; hay un agujero importante". Jueces y fiscales proponen además dotar de muchos más medios tanto materiales como personales a la inspección de Agencia Tributaria. La medida cae de cajón en un país en el que se estima que la economía sumergida supone entre un 18,6 y un 24,6 por ciento del PIB, lo que representa unos 240.000 millones, una cuarta parte de la deuda española.
Los escándalos de corrupción han hecho que se cuestione la figura del aforamiento judicial, una medida cautelar que pretendía en un principio cimentar las bases de la democracia, pero que se ha convertido en uno de sus cánceres a ojos de la opinión pública. En la mayoría de los países europeos es una figura residual. Jueces y fiscales proponen reducir el número de aforados en el ámbito político y que el aforamiento, como en el caso de los jueces, sólo ampare los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. El magistrado José Ignacio Pérez Villamil rechaza la existencia de aforados, lo ve una anomalía que no tiene mucho sentido actualmente, aunque también es verdad que él, como magistrado que juzga a aforados, resalta que son juzgados sin ningún tipo de ventaja. Algunos políticos han señalado incluso que el aforamiento puede generarles incluso más indefensión, al reducirse el número de instancias a las que se puede recurrir.
Finalmente, los jueces y fiscales exigen la reforma tanto en la ley del Suelo como de las normas de contratación pública para aumentar la transparencia. "Hay una falta de control respecto a las normas urbanísticas, a las que se han vinculado casi todos los casos de corrupción de los últimos años", indica Martínez Zahonero. La exigencia es que haya transparencia, "que se sepa quién contrata con la Administración y por cuánto". José Ramón Chaves, especialista en materia contencioso-administrativa, señala que "la reforma del 97 de la ley del Suelo entregó la gran mayoría de las competencias a las comunidades autónomas, lo que ha hecho que la legislación se dispersase y generado una gran inseguridad, y a río revuelto algunos se han aprovechado". Desde numerosas instancias, añade el magistrado, "se está indicando que el Estado tiene que recuperar las competencias de urbanismo". De hecho, señala Chaves, el Tribunal Supremo, desde que en 2011 dictó una sentencia en la que advertía de la ineficacia del derecho urbanístico, "está siendo durísimo, tumba casi todo y se está procediendo de demoliciones", cuando antes había manga ancha. En cuanto a la ley de Contratos Públicos, "se cambia cada cinco años, al hilo de las demandas del derecho europeo, pero se mantienen rendijas para que el político de turno pueda saltársela por la vía de urgencia". No duda en señalar que la legislación en esta materia se ha convertido en un "auténtico sudoku y urge un nuevo modelo".
Los jueces y fiscales parecen querer liderar la lucha contra la corrupción. A pesar de la impresión que pueda tener una parte de la opinión pública, se trata del colectivo menos manchado por la corrupción, como subraya el magistrado José Ramón Chaves. Y es que "desde el caso del juez Pascual Estevill, ningún juez ha sido condenado por corrupción".
